sábado, 29 de mayo de 2010

Costas demolerá 13 edificaciones construidas junto al hotel Médano

El Pleno decidió ayer, por unanimidad, rechazar la pretensión del Ministerio de Medio Ambiente y pedir a la Demarcación de Costas que informe a los propietarios afectados por el proyecto del paseo.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) proyecta realizar un paseo marítimo en El Médano, para lo que, además de demoler parte del hotel, también precisará derribar otras trece edificaciones situadas junto a dicho establecimiento y que están ocupadas tanto por viviendas como por restaurantes.

Esteban González, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, informó ayer al Pleno de que la Demarcación de Costas dispone de un proyecto, elaborado en el año 2007, que incluye la sustitución del hotel Médano por una plaza y de los inmuebles construidos en sus inmediaciones por un paseo. Además, indicó que los dueños de estas edificaciones no tienen conocimiento del peligro en que se encuentran sus propiedades.
Por ello, la corporación incorporó, a la moción de la Alcaldía en defensa de todo ese entorno y que ya había obtenido el visto bueno unánime de todas las fuerzas políticas, un décimo punto en el que se solicita a Costas que informe de sus intenciones a la Administración local y a los afectados del contenido de dicho proyecto.

Todos los portavoces de los grupos municipales coincidieron en que el hotel Médano "es un referente en la evolución económica del Sur", ya que el solar en el que se asienta antes lo ocupaba un empaquetado de tomates. "Hay elementos para reforzar la argumentación de su protección como Bien de Interés Cultural", un aspecto en el que incidirá el consistorio por tercera vez, así como en que el recinto pase a tener uso público cuando expire su concesión administrativa.

http://www.eldia.es/2010-05-28/SUR/0-Costas-demolera-edificaciones-construidas-junto-hotel-Medano.htm

jueves, 27 de mayo de 2010

Alternativa Sí se Puede estudia ampliar su demanda contra Costas por sus obras "destructivas" en la costa de Tenerife



El patrón mayor de la Cofradía de Candelaria, Mario González, ha explicado en un comunicado que Alternativa Sí se Puede --tras la demanda presentada a la Demarcación de Costas de Tenerife por las obras de la Playa de Punta Larga-- "estamos estudiando los casos similares que se están produciendo en la Playa de la Nea, en los Roques de Fasnia y en el Porís de Abona para incluirlos a todos en la misma demanda".

González explicó en un comunicado que "es increíble como esta nefasta Demarcación de Costas campa a sus anchas por el litoral de Tenerife destruyéndolo todo y haciendo lo que le viene en gana, por lo que esperamos presentar la demanda lo antes posible y terminar con las afecciones al medio marino que se están produciendo".
La Cofradía de Pescadores de Candelaria y el Comité Sureste de Alternativa Sí se puede por Tenerife han mostrado además su "total" rechazo al nuevo Catálogo de Especies Amenazadas.

Para González, "aquí las especies protegidas son los emisarios, las playas artificiales y el fango, el Gobierno de Canarias nos ha tomado el pelo con muchas promesas incumplidas, ahora sacan una Ley para poder hacer el Puerto de Granadilla destruyendo los sebadales y a nosotros nos tienen sin poder pescar porque no son capaces de hacer cumplir a la Demarcación Territorial de Costas las medidas Ambientales de sus propios proyectos".

Según Mayca Coello y Gloria García, recientemente elegidas candidatas por Alternativa Sí se Puede por Tenerife a los ayuntamientos de Candelaria y Güímar, "este catálogo es uno de los mayores atentados contra la biodiversidad Canaria, una vez más CC y PP ponen nuestro patrimonio en manos de los intereses especulativos, y cuando en todo el mundo, científicos y no científicos, reconocen que somos uno de los espacios con mayor biodiversidad del planeta, y que ésta debería de estar protegida, el Gobierno de Canarias, que dice proteger 'lo nuestro' sacrifica este ingente, diferenciado y singular patrimonio, y además lo hace el año Internacional de la Biodiversidad y el día 22 de mayo Día Internacional de la Biodiversidad, la verdad a cínicos no les gana nadie".

http://www.europapress.es/islas-canarias/tenerife-00387/noticia-alternativa-si-puede-estudia-ampliar-demanda-contra-costas-obras-destructivas-costa-tenerife-20100527111625.html

