La lista de propiedades afectadas por el nuevo deslinde Costas en Igueste sigue creciendo. Ya son 22 casas y 98 las fincas rústicas que se han incluido dentro del dominio público. Los vecinos sospechan que hasta otras 22 viviendas pueden encontrarse en esta situación. Esto implicaría que casi la mitad de las propiedades del pueblo quedarán fuera de ordenación, con lo cual estarán condicionadas por una fuerte bajada en el valor catastral y se limitará la ejecución de obras.
La cifra, según el abogado de los vecinos, José Luis Langa, puede ser ya tomada por definitiva después de que durante las últimas fechas hayan llegado notificaciones a los vecinos afectados . En estos escritos, el organismo estatal anunciaba que el deslinde de 100 metros incluía las propiedades de los vecinos, que solicitan que el deslinde sea de 20 metros porque estiman que residen en una zona de asentamientos rurales.
No obstante, se han localizado algunos errores, ya que algunas fincas habían sido vendidas con anterioridad. También se da la circunstancia de que hasta un sólo vecino posee 42 fincas. Pero en su mayor parte casi todos los notificados sólo tienen una o dos propiedades cada uno.
Una vez que Langa ha recogido ya toda la documentación, ahora procederá a analizarla con el fin de presentar posteriormente un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la decisión del organismo estatal.
De forma paralela en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se discute otro recurso presentado por Costas contra la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) después de que este último organismo declarara los asentamientos como urbanos y que, por lo tanto, se aplicara una zona de servidumbre de 20 metros. De esta manera, se salvarían la mayor parte de las propiedades que ahora están afectadas. En este mismo contencioso, el TSJC se decantó a favor de los núcleos costeros de Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga. Por ello, el abogado de la mayor parte de los residentes de Igueste considera que hay posibilidades de que este último asentamiento también corra la misma suerte. Costas, sin embargo, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
La cifra, según el abogado de los vecinos, José Luis Langa, puede ser ya tomada por definitiva después de que durante las últimas fechas hayan llegado notificaciones a los vecinos afectados . En estos escritos, el organismo estatal anunciaba que el deslinde de 100 metros incluía las propiedades de los vecinos, que solicitan que el deslinde sea de 20 metros porque estiman que residen en una zona de asentamientos rurales.
No obstante, se han localizado algunos errores, ya que algunas fincas habían sido vendidas con anterioridad. También se da la circunstancia de que hasta un sólo vecino posee 42 fincas. Pero en su mayor parte casi todos los notificados sólo tienen una o dos propiedades cada uno.
Una vez que Langa ha recogido ya toda la documentación, ahora procederá a analizarla con el fin de presentar posteriormente un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la decisión del organismo estatal.
De forma paralela en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se discute otro recurso presentado por Costas contra la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias (Cotmac) después de que este último organismo declarara los asentamientos como urbanos y que, por lo tanto, se aplicara una zona de servidumbre de 20 metros. De esta manera, se salvarían la mayor parte de las propiedades que ahora están afectadas. En este mismo contencioso, el TSJC se decantó a favor de los núcleos costeros de Tachero, Roque de Las Bodegas y Almáciga. Por ello, el abogado de la mayor parte de los residentes de Igueste considera que hay posibilidades de que este último asentamiento también corra la misma suerte. Costas, sin embargo, ya ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS).
Recordatorio para la Sra Ministra Espinosa:
Artículo 46 de la Constitución Española
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra este patrimonio.