jueves, 20 de noviembre de 2014

Rebelión en Benidorm al proteger Costas 3.000 pisos del frente litoral

Más de 3.000 viviendas de la primera línea del Paseo de Levante de Benidorm quedarán afectadas por la nueva revisión del dominio marítimo terrestre que plantea Costas y que vuelve a situar el linde en la parte interior del paseo. Desde 1964, la zona de afección discurre por la línea pegada a la arena de la playa, pero Costas plantea ahora modificarla y devolverla a como estaba antes de esa fecha. La propuesta deja una servidumbre de paso de 6 metros y otra de protección de 20 metros.
Como ya publicó EL MUNDO, las alegaciones presentadas al deslinde por comunidades de propietarios y Ayuntamiento de Benidorm fueron desestimadas por el Ministerio salvo dos, las correspondientes al Hotel Selomar y Hotel Colon. La decisión no era definitiva puesto que el plazo de alegaciones aún permanece abierto y el consistorio ya ha anunciado que volverá a recurrir la línea de afección por considerarla «un atentado al modelo turístico y urbanístico de Benidorm», según dijo la edil de Turismo, Gema Amor.
La demarcación afecta a viviendas y hoteles de las calle Virgen del Sufragio y las avenidas Alcoy y Madrid, viales que dejarían de ser patrimonio municipal para ser propiedad del Ministerio. Desde los años 90, con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las calles de la primera línea de playa quedaron fijadas como bien municipal algo que ahora se pretende revocar.
Un total de 3.000 unidades que se verían obligadas a retranquear balcones y voladizos hasta la línea de la fachada si decidieran hacer cualquier tipo de obra puesto que dichos elementos vuelan sobre la zona afectada. Desde el Ayuntamiento de Benidorm afirman que esta condición repercutiría «en la imagen de la ciudad y, sobre todo, la seguridad de los transeúntes» puesto que dichos inmuebles no obtendrían permiso de obras ni para realizar restauraciones de las fachadas sin la condición de eliminar los salientes.
Cualquier actuación que el ayuntamiento necesitara realizar en los viales afectados requeriría de la pertinente autorización de Costas e, incluso, algunas propiedades tendrían que dejar de ser privadas para cambiar a titularidad estatal. «Cambiar una bombilla, repintar una farola o reformar un balcón requerirá de un trámite burocrático farragoso e innecesario entre administraciones», lamentó Gema Amor, quien advirtió de que tal circunstancia «va a provocar retrasos y un importante deterioro en la zona más valiosa de nuestra escena urbana». Por ello el gobierno cree «trascendental» tumbar la propuesta del Ministerio a como dé lugar para no «permitir esta tropelía» que terminaría por «quebrar un modelo que parte en los años 50 y que es pionero en el desarrollo urbanístico de España».
No se verán afectados por estas cuestiones los hoteles Selomar y Colón que quedan fuera del dominio marítimo terrestre. Estas excepciones han despertado los recelos de las autoridades municipales. El propio concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, dice no entender que se excluya del dominio marítimo terrestre sólo las confluencias del Hotel Selomar, Bilbaíno, edificio Túgar y apartamentos anexos al Hotel Colon. Por ello y aplicando el mismo criterio pide «que se amplíe a la totalidad el Paseo de Levante, ya que cuenta con las mismas condiciones de trama urbana e instalaciones de servicios públicos que la planteada por Costas».
Además tilda de «incongruente" que se declare zona de tránsito la Punta Canfali cuando las edificaciones existentes se asientan directamente sobre las rocas del acantilado «difícilmente transitables».
Sin embargo sí se declaró excepción a esta zona de tránsito el edificio municipal El Torrejó, antigua casa consistorial de Benidorm.
Así pues Ayuntamiento de Benidorm, propietarios afectados y hoteleros locales han decidido ir de la mano a la hora de presentar alegaciones para hacer «frente común».
Existen precedentes en municipios como Santa Pola, Guardamar o Alicante de zonas catalogadas de excepción al deslinde y Benidorm pide las mismas condiciones que estas localidades.

LOS OTROS 'PEROS'

  • Protección. El nuevo dominio marítimo terrestre delimita la ribera del mar con una servidumbre de paso de 6 metros y otra de protección de 20 metros.
  • Zonas afectadas. 3.000 viviendas y unidades hoteleras de las avenidas Alcoy y Madrid y calle Virgen del Sufragio quedan afectada.
  • 50 años atrás. La demarcación devuelve la zona de afección a la posición anterior a 1964.
  • Punta Canfali. Las edificaciones situadas sobre los acantilados quedan afectadas por la servidumbre de paso.
  • Calles. Las calles de la primera línea de la Playa de Levante dejarán de ser patrimonio municipal para pasar a ser propiedad del Ministerio de Medio Ambiente.











jueves, 6 de noviembre de 2014

¡¡NOTICIÓN!! Jueces y fiscales se dan cuenta del "colapso en el Estado de Derecho" en España

Confianza de los ciudadanos en la Justicia (fuente: Comisión Europea)

Las principales asociaciones de jueces y fiscales denuncian en un comunicado conjunto el riesgo de colapso del Estado de Derecho ante la avalancha de casos de corrupción y la injerencia de la política en la Justicia

Las asociaciones de Jueces y Fiscales no quieren permanecer ajenas ante la grave situación de "máxima alarma" por la avalancha de casos de corrupción y han emitido un comunicado conjunto "apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación".

Riesgo de colapso

Según las asociaciones , "la sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Casos que socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho".
Perversión del sistema
Según el comunicado de jueces y fiscales, "el desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles".

Debilitamiento


La consecuencia según denuncian jueces y fiscales, "no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".
Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:
  • Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.
  • Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
  • Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).
  • Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
  • Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.
  • Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.
  • Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
  • Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su eje.
  • El comunicado lleva la firma de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales no han suscrito este texto.

    ¿Cómo se han dado cuenta tan tarde? En 2009, en el Informe Auken ya se denunciaba: "14. Considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia" 

    ¿Cuándo ha existido en España el Estado de Derecho? NUNCA. Y mucha culpa de ello la han tenido los mismos jueces y fiscales, que ahora lo denuncian, por aplicar leyes que van contra todos los principios del Derecho de la Unión, cuando tiene en sus manos el poder inaplicarlas. 

    ¿Por qué no hablan de su responsabilidad en este "colapso"?