sábado, 27 de marzo de 2010

EL PSOE DESCONOCE LA HISTORIA DE ESPAÑA CUANDO NIEGA EL DERECHO A LA PROPIEDAD


El eurodiputado Miguel Angel Martinez (PSOE) en su intervención ante el Comité de Peticiones donde se pide explicaciones al Gobierno español sobre los abusos que se están cometiendo con la Ley de Costas al despojar de los bienes adquiridos legalmente a sus legítimos propietarios.

El Sr Martinez desconoce totalmente que La Democracia, el primer Parlamento y la primera Constitución de todo el mundo nació en el Reino de León en 1188. El derecho de propiedad y la justa compensación de la misma, emana de la Carta Magna Leonesa.

CARTA MAGNA LEONESA (1188)

“Ordeno que nadie se atreva a apoderarse por fuerza de bienes muebles o inmuebles poseídos por otro. Quien se apodere de ellos, restitúyalos doblados al que padeció violencia”.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.


(Intervención completa)

La Eurocámara pide a España aclarar si cometió abusos con la Ley de Costas

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo decidió enviar una carta a las autoridades españolas para que expliquen los detalles de la Ley de Costas de 1989 y aclare si se han producido "abusos" en su aplicación, tal y como denuncian varias asociaciones de afectados y ciudadanos de distintas nacionalidades europeas.

También preguntará a la Comisión Europea si la aplicación retroactiva de esta ley supone una vulneración de los derechos fundamentales de los afectados, en base a lo dispuesto por el Tratado de Lisboa y la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Un portavoz del Ejecutivo comunitario advirtió ayer en esta comisión que las instituciones europeas "no tienen competencia" en urbanismo para evitar pronunciarse sobre los casos denunciados.

La presidenta de la comisión parlamentaria, la italiana Erminia Mazzoni (PPE) decidió el envío de las dos misivas tras escuchar este martes a una docena de peticionarios y constatar un respaldo mayoritario a la medida entre los eurodiputados que tomaron la palabra.

Los denunciantes aseguran que la aplicación retroactiva de la Ley ha permitido el derribo de construcciones legalmente edificadas y que no se conceden indemnizaciones justas a los afectados en el litoral español. Entre los casos presentados este martes figuraban el del pueblo marinero de Chovito (Tenerife), la marina de Empuriabrava (Gerona) y un molino de mareas del siglo XVII en el País Vasco.

Los eurodiputados de distintos grupos políticos coincidieron en la necesidad de una ley que proteja el litoral de las amenazas del urbanismo, pero criticaron la "arbitrariedad" o el "capricho" con que las autoridades aplican una ley que perjudica a "más de 400.000" personas afectadas.

El eurodiputado Willy Meyer (IU) declaró el apoyo de Izquierda Unitaria a la Ley de Costas pero no a su aplicación "caprichosa y arbitraria" que "no tiene un patrón que trate por igual a grandes hoteleros o pequeñas viviendas".

La eurodiputada verde danesa Margrete Auken, autora de un duro informe sobre el urbanismo en España, valoró la legislación que protege las costas españolas pero criticó que sea "aleatoria en su aplicación" y reclamó normas "claras y transparentes" de expropiación para garantizar los derechos de los propietarios.

Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, habló de las "grietas" de una ley "necesaria" y criticó al Gobierno por "no dejar la puerta abierta" a los afectados de cara a buscar una solución. Por ello pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "escuche" a los denunciantes y "paralice" tanto la retroactividad como los deslindes y los derribos mientras revisa la norma.

Los también 'populares' Rosa Estarás y Gabriel Mato aludieron a los casos concretos en la isla de Formentera y del archipiélago canario, respectivamente, para criticar lo que en su opinión son "injusticias" y reclamar nuevos deslindes.