La remodelación de la playa de Punta Larga costará 23 millones

http://noincineraciontenerife.com/noticias/1632.htm

miércoles, 26 de mayo de 2010

El Gobierno busca «dentro de la ley» una solución al deslinde de Formentera


El secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Juan Carlos Martín Fragueiro, indicó ayer que el Gobierno busca en la medida de lo posible «soluciones» para el trazado del deslinde de Formentera, «siempre dentro» del marco legal existente. «Estamos trabajando intensamente, estamos analizando caso a caso toda la problemática del deslinde de Formentera y escuchando la opinión y contrastando la documentación de todos los afectados», enfatizó el secretario general del Mar.Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso en respuesta a una pregunta del diputado del PP por Balears Enrique Fajarnés en relación al compromiso del Ejecutivo de realizar una propuesta de deslinde justo para la isla.Tras mantener un tenso debate con el diputado ibicenco, Fragueiro recalcó que su departamento estudia «caso a caso» los supuestos afectados por la Ley de Costa «a la vista de un deslinde que en su inmensa mayoría ha sido confirmado por sentencias del Tribunal Supremo».Fragueiro apuntó que su departamento es consciente de la dificultad que entraña un deslinde en Formentera por las características geográficas de la isla y se dirigió a Fajarnés para «recordarle» que fue precisamente el PP quien aprobó el deslinde en 1997. «Nosotros nos hemos encontrado con la situación», añadió el director general del Mar para criticar que tras 13 años de la aprobación del trazado para Formentera «ahora el PP se presente como defensor de un nuevo deslinde».Por su parte, Fajarnés criticó duramente al Ejecutivo por no haber cumplido aún con la proposición no de ley del Congreso aprobada en 2006 y que le instaba a realizar una modificación del trazado del deslinde, al igual que otras iniciativas parlamentarias en el Parlament y el Consell de Formentera con el consenso del PP y el PSOE.«A estas alturas del Gobierno socialista y con la que les cae por falta de credibilidad, no nos puede venir aquí a contar milongas antiguas», espetó el diputado del PP para recriminar a Fragueiro que su Ministerio aún no haya concretado una propuesta de modificación del deslinde.

El compromiso de Zapatero


Durante su intervención, Fajarnés acusó al Gobierno de «engañar» a los ciudadanos sobre el compromiso de realizar un deslinde ´justo´ para la isla, una promesa que, según recordó, realizó el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante una visita a Formentera. «Zapatero se presenta en la isla, hay grandes titulares pero ya vemos cuál es la credibilidad de los compromisos del presidente», apostilló.Por tanto, consideró que es una «vergüenza» que el Ministerio caiga en «incumplimientos parlamentarios» sobre el mandato del nuevo deslinde, una cuestión en la que a su juicio el PP ha sido «paciente, respetuoso y colaborador» para ejecutar la PNL del Congreso pactada en su momento con el ex diputado socialista José Ramón Mateos.Finalmente, instó al Gobierno a que «sea valiente» y transmita que «no ha hecho nada» sobre la modificación del deslinde y que «no va a cumplir» los acuerdos parlamentarios consensuados sobre el mismo, para terminar recriminando a la ministra Elena Espinosa que aún no haya recibido a los afectados del trazado de delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre y que su política en materia de Ley de Costas «ha fracasado».

Bar: «El deslinde lo aprobó el PP»

Por su parte, el diputado socialista José Manuel Bar recordó que fue el PP el partido que aprobó el actual deslinde: «Lo aprobó el Partido Popular y ahora dicen que es injusto. Es escandaloso». Bar, abundando en esta cuestión, se preguntó: «Entonces, ¿el PP está reconociendo ahora que aprobó un deslinde injusto?».Bar aseguró que será «el PSOE el que arreglará el complejo problema en el que nos metió el PP». «Hay muchos propietarios afectados y la solución es estudiar caso por caso –añadió el socialista–, pero ellos [el PP] gobernaron durante ocho años y no hicieron nada para solucionar el problema que crearon».

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2010/05/26/gobierno-busca-ley-solucion-deslinde-formentera/412408.html

Los ciudadaos estamos cansados de tanta pelea politica tratando de quitarse las responsabilidades. El tema no es ver quién lo hizo peor, el tema es ver quién tiene el poder de solucionarlo y en estos momentos quién gobierna es el PSOE, por tanto, es inadmisible que su responsabilidad la reduzcan a "yo no fuí que fuistes tú".


Pedimos a los partidos politicos que se sienten en una mesa junto a los perjudicados y tratemos de encontrar una justa solución, porque todos están implicados; todos tienen que asumir su responsabilidad de la situación creada durante tantos años de hacer y dejar hacer. ¿Por qué no quieren llegar a un acuerdo que evite el gran desastre social y económico que han generado?

Señores del PSOE, les recuerdo que quién hizo la Ley de Costas fueron ustedes en 1988. Les recuerdo que su declaraciones en aquel entonces eran que se respetarían los derechos adquiridos. Les recuerdo que la ex ministra Narbona fué la principal causante del levantamiento social al "amenazar" públicamente con derribar todas las construcciones que estuvieran en los 100 primeros metros de la costa y "chantagear" a los ayuntamientos que se resistieran a ello con no recibir ni un euro en infraestructuras.
Todos son responsables de cuanto ocurre a los ciudadanos, pero al menos se debe tener la valentía y la categoría política suficiente para reconocer que la Ley de Costas ha sido papel mojado respecto a la protección del litoral y sólo ha servido para llevar a la ruina a 400.000 familias. Ante esta cruda realidad sólo queda un camino: SENTARSE, HABLAR Y LLEGAR A UN ACUERDO que devuelva la seguridad jurídica perdida y respete los Derechos Humanos de los propietarios LEGALES.

lunes, 24 de mayo de 2010

El Supremo anula un plan casi ejecutado de 3.381 viviendas en la costa por su efecto pantalla

La sentencia crea jurisprudencia y supone un aviso para futuras edificaciones en el litoral El alto tribunal anula el plan parcial Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo de la Ley de Costas que impide "acumular volúmenes" que superen la edificabilidad media del municipio

El Tribunal Supremo ha anulado el programa de actuación integrada (PAI) Sector Playa de Almenara, aprobado por el ayuntamiento en 2003 y ya casi ejecutado, por incumplir la Ley de Costas y construir una "pantalla arquitectónica" en la zona de reserva de dominio público marítimo terrestre.

