Las leyes se crearon para ser justas con el hombre, no al revés. Se ha perdido el norte. Dicen los antiguos que la primera vez que se dictó una ley fue en mitad de un largo desierto en el que una tribu que huía de un faraón entendió que debía organizarse según la ley natural, es decir, con leyes justas y a la medida del hombre. Después el mundo ha cambiado y lo que era un instrumento para servir a las personas se ha convertido en un fin en sí mismo. Esto que escribo lo hago en mi blog, una página agrícola que desde hace cuatro años rastrea el lado más humano de los agricultores, sirviendo de cobijo y de medio de expresión para los productores, en su mayoría personas buenas y humildes. Son muchas las historias que he narrado hasta ahora, pero creo que ninguna tan triste como la que se vive desde ayer en la costa de Granada, en el municipio de Albuñol, en cuya costa comprendida entre La Rábita y El Pozuelo se está realizando el desmantelamiento de fincas agrícolas con producción hortícolas, como tomate o berenjena.
Argumentos posiblemente tengan ambas partes, los que quieren tirar los invernaderos abajo y los que los defienden del derribo. Pero esto es un blog y no un juzgado que dictamina la letra pequeña de quien tiene más o menos razón. Aquí procuro poner la humanidad que olvidan los señores de toga.
Hoy jornada de lluvia, segundo día con los operarios enviados por la Dirección de Costas entre los dos invernaderos que tiraron ayer. Hoy están recogiendo los restos de una finca de tomate cherry, que en solo unos días iniciaba su recolección, y otra de berenjena. Mañana será el tercer día y nadie sabe si seguirán recogiendo entre estas fincas derruidas o iniciarán la demolición del resto. Lo cierto es que los agricultores se están moviendo para detener esta situación y que no continúen los invernaderos cayendo al suelo uno tras otro.
Anoche – día en el que la pesadilla del derribo tomó forma de realidad – se empezaron a registrar las primeras reacciones de los agricultores, en vía judicial, contra las actuaciones de Costas, los operarios y empresas que las están protagonizando. Según me explicaban esta tarde desde la Plataforma de Afectados, se han presentado denuncias en vía penal contra las personas responsables, por:
–Presunta vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución: Art 17 Derecho de Propiedad; Art 41 Derecho a una buena administración; art 47 Derecho a la tutela judicial efectiva (porque no han notificado la Orden judicial para poder alegar y defenderse a algunos de los agricultores afectados).
–Por presuntos delitos de prevaricación (resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental (porque no existe la O.M. aprobatoria de deslinde para este tramo de costa).
Con tales denuncias, en trámite desde esta misma mañana, se ha solicitado que se paralicen las actuaciones de entrada, demolición, destrucción de cosechas y desmantelamiento de invernaderos, mientras no se resuelvan los recursos a los que tienen derecho los afectados.
Actualmente se están preparando recursos de apelación contra las órdenes judiciales de entrada en algunas fincas, dictadas por el Tribunal de Justicia de Andalucía, órgano que las dicta aclarando que no está entrando a conocer del fondo de la cuestión y que accede a lo pedido por Costas ya que le presenta unas resoluciones administrativas “formalmente válidas”. Dicho órgano judicial concede a los agricultores un plazo de 15 días para interponer un recurso de apelación contra la referida orden judicial de entrada y demolición, a un solo efecto (devolutivo o sea para ser revisado por un órgano superior, pero no suspensivo), y la administración de Costas no ha esperado a que los afectados aleguen lo que a su derecho conviene o puedan defenderse.
Una tercera vía de impugnación contra todo lo actuado por Costas está en preparación. Una demanda judicial excepcional, en petición de Anulación de Sentencias en base al artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
De hecho, me explicaba Antonio, presidente de la plataforma, que ayer se produjo una situación kafkiana. El joven matrimonio del invernadero de cherry que fue derruido recibía a mediodía la carta en la que se le indicaba que disponían de quince días para recurrir la sentencia que autorizaba a Costas a desmantelar los invernaderos de esta zona. De ahí que lo que los agricultores estén pidiendo en este momento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que no se derribe ni un invernadero más hasta que no se resuelvan los recursos, los que están ya presentados y los que ni siquiera han podido ser presentados porque los afectados no han recibido notificación a tiempo. De hecho la familia del primer invernadero que se tiró ayer recibió la notificación cuando ya estaba en el suelo.