El eurodiputado socialista Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, recordó que el Tribunal Constitucional español es "quien decide" si una ley es constitucional o no y dijo que ha fallado a favor de la Ley de Costas. Reconoció "problemas" en una norma "compleja" y difícil de aplicar, pero afirmó que cuenta con el "apoyo" de los grupos ecologistas "españoles y europeos".

Eurodiputados de varias nacionalidades, entre ellos británicos y alemanes, se hicieron eco de las denuncias de compatriotas afectados por la aplicación de esta ley y reclamaron al Parlamento Europeo que actúe para que las autoridades españolas rindan cuentas y plantearon la posibilidad de bloquear los fondos comunitarios a las regiones afectadas.

El lunes, la directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín, defendió ante la misma comisión la Ley de Costas española porque su objetivo es "preservar" el litoral español y porque prevé compensaciones "justas" para los afectados.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-parlamento-europeo-pide-explicaciones-espana-aclarar-si-cometio-abusos-ley-costas-20100323140809.html

sábado, 20 de marzo de 2010

A VER COMO EXPLICA ESTO EL GOBIERNO EN EL PE


La nueva propuesta de la Dirección General de Costas para el deslinde de Tabaiba y Radazul confirma que quedarán fuera del domino público marítimo terrestre todos los edificios de primera línea de mar. No obstante, en el caso de Tabaiba Baja, los edificios quedan afectados por la servidumbre de protección, y, aunque se trata de una afección en algunos casos sólo a fachadas, balcones o a una pequeña superficie de la construcción, la realidad es que quedarán en situación legal de fuera de ordenación.

En concreto, quedan tocados parcialmente por la servidumbre los edificios Jardín del Mar, el Andrea, el Playa del Moro y los Marlisa, según los planos mostrados a este diario en la Demarcación de Costas.

Esta es la nueva propuesta que la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha elaborado tras el trámite de apeo realizado el pasado año correspondiente al tramo entre los barrancos de Los Guirres y de El Chorrillo. Ahora, este organismo del Ministerio de Medio Ambiente da nuevo trámite de audiencia a 21 interesados. El anuncio se publicó esta semana el Boletín Oficial de la Provincia, y se da un plazo de 15 días para nuevas alegaciones.

Este deslinde probable tiene en cuenta las explanadas construidas en Radazul y Tabaiba, lo que llevó en la anterior información pública a que 32 vecinos de Cho Vito (barrio de Candelaria derribado por Costas al estar en dominio público) alegaran contra esta propuesta al entender que se vertieron escombros al mar frente a estas urbanizaciones con la única finalidad de salvar estos edificios alejando la ribera. Entre los interesados figuran los dueños de los citados inmuebles, así como de los edificios Litoral, Voramar, Costamar y Los Brillantes. También están en la lista Instalaciones Náuticas Radazul SL, los propietarios del edificio Playa del Moro, la promotora del polémico solar sobre esta zona de baño, Deo Volente Sur (uno de cuyos socios fue el fallecido Mariano González, ex jefe de Costas). Una parte de esta parcela (donde se prevé una piscina y jardines) queda ahora en servidumbre. La relación incluye también a la Asociación de Vecinos Costabaiba, la Plataforma en Defesa del Litoral de ElRosario, Cho Vito, el Ayuntamiento rosariero, Ivanche Sneja, MªBlanca Pérez e hijos y el concejal de CC José Luis Arregui, que fue quien solicitó actualizar el deslinde
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Los edificios se encuentran a pocos metros del barrio marinero de Cho Vito, derribado por estar en DPMT, según Costas.
Para ellos, mucho más antiguos que estos edificios que Costas libra mediante rellenos delante de las viviendas, no hubo piedad.

viernes, 19 de marzo de 2010

El PE analizará el lunes y el martes las denuncias contra la Ley de Costas

Los eurodiputados, que han recibido en los últimos años multitud de peticiones sobre este asunto, escucharán el lunes a representantes del Ministerio de Medio Ambiente, que presentarán la postura del Gobierno.