La sentencia, que sienta jurisprudencia, supone un aviso a navegantes para las murallas de edificios que aún se pretenden construir en la costa que podrían llegar a anularse, si algún afectado inicia una demanda como ha sido el caso de esta población de la Plana de Baixa de más de 5.000 habitantes y gobernada por el PSPV-PSOE. La anulación del Sector Playa de Almenara la han impulsado una docena de propietarios de viviendas edificadas en la misma playa, en un suelo que el Plan Especial de Ordenación del Grao de Almenara, de 1973, clasificaba como urbano. En 1981, las normas subsidiarias municipales dividieron la zona litoral en diez sectores. En uno de ellos se incluyeron las casas de los demandantes. En 1999, el Ayuntamiento de Almenara aprobó un concierto previo en el que redujo a dos los diez sectores urbanizables en la playa "para proceder a un crecimiento moderado y respetuoso con la franja litoral". En 2001, la empresa Promometa SL (perteneciente al grupo Astroc del empresario Enrique Bañuelos) presentó el PAI Sector Playa, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Almenara el 21 de enero de 2003. La docena de propietarios que presentaron la demanda, recurrieron el PAI porque los terrenos en los que fueron incluidos sus viviendas se declararon suelo agrícola de especial protección (lo que elevaba a cifras astronómicas las cuotas de urbanización que debían pagar al ser incluidos en el nuevo PAI). De ahí que decidieran presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que inicialmente dio la razón al Ayuntamiento de Almenara. Esta sentencia del TSJ ha sido ahora anulada por el alto tribunal.

La suspensión del Supremo

El Supremo anula el PAI Sector Playa de Almenara porque incumple el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988 que obliga a "evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo". Los doce propietarios, representados por el abogado José Luis Ramos, alegaron ante el TSJ (que no tuvo en cuenta este argumento) y ante el Supremo (que lo ha admitido) que el artículo de la Ley de Costas se había infringido porque "los terrenos del Plan Parcial Sector Playa se encuentran en la zona de reserva de 500 metros del dominio público marítimo-terrestre y supone un considerable aumento de la edificabilidad y del número de viviendas permitido".El Plan Parcial y PAI Sector Playa, que modificó las normas subsidiarias de Almenara a través de una homologación, "amplió la superficie de suelo urbanizable que en 1981 era de 479.700 m2 a 676.226 m2 en 2001; la edificabilidad máxima pasó en los mismos años de 191.800 m2 a 338.000 m2 y el número máximo de viviendas se elevó de 1.199 a 3.381 pisos", según detallaron los demandantes en su recurso. Durante el contencioso tanto el TSJ como el Supremo requirieron al Ayuntamiento de Almenara para que aportara pruebas documentales de que la edificabilidad del PAI Sector Playa no era superior a la media del suelo apto para urbanizar todo el municipio. Ni a uno ni a otro tribunal dio "el Ayuntamiento de Almenara una respuesta mínimamente consistente" sino que ofreció una "incompleta y evasiva respuesta" en la que sólo informaba de las diferencias de edificabilidad en el sector Playa en 1981 y 2001. Por tanto, el Supremo entiende que "debe considerarse acreditado que el Plan Parcial impugnado permite una densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término de Almenara" y que debe imputarse al Ayuntamiento de Almenara la falta de acreditación de la diferencia exacta de edificabilidad prevista entre el sector objeto de controversia y la media del suelo urbanizable del término municipal; no sólo porque el ayuntamiento dispone de ese dato y, sin embargo, no lo puso de manifiesto en sus escritos de contestación a la demandada y de conclusiones, sino porque, además, tampoco lo proporcionó cuando expresamente fue requerido para ello en periodo de prueba".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/05/24/supremo-anula-plan-ejecutado-3381-viviendas-costa-efecto-pantalla/708105.html

domingo, 23 de mayo de 2010

El Ayuntamiento protegerá a Jover, El Guincho y La Caleta

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción institucional a favor de la Ley 7/2009 de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, y así proteger a los núcleos costeros de Jover, El Guincho y La Caleta, que están comprendidos dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas nacional, además de dotarlas de los servicios urbanísticos básicos, especialmente de evacuación de aguas residuales que impida su vertido al mar.

Además se elaborará un censo de viviendas ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, establecido por la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. Será una relación de edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, con valoración de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.

En esta Ley 7/2009, de 6 de mayo, no cabe la legitimación del uso residencial existente. La razón de que la línea de servidumbre se disponga a 100 metros y no a 20 como ocurre en el caso de La Barranquera, responde a que en el PGO vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, los núcleos de Jover, El Guincho y La Caleta no estaban clasificados como suelo urbano.

El Ayuntamiento deberá ordenar como residencial la parte de dichos núcleos que queda fuera de la línea de 20 metros, que es la que correspondería si los mismos fueran declarados por el Ejecutivo canario como asentamientos residenciales preexistentes a la Ley de Costas, si bien la suspensión de la normativa canaria por el Tribunal Constitucional, a instancias del PSOE impide, de momento, poder otorgar seguridad jurídica y certidumbre sobre los derechos patrimoniales a los enclaves urbanos y costeros.

