El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó por unanimidad una moción institucional a favor de la Ley 7/2009 de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario, y así proteger a los núcleos costeros de Jover, El Guincho y La Caleta, que están comprendidos dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas nacional, además de dotarlas de los servicios urbanísticos básicos, especialmente de evacuación de aguas residuales que impida su vertido al mar.Además se elaborará un censo de viviendas ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección, establecido por la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. Será una relación de edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, con valoración de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social.
En esta Ley 7/2009, de 6 de mayo, no cabe la legitimación del uso residencial existente. La razón de que la línea de servidumbre se disponga a 100 metros y no a 20 como ocurre en el caso de La Barranquera, responde a que en el PGO vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, los núcleos de Jover, El Guincho y La Caleta no estaban clasificados como suelo urbano.
El Ayuntamiento deberá ordenar como residencial la parte de dichos núcleos que queda fuera de la línea de 20 metros, que es la que correspondería si los mismos fueran declarados por el Ejecutivo canario como asentamientos residenciales preexistentes a la Ley de Costas, si bien la suspensión de la normativa canaria por el Tribunal Constitucional, a instancias del PSOE impide, de momento, poder otorgar seguridad jurídica y certidumbre sobre los derechos patrimoniales a los enclaves urbanos y costeros.
La concejal de Urbanismo, Aymara Calero, señaló que “consideramos de vital importancia la ordenación residencial de la parte de los núcleos costeros que quedan al exterior de la línea de 20 metros. De esta manera, como proponemos en el nuevo PGO, podremos dar servicios a estos enclaves y mejorar sus condiciones de urbanización para que alcancen el carácter de suelo urbano consolidado”.
“De la misma manera, colaboraremos con el Gobierno de Canarias para elaborar el registro de las edificaciones ubicadas en el dominio marítimo terrestre y en sus zonas de servidumbre de tránsito y protección. En el mismo incluiremos el compromiso de instalación de los servicios urbanísticos básicos, especialmente, el sistema de evacuación de aguas residuales que impida su vertido incontrolado al mar y así garantizar el equilibrio ambiental”, finalizó.