El martes será el turno de los denunciantes, españoles y ciudadanos de otros países europeos con propiedades en España, que consideran que la aplicación de la ley con carácter retroactivo ha llevado al derribo de inmuebles edificados legalmente.

La Eurocámara ya se ha ocupado en diversas ocasiones de este asunto e incluso se refirió a él en su último informe sobre el urbanismo español, aprobado por el pleno de la institución en marzo del año pasado.

En ese documento, y siguiendo a las quejas de ciudadanos europeos que compraron propiedades en el país, el PE llamaba a las autoridades españolas a velar por que ningún acto administrativo que obligue a ceder una propiedad se base en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble.

La comisión de Peticiones es el órgano del Parlamento que trata las quejas de los ciudadanos y, aunque no tiene capacidad ejecutiva, puede instar a las instituciones europeas y a los Estados miembros a tomar medidas para solucionar determinadas situaciones.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=316104

jueves, 18 de marzo de 2010

Los vecinos de Pozo Negro presentan un recurso contra la amenaza de derribo decretada por Costas


Las zonas costeras de Pozo Negro, en Fuerteventura, y de Tufia, en Gran Canaria, se han visto afectados por la Ley de Costas y ven como sus casas pueden ser derribadas. En el caso de Pozo Negro, los vecinos se han reunido con los técnicos para elaborar un documento que identifique sus casas. Además, a través de dicho escrito trataran que se les conceda una concesión que les permita habitar en sus domicilios durante treinta años más. A pesar de tener sus esperanzas puestas en el documento presentado, los vecinos esperan la resolución ministerial con desconfianza.

A los naturales de Tufia, en Gran Canaria, el Ministerio de Medio Ambiente le ha rechazado los recursos y alegaciones, por lo que se mantiene el derribo de las viviendas que se encuentran en primera línea de playa. Ahora, sólo les queda la vía judicial para impedir la demolición de sus hogares
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http://www.rtvc.es/noticias/los-vecinos-de-pozo-negro-presentan-un-recurso-contra-la-amenaza-de-derribo-decretada-49896.aspx
Si en vez de ser gente del pueblo que construyeron sólo lo necesario para tener una modesta vivienda, se hubieran dedicado a especular y a construir a 6 metros del mar para enriquecerse, ahora no estarían amenazando Costas y tendrían todo tipo de autorizaciones.
Sólo hay que comparar las dos fotos para comprender cómo, por qué y a quién, están aplicando injustamete la Ley de Costas.
¿Quién destruye el litoral?.....
Cuando derriben estos pueblos se habrá perdido una parte de la historia de España y de su gente y habrá sido nada menos que el propio Gobierno español el culpable de ello.
En España no tenemos terremotos, tenemos a Costas que son igual de destructivos

miércoles, 17 de marzo de 2010

De la Vega dice que no se van a "quitar" los chiringuitos

La vicepresidenta primera del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este miércoles, respecto a los establecimientos hosteleros situados en primera línea de playa, como los ubicados en las playas valencianas de El Saler y Pinedo, que no hay ninguna "prohibición" al respecto y que no se van a "quitar". Igualmente, destacó que se trabaja para "proteger" estos negocios.

De la Vega realizó estas declaraciones en Valencia, tras presenciar la decimoséptima 'mascletà' de las Fallas de 2010 desde el Balcón del Ayuntamiento de esta ciudad, al ser preguntada por la polémica surgida respecto a la continuidad de las terrazas de los restaurantes de las playas de Pinedo y El Saler, afectados por la aplicación de la Ley de Costas.

"Ni hay una prohibición ni se van a quitar los chiringuitos", respondió la responsable del Ejecutivo central, que agregó que "lo que se está haciendo es precisamente proteger a los chiringuitos". Tras ello, manifestó que su intención, "por tanto", es "enviar un mensaje de tranquilidad" sobre esta cuestión.