La concejal de Urbanismo, Aymara Calero, señaló que “consideramos de vital importancia la ordenación residencial de la parte de los núcleos costeros que quedan al exterior de la línea de 20 metros. De esta manera, como proponemos en el nuevo PGO, podremos dar servicios a estos enclaves y mejorar sus condiciones de urbanización para que alcancen el carácter de suelo urbano consolidado”.

“De la misma manera, colaboraremos con el Gobierno de Canarias para elaborar el registro de las edificaciones ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección. En el mismo incluiremos el compromiso de instalación de los servicios urbanísticos básicos, especialmente, el sistema de evacuación de aguas residuales que impida su vertido incontrolado al mar y así garantizar el equilibrio ambiental”, finalizó.

sábado, 22 de mayo de 2010

Cabanes declara bien de relevancia local las construcciones de Torre la Sal

La medida planteada por los vecinos e Iniciativa busca evitar que sean derribadas al aplicar la Ley de Costas

El pleno del Ayuntamiento de Cabanes aprueba la declaración de bien de relevancia local (BRL) parra el poblado de Torre la Sal, con la finalidad de evitar que las viviendas ubicadas en la primera línea del litoral sean demolidas en aplicación de la Ley de Costas. La medida sigue las pautas de otros ayuntamientos costeros que han instado a la Conselleria de Cultura a proteger estas construcción por sus valores etnológicos.

Se trata de construcciones que datan de mediados del siglo pasado y constituyen, como apunta el concejal de Iniciativa, Carles Mulet, un ejemplo de la construcción de la época y forman parte de la historia local. La medida adoptada por el consistorio del popular, Artemio Siurana, se produce a instancias de la Asociación de Vecinos del poblado marítimo de Torre la Sal. Éstos también esperan que el Gobierno central mantenga su compromiso de regenerar la playa y evitar así que penetre el mar en la zona urbana durante los temporales.Mulet lamenta que hayan tenido que pasar meses para que los populares adopten esta media, que ya su grupo planteó. Sin embargo, se alegra de que los vecinos hayan obtenido una respuesta satisfactoria a sus demandas. Añade que el poblado "está catalogado desde su inicio y se trata de un núcleo asentado y con todos los permisos en regla y sujeto al ordenamiento urbanístico".

La decisión del consistorio coincide con la batalla emprendida por el consistorio con Costas por el intento de este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de proceder a deslindar más de un millón de metros cuadrados en la zona, que linda con el parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.

http://www.levante-emv.com/castello/2010/05/22/cabanes-declara-relevancia-local-construcciones-torre-sal/707596.html

Costas derriba finalmente Can Ganxo pese a las reivindicaciones de la propiedad

Esta vez no hubo tregua. Las máquinas excavadoras procedieron ayer al derribo de Can Ganxo, una edificación ubicada en Cala Tuent, en zona de dominio público. Costas logra así cumplir las directrices legislativas, tras varios intentos frustrados. El último en noviembre de 2009. La propiedad, que ha impugnado la resolución por tres vías administrativas diferentes, finalmente no ha podido hacer nada para impedirlo. Aunque los propietarios han advertido que seguirán adelante con los procesos. "Estoy convencida de que al final la justicia nos dará la razón", afirmó ayer a este periódico Florentina Mora, titular del inmueble. Mora dijo "no entender cómo una ley como esta puede tener efectos retroactivos". "Por la misma regla de tres, se tendrían que demoler numerosas construcciones de la isla", indicó. ¿Por qué no se hace?, añadió, visiblemente molesta.Desde la propiedad, denunciaron, en este sentido, presuntos intereses y tratos de favor por parte de las instituciones en la aplicación de la ley de Costas, al tiempo que agradecieron el apoyo recibido desde las redes sociales. Mora insistió, de nuevo, en que tiene documentos que corroboran la legalidad del inmueble. "Estoy muy tranquila porque al final se demostrará que esto ha sido una injusticia absoluta", aseveró.
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/05/22/costas-derriba-finalmente-can-ganxo-pese-reivindicaciones/572447.html

Costas legaliza 32 edificios en Añaza y condena a 75 de Igueste

La Dirección General de Costas dio ayer un nuevo paso a la hora de fijar el deslinde de todo el municipio de Santa Cruz al marcar de forma definitiva la delimitación en Añaza y en Igueste de San Andrés. En la primera zona, Costas aceptó salvar a 32 edificaciones al variar su propuesta inicial de mantenerlas dentro de la zona de protección. Sin embargo, en Anaga, en el otro extremo del municipio, ocurre lo contrario y se verán afectadas 75 fincas, entre las que hay una decena de viviendas que quedan fuera de ordenación y corren el riesgo de ser derribadas en el futuro.

En Añaza, el organismo estatal del Ministerio de Medio Ambiente fijó el deslinde de más de tres kilómetros entre el Barranco del Humilladero y el Barranco del Muerto. Costas mantiene una zona de protección de cien metros en todo el trazado, pero acepta dejar fuera de la misma a los núcleos urbanos de Añaza. En este punto se encontraban inicialmente afectadas hasta 32 propiedades, algunas incluso del Ayuntamiento. Hay hasta cuatro grupos de viviendas sociales que pertenecen al organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan).

Esta decisión originó críticas por parte de los colectivos vecinales que fueron finalmente aceptadas por la Dirección General. No obstante, estarán incluidas en la zona de protección varias infraviviendas y algunas zonas deportivas, que podrían desaparecer. Costas acepta que el subpolígono de Añaza se creó en 1987, justo un año antes de la aplicación de la Ley de Costas y por lo tanto no está afectado por esta ley.

Igueste

Peor parado sale el núcleo costero de Igueste, donde la zona de protección se mantiene también en 100 metros e incluso aumenta ligeramente sobre la propuesta inicial. En este caso se verán afectadas 75 propiedades situadas en primera línea de playa, de las cuales una decena son viviendas.

Decepción

Así se deduce de la delimitación definitiva de deslinde publicada también ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que afecta a los cinco kilómetros que hay entre la playa de El Burro y la de Antequera. La decepción era ayer perceptible en el abogado de este grupo de vecinos, José Luis Langa, quien mostraba su estupor por el paso dado por el Gobierno central.

"Me parece increíble que cuando aún hay abierto un frente judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre este asunto, el Ministerio se haya pronunciado ya de forma definitiva", se quejó al referirse al recurso presentado por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de declarar urbano el núcleo de Igueste y por lo tanto permitir que la zona de protección se fije en 20 metros. Esta resolución judicial ha favorecido a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas.Langa calcula en casi 300 las personas que de una forma u otra está afectadas por este nuevo deslinde. El abogado, al conocer ayer la decisión de Costas, anunció que se va a reunir con los vecinos para informarles de la situación, aunque ya adelantó que seguramente acuerden recurrir ante la Audiencia Nacional esta decisión.

Para Langa es imprescindible un apoyo político sin fisuras para que el Gobierno central comprenda las especificidades del litoral canario. Entre las peculiaridades del nuevo deslinde de Igueste está, por ejemplo, que el faro también entra dentro del dominio público. Sobre el régimen en el que ahora permanecerán estas viviendas y fincas, desde el organismo estatal se recuerda que en realidad se encuentran en terrenos del Gobierno de Canarias.

Legalmente las construcciones y solares quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes, que según este abogado tienen en algunos de los casos varios siglos de antigüedad, las obras a realizar serán muy limitadas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo tinerfeño y el Ejecutivo autónomo ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. Por su parte, el abogado del Estado en su informe inicial consideró que la urbanización de este caserío había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerada zona urbana.

En el caso de Añaza, las protestas iniciales, planteadas incluso por el alcalde, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace dos años, dieron sus frutos y se consiguió el compromiso de modificar los presupuestos iniciales de este tramo de la costa.

http://www.laopinion.es/tenerife/2010/05/21/costas-legaliza-32-edificios-anaza-condena-75-igueste/286786.html

lunes, 17 de mayo de 2010

La Diputación defiende en Bruselas el litoral castellonense


La Diputación de Castellón y los alcaldes de Burriana y Nules se reúnen en Bruselas con la eurodiputada británica del Grupo Europa por la Democracia y la Libertad, Marta Andreasen, para defender a sus ciudadanos afectados por la ley de costas.

La delegación de Castellón, encabezada por el diputado de Medioambiente, Vicente Aparici, expuso ante Andreasen, los graves prejuicios que para el propio patrimonio histórico puede tener la aplicación de la ley de costas.

En concreto, solicitaron de manera clara y firme la anulación de la retroactividad de la ley y recibieron el apoyo de la Eurodiputada por luchar y mediar desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, en la medida de lo posible para paralizar la aplicación de la ley tal y como desde Madrid se ha planteado.

La Eurodiputada mostró gran interés y solicitó expresamente contar con más información acerca de los casos que en nuestra provincia se verían afectados por la aplicación de esta ley, como por ejemplo, 200 viviendas históricas en Nules que serían destruidas si no hay un cambio en la aplicación de la ley.

La delegación comunicó además a Marta Andreasen las gestiones que, bajo la coordinación de la Diputación de Castellón, se están realizando para trasladar una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la ley y la aplicación retroactiva de la misma.

Además, se están realizando contactos con otros miembros del Parlamento Europeo, para sumar apoyos y conseguir la moratoria de la ley y, por tanto, la paralización de los derribos previstos en el litoral castellonense.

domingo, 16 de mayo de 2010

El Gobierno de Canarias confía en que el Constitucional le dará la razón en conflicto por la ley de Costas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, ha explicado que algunos hechos producidos "apuntan a concebir una sentencia favorable" después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la Ley de Costas de Canarias de 2009.

Berriel explicó recientemente durante la celebración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que la intención del Gobierno de Canarias era "intentar conectar la legalidad con la humanidad". "Por eso se hizo una ley", aseguró para recordar el recurso del Estado.

Señaló que a partir de aquí se paralizó "cautelarmente" la ley aunque, según Berriel, se levantó la suspensión de las dos terceras partes de la norma. Ello "apunta a concebir una sentencia favorable a las tesis del Gobierno de Canarias", dijo.