Según me explicaba uno de los abogados de la plataforma en la sentencia judicial – que está ejecutando Costas desde ayer – se autoriza a ésta a desmantelar los invernaderos que son propiedad de los agricultores. Así que se reconocería la propiedad de las estructuras de los invernaderos a los productores, ¿pero quién los indemniza con daños y perjuicios?Desde la plataforma de afectados no solo se esgrime esto, es decir, que las invernaderos como tales son de los agricultores, sino que se además niega la mayor en cuanto a su ubicación, en cuanto al deslinde, ya que según esta parte el argumento que defiende Costas se basa en una Orden Ministerial de 2000 que a su vez está basada en una Orden Ministerial de 1977 que nunca llegó a notificarse ni comunicarse (pongo ahora lo de supuestamente). Un lío, en definitiva, porque la otra parte alega que los invernaderos están bajo dominio público y que ahora el Estado quiere recuperarlos, sobre todo después de la primera sentencia de un juez que es lo que justificaría lo que está sucediendo desde ayer. Más lío, aún. No es menester meterse en camisa de once varas porque el asunto va para largo. En la vida he aprendido que la retórica hace posible que se defienda casi cualquier argumento, cayendo en el sofismo y en la demagogia, si el orador es bueno. Así que tengan más razón unos u otros, al margen de todo ello – porque no es el propósito de este artículo – la pregunta es la siguiente: ¿Podemos llegar a una solución que les permita a estos agricultores que son solo agricultores y no saben ser otra cosa poder seguir viviendo dignamente cultivando sus hortalizas? ¿O tendrán que emigrar? Porque no olvidemos que esta zona en litigio no es lugar turístico ni industrial y no hay previstos proyectos de inversión en la línea de tierra que quiere ahora recuperar Costas.
¿Venezuela? NO, ESPAÑA, SUPUESTO ESTADO DE DERECHO EUROPEO
Hoy jornada de lluvia, segundo día con los operarios enviados por la Dirección de Costas entre los dos invernaderos que tiraron ayer. Hoy están recogiendo los restos de una finca de tomate cherry, que en solo unos días iniciaba su recolección, y otra de berenjena. Mañana será el tercer día y nadie sabe si seguirán recogiendo entre estas fincas derruidas o iniciarán la demolición del resto. Lo cierto es que los agricultores se están moviendo para detener esta situación y que no continúen los invernaderos cayendo al suelo uno tras otro.
–Presunta vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución: Art 17 Derecho de Propiedad; Art 41 Derecho a una buena administración; art 47 Derecho a la tutela judicial efectiva (porque no han notificado la Orden judicial para poder alegar y defenderse a algunos de los agricultores afectados).
–Por presuntos delitos de prevaricación (resolución injusta a sabiendas) y falsedad documental (porque no existe la O.M. aprobatoria de deslinde para este tramo de costa).
Con tales denuncias, en trámite desde esta misma mañana, se ha solicitado que se paralicen las actuaciones de entrada, demolición, destrucción de cosechas y desmantelamiento de invernaderos, mientras no se resuelvan los recursos a los que tienen derecho los afectados.
Actualmente se están preparando recursos de apelación contra las órdenes judiciales de entrada en algunas fincas, dictadas por el Tribunal de Justicia de Andalucía, órgano que las dicta aclarando que no está entrando a conocer del fondo de la cuestión y que accede a lo pedido por Costas ya que le presenta unas resoluciones administrativas “formalmente válidas”. Dicho órgano judicial concede a los agricultores un plazo de 15 días para interponer un recurso de apelación contra la referida orden judicial de entrada y demolición, a un solo efecto (devolutivo o sea para ser revisado por un órgano superior, pero no suspensivo), y la administración de Costas no ha esperado a que los afectados aleguen lo que a su derecho conviene o puedan defenderse.
Una tercera vía de impugnación contra todo lo actuado por Costas está en preparación. Una demanda judicial excepcional, en petición de Anulación de Sentencias en base al artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento civil.
De hecho, me explicaba Antonio, presidente de la plataforma, que ayer se produjo una situación kafkiana. El joven matrimonio del invernadero de cherry que fue derruido recibía a mediodía la carta en la que se le indicaba que disponían de quince días para recurrir la sentencia que autorizaba a Costas a desmantelar los invernaderos de esta zona. De ahí que lo que los agricultores estén pidiendo en este momento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que no se derribe ni un invernadero más hasta que no se resuelvan los recursos, los que están ya presentados y los que ni siquiera han podido ser presentados porque los afectados no han recibido notificación a tiempo. De hecho la familia del primer invernadero que se tiró ayer recibió la notificación cuando ya estaba en el suelo.
La ley hay que respetarla, ya que es lo que nos organiza como personas civilizadas, pero la ley está sujeta a muchas interpretaciones y pocas veces tiene una lectura sencilla e inequívoca. Así que como su lectura e interpretación depende de la voluntad de quien la lee e interpreta, ¿es posible llegar a un entendimiento entre las partes sin que el eslabón más débil de la cadena, el representado por los agricultores, sea el perjudicado? ¿Ponemos un poco de corazón y humanidad a este asunto?
Posdata: todas las imágenes son de hoy jueves, segundo día de pesadilla para estas familias de pequeños agricultores.
http://joseantonioarcos.es/2017/11/30/costas-granada-agricultores-invernaderos/¿Venezuela? NO, ESPAÑA, SUPUESTO ESTADO DE DERECHO EUROPEO