María Teresa Fernández de la Vega comentó que "se están analizando cada una de las situaciones --de estos establecimientos de playa-- para que todo pueda funcionar desde luego bien".

http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-vega-dice-no-van-quitar-chiringuitos-20100317181216.html

Sra de la Vega, ¿y no dice el art. 46 de la Constitución que el Estado está obligado a proteger y mantener los nucleos tradicionales cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad y qué la Ley penal sanciona los atentados contra este patrimonio?.

¿Dónde pone que hay que derruir miles de viviendas legales y anteriores a la Ley de Costas?

¿Dónde pone en la Ley de Costas que se puede actuar con la arbitrariedad, injusticia y crueldad con que el Gobierno está actuándo?

¿Dónde pone que los deslindes se han de hacer en zig-zag para salvar las propiedades de los poderosos e incluir sólamente la de los ciudadanos modestos e indefensos ante semejante abuso de poder?

¿Dónde pone que se darán las concesiónes (las que se dán, que son poquísimas) para rescatarlas al poco tiempo a precio de saldo?

Sra de la Vega, nos gustaría que mandara el mismo mensaje de tranquilidad dirigido a las 400.000 familias a quienes están llevando a la indigencia.

domingo, 14 de marzo de 2010

HOTELES ILEGALES E INTERÉS GENERAL


Ahora resulta que construir un hotel de forma ilegal puede acabar siendo un asunto de "interés general". Y no uno, sino un total de 22 "intereses generales", que son los establecimientos turísticos de Lanzarote que el Gobierno de Canarias quiere salvar de la piqueta. Eso es lo que ha venido a decir el consejero autonómico de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ya levanta sospechas hasta entre sus propios compañeros de Coalición Canaria.

El nacionalista herreño Tomás Padrón se ha escandalizado de que el responsable de Medio Ambiente plantee sustituir las fincas de plataneras por campos de golf. Luego Berriel ha dicho que sus palabras se sacaron de contexto, no sé si les suena la disculpa. En el caso de Lanzarote, quizá lo de menos es que se derriben o se mantengan en pie los hoteles ilegales. Lo peor es el mensaje que está lanzando la persona que supuestamente tiene que hacer cumplir las normas de medio ambiente y la disciplina urbanística.
Y lo que les dice Berriel a todos los ciudadanos del Archipiélago, sobre todo a los tiburones del sector turístico, es que no se preocupen por la legalidad de sus actuaciones, que si surge algún problema con la Justicia ya se encargará el Gobierno de aprobar una nueva ley para sacarlos del aprieto.

Desde los años ochenta, casi desde el comienzo de la autonomía, se ha intentado concienciar a la población isleña de que hay que respetar el urbanismo y los espacios naturales protegidos, que no se debe construir donde a uno le dé la gana. En 1992, el Gobierno regional presidido por Jerónimo Saavedra, con el nacionalista Manuel Hermoso como segundo de a bordo, se atrevió a predicar con el ejemplo y derribó con gran parafernalia mediática el chalé de un conocido ex político y empresario, Manuel Barreto, construido de forma ilegal en el paisaje protegido de Bandama.

Se intentó demostrar con aquella acción que los ricos y poderosos también deben cumplir las normas. Desde entonces se han derribado otras construcciones ilegales, las más sangrantes, y muchos isleños han perdido sus viviendas junto al mar bajo la piqueta de Costas. Da pena, es verdad, pero la ley es para todos.

De hecho, hace sólo un mes se tiró una casita marinera que estaba justamente en medio de todos los hoteles ilegales de Yaiza. Y en esto que viene Berriel a decirnos lo del "interés general". ¿General?
http://www.laprovincia.es/articulos/2010/03/14/hoteles-ilegales-interes-general/290523.html
DERRIBO DEL POBLADO MARINERO DE CHO VITO

No hubo Ley de Medidas Urgentes para evitar el derribo del Poblado marinero de Cho Vito. Todos los politicos se olvidaron del art. 46 de la Constitución Española que es de obligado cumplimiento:

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

¿QUÉ ESTADO DE DERECHO ES ÉSTE QUE NI LA CONSTITUCIÓN PROTEJE A SUS CIUDADANOS DE SEMEJANTE ABUSO DE PODER?