El consejero recordó de igual forma que la Ley de Costas estatal data de 1988 y establece los deslindes marítimo terrestres que "disparan" consecuencias. "Es una Ley muy dura y compleja", admitió el nacionalista que también puntualizó que es constitucional. A pesar de ello, expuso que eso no quiere decir que no haya que humanizar la norma. "Hay que distinguir los casos", aclaró.

Las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral. En este intento el MARM consideró que la norma vulnera las competencias del Estado. "El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de la ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de valor etnográfico afectados por la Ley de Costas estatal", explicó la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín.

http://www.20minutos.es/noticia/708546/0/

miércoles, 12 de mayo de 2010

Inflexible sólo para Canarias (CRISTINA TAVÍO)


DESDE principios de este mes, nuestros poblados marineros cuentan con más esperanza. Me explico: algunos medios de comunicación se hacían eco de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifica que el litoral de Anaga tiene carácter de núcleo urbano consolidado, tal y como venían defendiendo los vecinos y la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias .

Sin embargo, y pese a que esta sentencia no es firme, se suma a la que en su día también reconoció que El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, en Güímar, ya tenían la consideración de urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Estamos otra vez ante una estupenda noticia para los muchos vecinos de Almáciga, Roque de las Bodegas y Tachero, que llevan mucho tiempo pidiendo que se reduzca la zona de servidumbre que la Dirección General de Costas aumentó de 20 a 100 metros, para poder así salvar cerca de 250 construcciones situadas en esta zona.

Como ustedes saben, el Partido Popular de Tenerife ha venido defendiendo siempre la protección de estos núcleos urbanos costeros, de estos poblados marineros, consolidados con anterioridad a la Ley de Costas, siempre que cuenten con algún valor patrimonial, etnográfico o socioeconómico, para con ello conservar algún ambiente marinero en nuestras costas.

Por eso, hoy me alegro de estas sentencias a favor de los vecinos de Anaga y de Agache, pero también es justo que sienta tristeza al recordar la vergonzante actuación contra los vecinos de Cho Vito, que no corrieron la misma suerte y que vieron impotentes cómo perdían sus casas y parte de sus vidas.

Y siento más tristeza aún cuando leo declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, quien, ante el mismo problema en varios poblados de Galicia como Aguete, Teoria, Casás o Mogor, en Marín, afirmó en su momento que "los propietarios conservan sus viviendas tal y como están, pueden realizar obras de reparación, conservación y mejora, con la única limitación de no incrementar el volumen y contar con las respectivas licencias".

¿Por qué en Marín sí y en Cho Vito no? ¿Por qué la interpretación intransigente de la Ley de Costas en Canarias por parte del Gobierno central contrasta con la flexibilidad y la voluntad de acuerdo que ha demostrado el mismo Gobierno en la aplicación de la misma ley con el caso de los chiringuitos de playa en la costa de la provincia de Málaga?

Es una pena que el PSOE en Andalucía o en Galicia defienda la permanencia de estas zonas afectadas y aquí, en Canarias, se opongan a una Proposición no de Ley presentada por nosotros, y apoyada por CC, para defender nuestros poblados marineros y evitar situaciones como la de Cho Vito.

Quizá, a los socialistas canarios les vendría bien hablar con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía defendió que "los chiringuitos son un elemento singular e identitario de la oferta de ocio de las playas andaluzas y se trata de un sector que genera 40.000 empleos".

Como bien afirmé durante mi intervención en defensa de esta PNL en el Parlamento de Canarias, y citando al filósofo inglés John Locke, "las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes", y es en este punto donde el Gobierno de Rodríguez Zapatero tropieza una y otra vez, y en esta ocasión, en su ciego y torpe propósito de aplicar sin medida la Ley de Costas en nuestro Archipiélago sobre asentamientos humanos en el litoral que datan de muchas décadas atrás y que con el debido equilibrio ambiental pueden perdurar en el tiempo.

¿Acaso las áreas urbanas costeras de Canarias no representan zonas de interés derivadas de su origen etnográfico, arquitectónico y cultural, además de albergar actividades económicas y turísticas? Siempre hemos defendido que nuestra tierra necesita una buena e inmediata aplicación de la Ley de Costas, pero no como cortapisas, sino como una posibilidad de ofrecer una ventaja comparativa con el resto de destinos turísticos.

Creemos que si todos los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias hacemos frente común en pro de estos núcleos marineros para su mejora y embellecimiento, y también para favorecer su catalogación como poblados marineros, podemos conseguir que el Ejecutivo del PSOE dé marcha atrás, como lo ha hecho en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde incluso ejercen competencias exclusivas en materias de Costas debido a la entrada en vigor del nuevo Estatuto.

Tenemos que ponernos manos a la obra, y un buen primer paso sería que todas las administraciones implicadas emprendan cuanto antes la labor de catalogación técnica y científica de los valores patrimoniales, etnográficos y socioeconómicos que reúnen nuestros poblados marineros. Y en paralelo, buscar fórmulas para que sigan siendo un reclamo gastronómico en nuestro Archipiélago.

En el Partido Popular ni hemos permanecido de brazos cruzados ante esta injusticia de ley ni vamos a permanecer en silencio. Seguiremos trabajando aunque el PSOE pretenda ejecutar administrativamente el presente de estos núcleos marineros que forman parte de nuestra historia, también de nuestro presente y queremos que sigan teniendo futuro.

