La Guardia Civil inició en septiembre una investigación para averiguar si el promotor del proyecto cumple con los requisitos para la concesión administrativa de la playa
La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra el exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández, destituido el pasado mes de julio por haber supuestamente omitido algunos reparos en las obras de regeneración de Tauro , por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
Tras una denuncia de la Guardia Civil, la oficina de Medio Ambiente y Urbanismo inició una investigación el pasado mes de septiembre para averiguar si el promotor del proyecto, Grupo Anfi, cumple con los requisitos para la concesión administrativa de la playa.
Tras tomar declaración, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en relación a las licencias urbanísticas tomadas por el Ayuntamiento para la ejecucción del proyecto y a Hernández, la Fiscalía estima ahora querellarse contra el antiguo jefe de la Demarcación de Costas.
La Fiscalía considera que se podría haber incurrido en un delito de prevaricación por haber autorizado verbalmente el inicio de las obras sin haberse cumplido previamente con los requisitos y condicionantes establecidos legalmente; y un delito de falsedad por no haber hecho constar la realidad de lo sucedido en el momento en que tuvo lugar el acta de replanteo previo al inicio de las obras.
La querella subraya que la autorización que el Ministerio de Medio Ambiente había concedido en octubre de 2015 al grupo Anfi Tauro para ocupar 11.200 metros cuadrados de terrenos de dominio público en ese tramo de la costa de Mogán y convertirlos en una playa de arena tenía una condición "taxativa", que debía cumplirse antes de empezar las obras: que la empresa cediera a favor del dominio público (es decir, del Estado) 3.683 m2 de su propiedad.
Esa cesión de suelo en favor del litoral público, remarca la acusación, fue además "decisiva" para que Anfi Tauro obtuviera el permiso, en lugar de conseguirlo la otra empresa que se había interesado formalmente por obtener una concesión en esa zona.
En febrero de este año, Anfi Tauro trasladó a ese punto de la costa las máquinas con las que pretendía cubrir con 70.000 toneladas de arena esa zona, sin haber cedido con carácter previo el suelo comprometido, algo que fue advertido por escrito el acusado por parte de un ingeniero de la propia Demarcación de Costas, que se negó a permitir el inicio de las obras hasta que se solventaran esa y otras irregularidades.
Pese a esa advertencia, dice el fiscal, el entonces jefe de Costas de Canarias autorizó verbalmente los trabajos y las máquinas de Anfi Tauro transformaron definitivamente esa zona en un arenal.
El ingeniero que advirtió de las irregularidades puso los hechos en conocimiento del Ministerio, lo que motivó que la subdirectora general de Costas se desplazara a Gran Canaria ese mismo mes y comprobase las irregularidades existentes: el suelo comprometido no solo no había sido cedido ya al Estado, sino que no pertenecía formalmente a la empresa, porque formaba parte de una finca más extensa sujeta a cargas, con más propietarios y en la que había incluso viviendas habitadas y otros inmuebles.
La Fiscalía sostiene que Hernández prevaricó al autorizar verbalmente esas obras pese a las advertencias de "incumplimientos graves" y luego cometió falsedad, al redactar en abril un acta de replanteo firmada por él como si hubiera sido emitida el mismo día en que comenzaron los trabajos, el 4 de febrero de este año, en la que se daban por solventadas todas las irregularidades.
El Ministerio Público reprocha al acusado el haberse "apartado de forma grosera" del marco legal que regulaba esa concesión y subraya que, a día hoy, con esa zona ya transformada en una playa artificial, las irregularidades detectadas siguen sin haberse solventado.