El martes será el turno de los denunciantes, españoles y ciudadanos de otros países europeos con propiedades en España, que consideran que la aplicación de la ley con carácter retroactivo ha llevado al derribo de inmuebles edificados legalmente.
La Eurocámara ya se ha ocupado en diversas ocasiones de este asunto e incluso se refirió a él en su último informe sobre el urbanismo español, aprobado por el pleno de la institución en marzo del año pasado.
En ese documento, y siguiendo a las quejas de ciudadanos europeos que compraron propiedades en el país, el PE llamaba a las autoridades españolas a velar por que ningún acto administrativo que obligue a ceder una propiedad se base en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble.
La comisión de Peticiones es el órgano del Parlamento que trata las quejas de los ciudadanos y, aunque no tiene capacidad ejecutiva, puede instar a las instituciones europeas y a los Estados miembros a tomar medidas para solucionar determinadas situaciones.