El gobierno socialista aprobó en 1.988 una nueva ley de Costas que sustituyó a la de 1.969 y que tenía el loable objetivo de preservar el litoral español de una construcción masiva a pié de playa, muchas de ellas construidas y vendidas ilegalmente o irregulares. Nada que objetar a la ley para combatir la ilegalidad y restaurar la legalidad, pero si y mucho, a su aplicación de forma retroactiva que ha convertido automáticamente en ilegales a las que eran legales por la ley anterior y por la caprichosa, parcial, discriminatoria y reiterada modificación de la delimitación de la Línea Marítimo Terrestre, que no ha servido para eliminar todas las construcciones ilegales, pero que ha afectado y perjudicado a 400.000 españoles y extranjeros y a múltiples empresas de distintas actividades al retranquear y modificar, sin criterio igual para todos, el deslinde que los deja fuera de ordenación cuando tenían autorización de Costas y a algunos incluso le vendió el terreno y posteriormente le hizo un deslinde desfavorable cuando estaban inscritos correcta y legalmente en el Registro de la Propiedad.
A los propietarios de viviendas se les ha hecho una verdadera confiscación de bienes que ha dañado intereses legítimos de propiedad, al no ser ni siquiera justamente indemnizados, ya que lo que valoran es solamente la edificación, es decir el vuelo, porque el suelo, como pasa a ser de titularidad pública, no lo tasan. A los titulares de empresas y propietarios de marismas y salinas, al quitarles la propiedad, les privan de un valor importante a efectos de servir de aval para obtención de créditos bancarios para inversiones, posibilidad que no se obtiene por una concesión de uso por un número determinado de años con la que tratan de compensarles. Otro efecto perverso es que esos terrenos de uso industrial son mantenidos en perfecto estado de conservación por su propia actividad y ahora se están deteriorando porque el nuevo titular que es el Estado no tiene medios para su mantenimiento. También se ha hecho un daño importante a la actividad socio-económica de la zona al haberse paralizado una serie de importantes proyectos de desarrollo de salinas y acuicultura en la provincia de Cádiz, una actividad esta última llamada a compensar los graves problemas que viene padeciendo el sector pesquero extractivo
La mayoría de los afectados han recurrido judicialmente, a título particular, consiguiendo que se admitan todos a trámite pero también se pierden casi todos cuando la realidad es que se conculca el derecho a la propiedad que ampara la Constitución Española, la Europea y la Carta de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos en España los afectados, en su inmensa mayoría, se están agrupando para denunciar esta situación ante el Parlamento europeo y el Tribunal de Derechos Humanos confiando poder conseguir por esta vía lo que la justicia española les deniega.
Ya han conseguido que les oigan en Europa, como la eurodiputada Auken que reunió recientemente a más de 700 afectados en Alicante y autora de un informe votado favorablemente que considera inaceptable la actuación de la justicia española en la aplicación de esta ley y el español Carlos Iturgáiz, que es vicepresidente de la Comisión de Peticiones, donde se les dará próximamente trámite de audiencia para que puedan explicar su problema. También el gobierno español ha sido citado a explicar la ley de Costas que ha provocado las quejas masivas ante el Parlamento europeo.
Los problemas fundamentales que denuncian los afectados son el carácter retroactivo de la aplicación de la ley; la falta de un criterio general que dé a todos los deslindes el mismo tratamiento y evite que el trazado haga unos zigzag que coinciden con determinados intereses o caprichos técnicos y la falta de una indemnización justa a la propiedad confiscada. También los afectados han podido comprobar la desinformación que tienen en Europa sobre su problema porque confunden o mezclan temas de la ley de Costas y sus miles de afectados españoles y extranjeros con otro problema que afecta también a extranjeros que han comprado viviendas o propiedades en España y tienen problemas de legalidad urbanística ajenos a la ley de Costas.