Porque, pacientes lectores, no es lo mismo, como dije en el Parlamento de Canarias, mandarse una vieja o un plato de lapas en una avenida de hormigón que tomarlos en estos poblados marineros.

* Presidenta del PP de Tenerife

http://ww.eldia.es/2010-05-09/criterios/14-Inflexible-solo-Canarias.htm

lunes, 10 de mayo de 2010

El PP pregunta al Gobierno por qué es "tan laxo al aplicar la Ley de Costas a obras públicas y tan duro cuando deslinda"

Los cuatro diputados del PP por Baleares en el Congreso reclaman al Gobierno central conocer por qué el Estado es "tan laxo a la hora de aplicar la Ley de Costas para las obras públicas y tan duro a la hora de trazar deslindes y atacar ciertas obras privadas menos agresivas desde el punto de vista medioambiental".

Así lo trasladan los diputados 'populares' por el archipiélago --María Salom, Juan Carlos Grau, Enrique Fajarnés y María Antonia Mercant--, que han registrado una 'batería' de preguntas parlamentarias por las que reclaman, por escrito, diversa información sobre la aplicación de la Ley de Costas.

Una de las preguntas parlamentarias solicita al Gobierno si, tras 22 años de experiencia con la normativa de costas, "es consciente" de la "contestación social que se ha producido" sobre la misma y si considera que se ha dado un buen trato a los propietarios a los que se les priva de su propiedad.

Los diputados del PP también quieren conocer si el Ejecutivo central tiene previsto alterar el régimen de aplicación transitoria de la Ley o si contempla respetar las propiedades privadas anteriores a la normativa de 1988. Otra de las cuestiones por las que se interesan los aforados es si se ha producido "mucha litigiosidad" en relación a esta Ley.

"¿A qué se debe que en algunas zonas del territorio español se haya sido mucho más agresivo a la hora de deslindar el dominio público marítimo-terrestre que en otras, por ejemplo en Cataluña?; ¿Por qué no se ha considerado dominio público marítimo-terrestre La Manga del Mar Menor entera?; ¿Por qué en muchos deslindes no se ha aplicado el mismo criterio seguido en La Manga del Mar Menor, sino mucho más duros?", son algunas de las preguntas que trasladan los diputados por Baleares.

Finalmente, solicitan información sobre el criterio estatal a la hora de ordenar las demoliciones de construcciones situadas en zona de costas y por qué en ocasiones se actúa sobre edificaciones 'singulares "y se olvida la patente realidad del entorno".
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2010-05-10/280816_pregunta-gobierno-tan-laxo-aplicar.html

Respuesta mia y que el gobierno jamás dará: porque la Ley de Costas es precisamente el perfecto instrumento para confiscar los bienes del ciudadano honrado para cuando el gobierno decida que hay que despejar la primera línea de playa y dejar espacio a los grandes proyectos especulativos.

¿Por qué si no se declaran los hoteles de interés general, cuando son negocios privados?
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=17156
Todos los pueblos tradicionales costeros y construcciones LEGALES anteriores a 1988 tienen orden de derribo por parte de Costas, que a su vez se convierte en el benefactor de auténticas aberraciones medioambientales

  • Hoteles que han destruido una zona virgen, con la ayuda inestimable de los politicos locales y de Costas, para hacer este mamotreto de "interés general". ¿A quién le interesaba?
  • Y como han destruído una mágnifica playa que debería haber sido para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, ahora viene Costas en plan "salvapatrias" con su proyecto de una playa artificial por la módica cantidad de ¡¡2.400.000 euros !!
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=83960http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=83960

jueves, 6 de mayo de 2010

LA ABSURDA LEY DE COSTAS

La Audencia Nacional desestima la pretensión de Hoya Pozuelo de que Costas revisara el deslinde marítimo-terrestre
La veintena de dúplex pendientes de derribo en la urbanización Hoya Pozuelo invade el dominio público de Costas y por tanto sigue siendo ilegal. Así se desprende de una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de marzo de este año, que desestima la pretensión del propietario de los terrenos, Jaime Cortezo, a través de su mercantil Javielcor SL, de revisar el deslinde marítimo terrestre en la costa afectada por la promoción de sus viviendas

La solicitud de revisión del deslinde marítimo de 1985 pretendía evitar el derribo de los dúplex declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con una nueva cota de la ribera del mar exterior frente a la urbanización Hoya Pozuelo. En 2006, el Gobierno de Canarias decidió "por prudencia" no ejecutar la sentencia de derribo del TSJC a la espera de aclarar el contencioso promovido por el propietario de los terrenos ante Costas

Ahora, la Audiencia Nacional da la razón a Costas en el archivo del expediente de investigación del deslinde marítimo. Costas consideró en 2007 irrelevantes los estudios de mareas presentados por Javielcor SL, ya que no tenía en cuenta el alcance de las olas. Los informes particulares del solicitante se limitaban a situar el límite interior de la pleamar, sin determinar el alcance de las olas, por ejemplo, en periodos de temporales.