El Gobierno legalizará los hoteles de Lanzarote http://www.laprovincia.es/canarias/2010/03/11/gobierno-legalizara-hoteles-lanzarote/289922.html

ZP DESIGNA A UN "HOMBRE DEL CEMENTO", PARA LA JEFATURA DE COSTAS DE LAS PALMAS
http://www.canarias-semanal.com/secciones/canarias/articulos/articulosnuevos/Cjefecostas.html

Una ley salvará los hoteles
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=105224

miércoles, 10 de marzo de 2010

Estaràs denuncia en Estrasburgo la Ley de Costas y pide un “deslinde justo”


ESTRASBURGO.- La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estaràs ha denunciado ante el Parlamento Europeo la aplicación de la Ley de Costas española en Formentera y ha pedido un "deslinde justo" para los afectados.

La popular Estaràs ha señalado en una intervención ante el pleno que la Ley impulsada por el Gobierno español supone que "la mayor parte de las instalaciones turísticas" de Formentera "dejen de existir" y que "pequeños negocios familiares queden confiscados".

Según la eurodiputada, la aplicación de la Ley afectaría a un "70 por ciento" de las instalaciones que, en su día, se instalaron de forma legal.

"Pedimos un deslinde justo, el respeto de la propiedad privada y que nunca se haga una ley con efectos retroactivos que perjudique como está perjudicando esta", ha subrayado la eurodiputada del Grupo Parlamentario Popular durante su intervención.


Este mes, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tiene previsto analizar las denuncias presentadas por ciudadanos de varios países afectados por la Ley de Costas española en una sesión en la que intervendrán representantes del Gobierno para defender la medida.

No en vano la intervención de la política mallorquina ha cosechado aplausos entre los diputados de distintas filas, al considerarse ellos mismos o personas de sus países afectados por la aplicación de esta norma española.

http://www.mallorcadiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=52579&Itemid=31

Afectados por Costas unen posturas en un encuentro en Tenerife

El I Encuentro Europeo de Afectados por la Ley de Costas reunió ayer -y lo hará también hoy- en Candelaria a distintos representantes políticos, con afectados por la citada norma en la Península, Lanzarote, La Palma y Cho Vito, con el objetivo de aunar voces en defensa de los pueblos costeros.

Al frente del encuentro estuvo el portavoz de Cho Vito en Candelaria, Tomás González, quien remarcó que con este encuentro se trata de explicar la realidad de estos pueblos costeros. "Siete desarrapados hemos sido capaces de poner en marcha el primer encuentro europeo", apuntó González, quien subrayó que "si esto sirve para que haya una sola voz, el esfuerzo habrá valido la pena".

El acto fue inaugurado por la consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, Pino de León, quien aseguró que la actuación que se llevó a cabo en Cho Vito y todas las que hay en la Isla para la recuperación del dominio público marítimo-terrestre "han preocupado a la corporación".

Recordó que el presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, propuso a la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que se analizara "caso por caso", con la presencia de las cuatro administraciones responsables y entre todos buscar soluciones, porque no se podía tratar igual a todo el litoral.

A pesar del lograr el acuerdo, recordó De León, no se cumplió con Cho Vito.

"Creo que las leyes y las normas tienen que servir a una sociedad. Si esas leyes generan más problemas que los que intentan resolver, hay que hacer una reflexión y cambiarlas", dijo la consejera insular, quien sentenció que "si las leyes que tenemos no sirven para el territorio y la gente, entonces hay que tirarlas a la basura".

Indicó, además, que las leyes han de reconocer el desarrollo y una sociedad que se olvida de este desarrollo es "una sociedad abocada al fracaso y al conflicto social permanente", concluyó.

