El Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde público
El calvario ya ha terminado. Han sido 20 años de lucha, de pleitos, de desgaste económico, físico y moral pero al final la justicia ha dado la razón a los 56 propietarios de las viviendas de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña.
La última sentencia del Tribunal Supremo anula dos autos de la Audiencia Nacional, de enero y mayo de 2008, en los que se instaba a los propietarios a la ejecución de un segundo deslinde con los mismos límites que el primero y a la inscripción preventiva del dominio público de los apartamentos en el Registro de la Propiedad. El primer deslinde, realizado por Costas en 1989 y que supuso que el terreno sobre el que se edificaron estas viviendas pasara a ser público y la propiedad de los apartamentos a manos del Estado, fue anulado por la propia Audiencia Nacional en 1996.
La nueva decisión del Supremo refrenda así la última resolución del Tribunal Constitucional, fechada en noviembre de 2009, y que ya determinó que la propiedad de los títulos de los apartamentos pertenecían a las familias y no al Estado. Unas sentencias que han puesto punto final a esta lucha judicial, ya que no cabe la posibilidad de recurso alguno y que han sido recibidas con «muchísima alegría» por los 56 propietarios.
«La justicia es lenta pero al final llega», asegura Isidro Goñi, propietario y portavoz de estos vecinos. «Estábamos confiados en que iba a ser así, ya que tenemos una base sólida de que esto lo habíamos comprado legalmente». Y es que estos apartamentos adosados se edificaron en 1966 tras calificarse el suelo como urbano.
Nulidad de todos los actos
Atendiendo al recurso de casación presentado por los propietarios, el Supremo anula los dos autos y ordena a la Sala de Instancia de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional «que sustancie el incidente promovido por la representación procesal de los recurrentes a fin de decidir acerca de la pretensiones por ésta formuladas en el escrito presentado ante la Sala, en noviembre de 2007».
Un escrito en el que la comunidad de 'Nueva Berria' pedía que «se declaran nulos todos los actos dictados por la Administración demandada para la incoación de un nuevo deslinde contrario a los pronunciamientos firmes».
Ahora, los vecinos están esperando a que se pronuncie la Dirección General de Costas y anule el deslinde que está en vigor. «La abogada nos ha dicho que lo harán en unos tres meses», señala Goñi.
Hay que remontarse hasta 1990 para encontrar el origen de este interminable litigio.
En ese año, una orden ministerial incluía a la comunidad de propietarios de 'Nueva Berria' dentro de la linea de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre. La comunidad perdió así, de la noche a la mañana, todos los derechos de propiedad sobre sus bienes. Lo demás ha sido un 'vía crucis' de pleito tras pleito.
En 1996 la Audiencia Nacional reconoció que 'Nueva Berria' no debía incluirse en la zona marítimo terrestre trazada en el deslinde de 1990 por lo que ordenó a Costas que procediera a un nuevo deslinde que excluiría estos bienes.
Pero el abogado del Estado recurrió esta decisión y el proceso se fue demorando. Hasta diez juicios se han llevado a cabo para determinar la propiedad de estas viviendas. «Unos contenciosos en los que los tribunales -cuenta Goñi- han fallado siempre a nuestro favor pero Costar recurría una y otra vez».
«Persecución maquiavélica»
El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.
Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».
Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».
«Persecución maquiavélica»
El portavoz denuncia que Costas y algunos funcionarios han realizado una «persecución maquiavélica» y obsesiva contra 'Nueva Berria'. «Nos tenían en el punto de mira constantemente», dice.
Pero no sólo la insistente postura de Costa ha alargado este conflicto. Según Goñi, el hecho de ser los primeros en Cantabria y en España afectados por la nueva ley de Costas de 1988 también ha sido una complicación. «No teníamos ningún caso de referencia y hemos ido por las dos vías procesales posibles, por la civil y por lo contencioso administrativa, lo cual lo ha alargado aún más», cuenta. "Únicamente teníamos que haber ido por lo contencioso, pero, ante la posibilidad de perder, decidimos también ir por lo civil de manera que si el estado se quedaba con la propiedad de los terrenos al menos recibíamos una indemnización».
Una vez concluida esta pelea judicial, Goñi se pregunta si la Administración les va a resarcir de los agravios que han padecido durante este tiempo. Sabe que no y crítica que la Administración es «inmune e impune y que no le va ocurrir nada por haberles vulnerado principios como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la irretroactividad de los actos declarativos de derechos».
