La Dirección General de Costas dio ayer un nuevo paso a la hora de fijar el deslinde de todo el municipio de Santa Cruz al marcar de forma definitiva la delimitación en Añaza y en Igueste de San Andrés. En la primera zona, Costas aceptó salvar a 32 edificaciones al variar su propuesta inicial de mantenerlas dentro de la zona de protección. Sin embargo, en Anaga, en el otro extremo del municipio, ocurre lo contrario y se verán afectadas 75 fincas, entre las que hay una decena de viviendas que quedan fuera de ordenación y corren el riesgo de ser derribadas en el futuro.En Añaza, el organismo estatal del Ministerio de Medio Ambiente fijó el deslinde de más de tres kilómetros entre el Barranco del Humilladero y el Barranco del Muerto. Costas mantiene una zona de protección de cien metros en todo el trazado, pero acepta dejar fuera de la misma a los núcleos urbanos de Añaza. En este punto se encontraban inicialmente afectadas hasta 32 propiedades, algunas incluso del Ayuntamiento. Hay hasta cuatro grupos de viviendas sociales que pertenecen al organismo público Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA (Visocan).
Esta decisión originó críticas por parte de los colectivos vecinales que fueron finalmente aceptadas por la Dirección General. No obstante, estarán incluidas en la zona de protección varias infraviviendas y algunas zonas deportivas, que podrían desaparecer. Costas acepta que el subpolígono de Añaza se creó en 1987, justo un año antes de la aplicación de la Ley de Costas y por lo tanto no está afectado por esta ley.
Igueste
Peor parado sale el núcleo costero de Igueste, donde la zona de protección se mantiene también en 100 metros e incluso aumenta ligeramente sobre la propuesta inicial. En este caso se verán afectadas 75 propiedades situadas en primera línea de playa, de las cuales una decena son viviendas.
Decepción
Así se deduce de la delimitación definitiva de deslinde publicada también ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que afecta a los cinco kilómetros que hay entre la playa de El Burro y la de Antequera. La decepción era ayer perceptible en el abogado de este grupo de vecinos, José Luis Langa, quien mostraba su estupor por el paso dado por el Gobierno central.
"Me parece increíble que cuando aún hay abierto un frente judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre este asunto, el Ministerio se haya pronunciado ya de forma definitiva", se quejó al referirse al recurso presentado por Costas contra la decisión de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de declarar urbano el núcleo de Igueste y por lo tanto permitir que la zona de protección se fije en 20 metros. Esta resolución judicial ha favorecido a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas.Langa calcula en casi 300 las personas que de una forma u otra está afectadas por este nuevo deslinde. El abogado, al conocer ayer la decisión de Costas, anunció que se va a reunir con los vecinos para informarles de la situación, aunque ya adelantó que seguramente acuerden recurrir ante la Audiencia Nacional esta decisión.
Para Langa es imprescindible un apoyo político sin fisuras para que el Gobierno central comprenda las especificidades del litoral canario. Entre las peculiaridades del nuevo deslinde de Igueste está, por ejemplo, que el faro también entra dentro del dominio público. Sobre el régimen en el que ahora permanecerán estas viviendas y fincas, desde el organismo estatal se recuerda que en realidad se encuentran en terrenos del Gobierno de Canarias.
Legalmente las construcciones y solares quedan fuera de ordenación y por lo tanto su valor catastral será prácticamente mínimo. En las parcelas no se podrá edificar y en las casas ya existentes, que según este abogado tienen en algunos de los casos varios siglos de antigüedad, las obras a realizar serán muy limitadas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo tinerfeño y el Ejecutivo autónomo ya han mostrado su apoyo a los vecinos de Igueste en sus reivindicaciones. Por su parte, el abogado del Estado en su informe inicial consideró que la urbanización de este caserío había sido "casual" y no contaba con los servicios precisos para ser considerada zona urbana.
En el caso de Añaza, las protestas iniciales, planteadas incluso por el alcalde, Miguel Zerolo y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, en una reunión que tuvo lugar en Madrid hace dos años, dieron sus frutos y se consiguió el compromiso de modificar los presupuestos iniciales de este tramo de la costa.