Los enclaves de Tufia, Ojos de Garza o el Anexo II de Playa del Inglés son algunos de los principales quebraderos de cabeza del Estado a la hora de aplicar la Ley de Costas, topándose en muchos casos con las realidades de los vecinos, la incredulidad de las corporaciones locales y las discrepancias del Gobierno de Canarias.
Tan enrevesada está la situación en las Islas que incluso la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas -a la que se han adherido los afectados del citado centro comercial del sur, los de Ojos de Garza y Tufia- mantuvo una reunión la semana pasada con el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien se mostró receptivo a trasladar el ambiente que se respira en el Archipiélago entre los afectados por la aplicación de la Ley a la cúpula de su partido a nivel nacional. De momento, la Asociación se mantiene a la espera de una respuesta que incluya posibles acuerdos.
Situación más que compleja
Y es que la recuperación de las zonas costeras degradadas es, o debería ser, una actuación prioritaria para los gestores del litoral, pero como todas las buenas gestiones exige tener en cuenta la realidad existente. Estos axiomas fundamentales se están obviando de manera continuada en el caso de las Islas.
Muchos de los terrenos que pretende recuperar Costas están habitados desde hace más de medio siglo. Abundan en nuestro litoral los acuerdos de palabra por los que bien la marina o los terratenientes, entonces propietarios de dichas parcelas, permitían construcciones en zonas de inútil uso para sus actividades. Hasta tres generaciones han vivido en estos lugares, construidos y mantenidos con su propio esfuerzo.
Entre los enclaves más antiguos, sirva como ejemplo Tufia. Al no estar incluido en el plan de ordenación, no han contado durante sus más de 50 años de existencia con los servicios de la administración, pero si, han tenido que hacer frente a los pagos y recibos convenientes.
Así lo reconoce José Antonio Perera, alcalde en funciones y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde al hablar del objetivo: «Intentaremos que sean lugares bien integrados en la costa, por lo menos que se puedan identificar los orígenes pesqueros y que la singularidad que tienen se pueda ver en su trama urbana estando bien mantenidos, con la dotación de servicios necesaria y que sean enclaves cómodos, no sólo para vivir sino para visitar como lugares emblemáticos», de la misma manera afirmó que Tufia «no corre peligro, porque el Ayuntamiento peleará con todas su fuerzas para que no desaparezca».
Vías de actuación
Dos vías de actuación responden a la aplicación de la Ley de Costas en Telde. Mientras el abogado de Tufia se posiciona contra los derribos y persigue una modificación de la Ley del Estado por estar blindada -a su juicio, estar cargada de perversiones-, el catedrático de la ULPGC de Urbanismo Carmelo Padrón, acepta la aplicación de la Ley y señala al Gobierno de Canarias para que haga posible el realojo.
Hay que recordar que la Declaración de Tufia y Ojos de Garza como Lugares de Interés Paisajístico y Cultural fueron llevadas al Pleno municipal a petición de los vecinos el pasado 30 de abril y 28 de mayo consecutivamente, contemplando ambas en su conjunto como un núcleo urbano. Y todo ello sin mencionar que en Tufia, por el momento, se han iniciado 22 expedientes en el marco de la Ley de Costas, prácticamente la primera línea de playa en su totalidad. De esos 22, 16 pusieron recurso de alzada y 6 no lo han hecho.
Por lo tanto, y desde el momento que se autorice, Costas puede solicitar el permiso para empezar a demoler, aunque afirman que están esperando para realizar una demolición conjunta. Incluso de los 16 anteriores, hay 14 expedientes resueltos por la Dirección General de Costas y dos pendientes. Y de esos 14, hay 8 propietarios que han interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia de Canarias.
Frente a la problemática de la aplicación de la Ley de Costas, también en esta línea, es decir, aceptando los derribos de las propiedades que estén dentro del Dominio Público Marítimo Terreste (DPMT), pero apostando por un plan de realojo se muestra el catedrático de la ULPGC en Urbanismo, Carmelo Padrón.
¿Dónde y cómo piensan realojar a 400.000 familias y empresas? ¿Con qué dinero y en qué terrenos?