Berriel explicó recientemente durante la celebración del II Congreso Canario de Derecho Urbanístico que la intención del Gobierno de Canarias era "intentar conectar la legalidad con la humanidad". "Por eso se hizo una ley", aseguró para recordar el recurso del Estado.
Señaló que a partir de aquí se paralizó "cautelarmente" la ley aunque, según Berriel, se levantó la suspensión de las dos terceras partes de la norma. Ello "apunta a concebir una sentencia favorable a las tesis del Gobierno de Canarias", dijo.
El consejero recordó de igual forma que la Ley de Costas estatal data de 1988 y establece los deslindes marítimo terrestres que "disparan" consecuencias. "Es una Ley muy dura y compleja", admitió el nacionalista que también puntualizó que es constitucional. A pesar de ello, expuso que eso no quiere decir que no haya que humanizar la norma. "Hay que distinguir los casos", aclaró.
Las comunidades autónomas pueden incorporar normas adicionales de protección del litoral. En este intento el MARM consideró que la norma vulnera las competencias del Estado. "El Constitucional mantiene la suspensión del artículo más importante de la ley canaria, con la que el Ejecutivo autónomo pretende proteger núcleos costeros de valor etnográfico afectados por la Ley de Costas estatal", explicó la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Alicia Paz Antolín.
