El Vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, asegura que el departamento de relaciones institucionales que dirige estudia una propuesta para "hacer llegar la petición de todos los vecinos afectados al parlamento europeo".
Por esa razón, recogiendo la sugerencia de los alcaldes de Nules y Xilxes, los técnicos encargados del departamento que dirige Vicent Aparici y en base a la reunión que el vicepresidente de la Diputación y la diputada de Turismo mantuvieron en Bruselas con la eurodiputada Marta Andreasen, están estudiando "a través de qué mecanismos la legislación europea permite a los afectados hacer una defensa de sus problemas ante la comisión europea para a partir de ahí reunir a todos los alcaldes e informarles de cuál va a ser el proceso".
Aparici dice no entender la reacción de los alcaldes socialistas de Almenara y Moncofa que critican la reunión mantenida con los alcaldes de Nules y Xilxes, ya que "esta reunión se hubiera mantenido igual con cualquier otro alcalde que la hubiera pedido, como siempre ha hecho la institución, con la diferencia que el planteamiento se hará a todos los alcaldes cuando se tenga el borrador de la propuesta a llevar adelante".
Esta forma de actuar de la Diputación, recuerda Aparici, es muy distinto a la que se ha llevado a cabo por la subdelegación del gobierno que "sólo se ha reunido con el municipio de Almenara y todavía no ha llevado a cabo la reunión con todos los alcaldes demandada hace largo tiempo, sin embargo no hemos oído a los alcaldes socialistas ni una crítica a este respecto".
El vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, concluye que "trasladar el problema de lo que entendemos una mala aplicación de la Ley de Costas al parlamento europeo va a servir para que algunos conceptos que el gobierno socialista intenta fijar de forma equivocada y algunas veces interesada se puedan ver de forma diferente por quienes tienen capacidad para aprobar directivas que afectan a las leyes españolas y por tanto abre una posibilidad para la moratoria y la no retroactividad de la aplicación de la Ley de Costas en España".