Por su parte, el ex diputado europeo del Partido Popular (PP), Fernando Fernández, apuntó que alrededor de las costas de Europa y, sobre todo, en las de España "hay intereses". Fernández acusó a los propietarios del hotel Abama, en el sur de la isla de Tenerife, de haber "robado un trozo de costa", aunque precisó que no está en contra de los poderosos, "sino de los abusos".

En este sentido, manifestó que si hablara de la conquista de Canarias pondría como ejemplo la "toma de Cho Vito", una situación que calificó como "intolerable en una sociedad democrática".

Por otro lado, el diputado del Partido Popular Manuel Domínguez incidió en que el Archipiélago está bañado por todos sus litorales, "y esto ha de marcar una diferencia sustancial al aplicar una ley que no puede ser igual en Canarias que en la Península".

http://www.eldia.es/2010-03-06/CANARIAS/13-Afectados-Costas-unen-posturas-encuentro-Tenerife.htm

martes, 9 de marzo de 2010

El próximo 22 de marzo afectados por la Ley de Costas expondrán sus propuestas en Bruselas


Los vecinos de Cho Vito, el caserío que se ha convertido en símbolo de todos los afectados por la Ley de Costas, también partirán hacia Bruselas en tan sólo dos semanas.

Afectados por la Ley de Costas se han vuelto a reunir este sábado en Las Caletillas, Tenerife, donde se ha llevado a cabo este fin de semana el I Encuentro Europeo de Afectados por la Ley de Costas. En las sesiones realizadas en este encuentro han participado importantes ponentes y representantes políticos con el objetivo de intercambiar criterios con los ciudadanos afectados por las expropiaciones, tanto en el Archipiélago como en la Península.

Ocho de los colectivos participantes en este importante encuentro viajarán hasta Bruselas el próximo 22 de marzo para trasladar sus propuestas a la Comisión Europea. Los vecinos de Cho Vito, el caserío que se ha convertido en símbolo de todos los afectados por la Ley de Costas, también partirán hacia Bruselas en tan sólo dos semanas.

http://www.rtvc.es/noticias/el-pr%C3%B3ximo-22-de-marzo-afectados-por-la-ley-de-costas-expondr%C3%A1n-sus-propuestas-en-49362.aspx

miércoles, 3 de marzo de 2010

Ley de Costas, 400.000 afectados injustamente (Aurelio Sanchez Ramos. Diputado por Cadiz del PP)


El gobierno socialista aprobó en 1.988 una nueva ley de Costas que sustituyó a la de 1.969 y que tenía el loable objetivo de preservar el litoral español de una construcción masiva a pié de playa, muchas de ellas construidas y vendidas ilegalmente o irregulares. Nada que objetar a la ley para combatir la ilegalidad y restaurar la legalidad, pero si y mucho, a su aplicación de forma retroactiva que ha convertido automáticamente en ilegales a las que eran legales por la ley anterior y por la caprichosa, parcial, discriminatoria y reiterada modificación de la delimitación de la Línea Marítimo Terrestre, que no ha servido para eliminar todas las construcciones ilegales, pero que ha afectado y perjudicado a 400.000 españoles y extranjeros y a múltiples empresas de distintas actividades al retranquear y modificar, sin criterio igual para todos, el deslinde que los deja fuera de ordenación cuando tenían autorización de Costas y a algunos incluso le vendió el terreno y posteriormente le hizo un deslinde desfavorable cuando estaban inscritos correcta y legalmente en el Registro de la Propiedad.