En la sentencia, la magistrada Elisa Veiga Nicole indica que Javielcor SL "no alega que se haya alterado la configuración del dominio público sino que considera que el límite interior de la ribera de mar no coincide con el límite interior del dominio público marítimo terrestre y, por lo tanto, debe reflejarse esta última en un nuevo deslinde. Para justificar su pretensión ha aportado una serie de informes que resaltan que entre los mojones 17 a 24 el agua del mar no alcanza los mojones en las situaciones de máxima pleamar viva equinoccial".

Sin embargo, la magistrada ponente desmonta esta tesis mediante la Ley de Costas, cuyo artículo 3.1 concluye que "la línea de pleamar máxima viva equinoccial no es, necesariamente, el límite interior de la ribera del mar, pues ésta puede extenderse hacia el interior para comprender el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos y, en su caso, las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación formadas por la acción del mar o del viento u otras causas naturales o artificiales".

De este modo en la sentencia se despeja la duda de si los terrenos ubicados entre los vértices 17 a 24 alegados por Javielcor son alcanzados por las olas en los mayores temporales conocidos. Mediante un reportaje fotográfico de diciembre de 2006 y un estudio técnico justiificativo de la ribera del mar, "contrariamente a la valoración que del mismo realiza el perito de parte", la magistrada concluye que "se percibe con claridad" como el agua alcanza y sobrepasa varios mojones, e incluso charcos de agua en alguno de ellos, por lo que queda acreditado el correcto deslinde marítimo terrestre.
http://www.teldeactualidad.com/noticias.php?area=politica&id=5093

Espero que Costas tenga a bien hacer nuevos deslindes "allí donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" Por ejemplo, todo el pueblo de Tossa de Mar que en diciembre del 2008 sufrió un pequeño tsunami. ¿No es eso lo que dice el art. 3.1? Luego, podían seguir por Santander, San Sebastián, La Coruña....todas sufrieron terribles temporales y las olas llegaron al centro de la ciudad.

¿COMO PUEDE SER UNA LEY TAN ABSURDA QUE DEJE EN MANOS DE UNA OLA LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS?

domingo, 2 de mayo de 2010

El TSJC avala que los núcleos costeros de Anaga son urbanos y salva sus 250 casas

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifica que los núcleos de la costa de Anaga -Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero- poseen características de urbanos. Este fallo viene a avalar la postura de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que en el año 2007 ya determinó que se trataba de núcleos urbanos consolidados.

La sentencia abre ahora la puerta a una modificación del deslinde de este tramo de la costa, algo que permitirá reducir la zona de servidumbre de los actuales 100 metros de anchura a 20. Con ello dejarán de estar fuera de ordenación alrededor de 250 edificaciones y se podrán salvar caseríos enteros, como el de Almáciga.
Aquella decisión de la Cotmac fue recurrida por la Dirección General de Costas ante el TSJC que finalmente se ha opuesto a las tesis del Estado. El organismo medioambiental del Gobierno de Canarias reconoció que estos núcleos contaban con la suficiente consolidación de edificación propia del suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988. La Cotmac instó en aquel momento a Costas a modificar la servidumbre de protección.

Anulación del acuerdo

El organismo estatal cometió el error de dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias antes de la presentación del recurso con el fin de que el Ejecutivo autónomo anulase el acuerdo que declaró urbanos estos núcleos. En realidad, Costas tenía que haberse dirigido a la Cotmac.

Por ello, Política Territorial contestó a esta solicitud del Estado que no estaba dentro de su competencia instar a la Cotmac. El ejecutivo canario indicó que la Comisión "está dotada de autonomía funcional decisoria en el aspecto requerido".

Para Medio Ambiente, anular un acuerdo de la Cotmac "desvirtuaría el principio de autotutela administrativa al ser su presidente -el consejero- miembro del propio órgano". Así lo entendió el TSJC que, en el fallo hecho público ahora, indica que la Cotmac es el órgano de deliberación, consulta y decisión de la Comunidad Autónoma en la materia que se discute.
"La Comisión funciona en pleno y en ponencias técnicas para la preparación de los asuntos que deban someterse a la consideración y, en su caso, decisión de éste", indica la sentencia. Por ello, para los magistrados de la sala segunda del Tribunal canario, "es la Comisión y no la Consejería el órgano que dictó el acto recurrido, y aquel al que debería haberse dirigido la Dirección General de Costas. Y al haberse dirigido erróneamente contra la Consejería, resulta correcta la falta de competencia excepcionada por ésta para cumplir el requerimiento de nulidad del acto".

La resolución, sin embargo, no es firme, ya que se puede interponer contra la misma un recurso de casación en el plazo de diez días ante el Tribunal Supremo. En el texto de la sentencia, se indica que la Cotmac notificó a Costas de inmediato el acuerdo adoptado a principios de 2007 por el que se declararon como urbanos los núcleos costeros. Sin embargo, la interposición del requerimiento previo al juicio contencioso se hizo el 17 de abril de 2007, transcurridos más de dos meses y vencido por lo tanto el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo. "Por tanto el requerimiento no interrumpe el plazo para que este ganara firmeza" , indica el fallo. Este error de la Dirección General de Costas, según las fuentes judiciales consultadas, puede dar lugar a que finalmente las sucesivas sentencias vayan en el mismo sentido.