La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada. Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".
El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.