A los propietarios de viviendas se les ha hecho una verdadera confiscación de bienes que ha dañado intereses legítimos de propiedad, al no ser ni siquiera justamente indemnizados, ya que lo que valoran es solamente la edificación, es decir el vuelo, porque el suelo, como pasa a ser de titularidad pública, no lo tasan. A los titulares de empresas y propietarios de marismas y salinas, al quitarles la propiedad, les privan de un valor importante a efectos de servir de aval para obtención de créditos bancarios para inversiones, posibilidad que no se obtiene por una concesión de uso por un número determinado de años con la que tratan de compensarles. Otro efecto perverso es que esos terrenos de uso industrial son mantenidos en perfecto estado de conservación por su propia actividad y ahora se están deteriorando porque el nuevo titular que es el Estado no tiene medios para su mantenimiento. También se ha hecho un daño importante a la actividad socio-económica de la zona al haberse paralizado una serie de importantes proyectos de desarrollo de salinas y acuicultura en la provincia de Cádiz, una actividad esta última llamada a compensar los graves problemas que viene padeciendo el sector pesquero extractivo

La mayoría de los afectados han recurrido judicialmente, a título particular, consiguiendo que se admitan todos a trámite pero también se pierden casi todos cuando la realidad es que se conculca el derecho a la propiedad que ampara la Constitución Española, la Europea y la Carta de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos en España los afectados, en su inmensa mayoría, se están agrupando para denunciar esta situación ante el Parlamento europeo y el Tribunal de Derechos Humanos confiando poder conseguir por esta vía lo que la justicia española les deniega.

Ya han conseguido que les oigan en Europa, como la eurodiputada Auken que reunió recientemente a más de 700 afectados en Alicante y autora de un informe votado favorablemente que considera inaceptable la actuación de la justicia española en la aplicación de esta ley y el español Carlos Iturgáiz, que es vicepresidente de la Comisión de Peticiones, donde se les dará próximamente trámite de audiencia para que puedan explicar su problema. También el gobierno español ha sido citado a explicar la ley de Costas que ha provocado las quejas masivas ante el Parlamento europeo.

Los problemas fundamentales que denuncian los afectados son el carácter retroactivo de la aplicación de la ley; la falta de un criterio general que dé a todos los deslindes el mismo tratamiento y evite que el trazado haga unos zigzag que coinciden con determinados intereses o caprichos técnicos y la falta de una indemnización justa a la propiedad confiscada. También los afectados han podido comprobar la desinformación que tienen en Europa sobre su problema porque confunden o mezclan temas de la ley de Costas y sus miles de afectados españoles y extranjeros con otro problema que afecta también a extranjeros que han comprado viviendas o propiedades en España y tienen problemas de legalidad urbanística ajenos a la ley de Costas.

Lo cierto es que España está siendo muy criticada por esta actuación y los afectados están consiguiendo, ante la falta de interlocución del gobierno que está cerrado a toda demanda de los ciudadanos, ser oídos por el Parlamento europeo y abrir el cauce para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al mismo tiempo que el gobierno español tenga que comparecer en Bruselas para dar explicaciones por su cerrado proceder. Como hemos manifestado en otras ocasiones el Partido Popular no votó a favor de esta ley y tampoco la aplicó durante sus ocho años de gobierno y a día de hoy somos críticos con ella porque no ha servido para el fin que pretendía, ha convertido en ilegales a quienes no lo eran y ha causado un daño personal y económico a legítimos titulares de su propiedad que no han tenido ánimo de defraudar y está poniendo en entredicho a nuestro país ante las instituciones europeas. Creemos que el gobierno debe escuchar a los afectados y no remitirse exclusivamente a unas sentencias judiciales que pueden ser cuestionadas por lesionar el derecho a la propiedad que avala nuestra Constitución, el Tratado Europeo y la Carta de Derechos Humanos.

Europa investigará la aplicación de la Ley de Costas en España


La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, que reúne a afectados de varios paises, se reunió ayer con la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, y con varios eurodiputados en Bruselas. Denunciaron la "confiscatoria" aplicación del texto legal en España, que afecta a una media de 40 propietarios por kilómetro de costa. Una cifra enorme si se tiene en cuenta lo más de 10.000 kilómetros del litoral español.