«Nos están confiscando nuestras casas con carácter retroactivo hasta 1988», denuncian los afectados
La Ley de Costas española de 1988 va a ser objeto de cuestionamiento en el Parlamento Europeo. Ayer, una delegación de damnificados viajó a Bruselas para entrevistarse con la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Erminia Mazzoni (PPE) y el día 22 será la Administración española la escuchada. Un día después comenzarán a estudiarse situaciones específicas. Son más de 300.000 las familias y negocios que se están viendo privados de sus bienes por la polémica disposición en todo el litoral español. Algunos de ellos se están quedando literalmente sin techo. «Es una confiscación de bienes inmuebles mediante una ley que se ejecuta con carácter retroactivo y sin que los afectados obtengan contraprestación dineraria alguna», denuncian los afectados.
El problema data de la aprobación en 1988, por el entonces Gobierno socialista de Felipe González, de una nueva Ley de Costas que sustituyó a la vigente desde 1969, y que nació, según se dijo entonces, para introducir racionalidad en los usos del litoral, objeto frecuente de operaciones inmobiliarias abusivas. Fue una iniciativa de la entonces ministra Pilar Narbona.
La aplicación de esa Ley, según detallaban ayer en Bruselas miembros de la recientemente constituida Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), está dando lugar a situaciones aberrantes, en las que los propietarios se ven privados de sus derechos de propiedad, ejercida esta continuamente en algunos casos concretos desde el siglo XVII. «Creemos -aseguraba Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC- que lo que la Administración pretende es apropiarse de la costa para reorientar sus usos, pero sin pagar a los propietarios legítimos de unos bienes que les están siendo confiscados en aplicación de un dispositivo legal abusivo y tortuoso». Esta confiscación se ejecuta, además, sobre bienes que estaban ya levantados, y con todos los parabienes legales, antes de 1988. Apenas nada de lo construido después, el grueso de las operaciones especulativas sobre la costa, ha sido abatido por las nuevas lindes, lo que hace la situación más incomprensible.
Caso en Pedernales
Un caso paradigmático de estas actuaciones es el del molino de mareas de Jon Iturribarría, en la localidad vizcaína de Pedernales. Ha acreditado títulos de propiedad sobre el molino desde 1683, pero ha sido desposeído de sus derechos sobre el inmueble, que no puede siquiera reparar porque entra en las lindes trazadas al amparo de la ley. «Siendo, como es, un monumento protegido por la Ley de Patrimonio, va camino de la ruina porque no puede ser reparado. La Justicia no atiende a las demandas de mantenimiento cursadas desde 1996 y llevo más de 10 años metido en litigio», se queja Iturribarría.
La apelación de la AEPLC a las instituciones europeas responde al nulo eco que sus demandas están teniendo en las instancias nacionales. Lo que los damnificados buscan ahora es un pronunciamiento de la Eurocámara, en línea con lo recogido por el Informe Auken (2009) cuyo punto número 22 insta a las autoridades españolas a que «revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente».