Todos los vecinos del pueblo están afectados, de una u otra forma, por el nuevo deslinde que engulle a más de un centenar de propiedades entre fincas y casas
La decisión de la Dirección General de Costas de fijar el nuevo deslinde de Igueste con una anchura de cien metros ha supuesto un auténtico maremoto. Una gigantesca ola que ha engullido a su paso a más de un centenar de propiedades entre fincas y viviendas que quedan a partir de ahora en un limbo urbanístico. No existe prácticamente ningún vecino que no se vea afectado de una u otra forma por esta medida. El que no tiene una finca o casa que de pronto ha quedado dentro del dominio público, es familiar de alguien que se encuentra en esta situación. Y si no simplemente se solidariza con los demás vecinos del pueblo.
Los términos utilizados van desde "barbaridad" hasta "atraco". Así lo define José Miguel Cruz Vera, quien desde hace años se ha hecho cargo de un terreno situado junto a la playa que es propiedad de unos familiares suyos que residen en Cuba. Se trata de una de las 98 fincas y 22 casas que han pasado a estar dentro del dominio público y cuyo valor prácticamente se ha reducido a cero.
Cruz Vera considera increíble que hasta el antiguo faro o semáforo, como allí lo llaman, y el cementerio de Igueste hayan pasado a ser propiedad del organismo estatal. Por poco metros ocurre lo mismo con la iglesia, construida hace ya más de un siglo, como bien recuerda una placa. Desde que Costas empezó a hacer pública su intención de aumentar la zona de servidumbre, los vecinos comenzaron a movilizarse y a defenderse ante los juzgados. La mayoría de ellos sólo tienen como patrimonio su vivienda o una finca situada en el pueblo. Si Costas las engulle, se quedan prácticamente con lo puesto. "Nos han dicho que nuestras propiedades pierden valor y que así es imposible hacer nada, menos aún venderlas. Esto nos parece una barbaridad a todos", indica este vecino.
Etnográfico
Alberto Navarro sólo reside en el pueblo durante el verano. Su vivienda no está afectada, pero así y todo se solidariza con los demás. "Me parece increíble lo que han hecho. Este pueblo tiene muchos años de antigüedad. En la parte de abajo de la playa hay unas ruinas de lo que fue la empaquetadora de una productora de plátano. Tiene un gran valor etnográfico. Lo mismo ocurre con el cementerio, pero parece que a nadie le importa", dice. Su propia casa tiene entre 70 y 80 años. Por el contrario, Costas, en el informe sobre el que fijó este deslinde, consideraba que el origen de Igueste fue "casual".
La parte del pueblo que se ha visto más afectada por esta decisión es lógicamente la que se encuentra en la esquina izquierda de la playa. Aquí se sitúa una decena de edificaciones, alguna de las cuales alberga casas rurales destinadas al turismo. A la derecha también existen otras tantas viviendas situadas sobre un roque. Luego hay casi un centenar de pequeñas fincas frente a la playa que también son engullidas por Costas.
El propietario de dos de estas huertas s es Felipe Rodríguez Álvarez. "Esto ya es casi todo de ellos. Entre la declaración del Parque Rural de Anaga, con la que nos quitaron lo que teníamos en el monte, y lo de Costas ahora, nos han dejado sin nada".
Este vecino heredó la propiedad de sus padres. No sólo tiene un valor económico, sino también sentimental, ya que durante muchos años estos campos fueron la forma de supervivencia de su familia. "Aquí no hay ni ley ni justicia", concluye.
Desde 1969 hasta hace pocos años, la zona de servidumbre estaba fijada en 20 metros de anchura. Con la aplicación de la nueva legislación, se ha aumentado hasta 100. La decisión originó un auténtico revuelo en el pueblo y a partir de aquí se ha generado un ir y venir de litigios judiciales a veces difícilmente entendibles para estos vecinos y que han ocasionado gastos hasta ahora inesperados. Por ejemplo, Agustín Gil Cruz ha tenido que pagar ya 300 euros en abogados. El deslinde de Igueste ha llegado ya ante la Audiencia Nacional y probablemente hará lo propio ante el Tribunal Supremo (TS).
El Gobierno canario intentó echarles una mano a los vecinos declarando urbano el núcleo, pero la decisión fue recurrida por Costas y ahora permanece anulada de forma cautelar hasta que se resuelva este cruce de recursos y contrarecursos, lo que podría alargarse todavía durante varios años.
En todo este tiempo, los vecinos verán como sus propiedades permanecen congeladas, su valor es mínimo y la posibilidad de ejecutar obras se limita al máximo. Gil Cruz es propietario de una huerta. Considera "totalmente exagerado" que en una isla como Tenerife se aplique una zona de servidumbre tan amplia que llega a engullir casi todo el pueblo. "Eso está bien para la Península, pero aquí no tiene ningún sentido. Lo que al final pase aquí no lo veré yo. Esto quedará para mis hijos y no sé si para mis nietos". Todos estos vecinos han participado en multitud de reuniones, si bien es difícil comprender lo que se les antoja incomprensible.
Los términos utilizados van desde "barbaridad" hasta "atraco". Así lo define José Miguel Cruz Vera, quien desde hace años se ha hecho cargo de un terreno situado junto a la playa que es propiedad de unos familiares suyos que residen en Cuba. Se trata de una de las 98 fincas y 22 casas que han pasado a estar dentro del dominio público y cuyo valor prácticamente se ha reducido a cero.
Cruz Vera considera increíble que hasta el antiguo faro o semáforo, como allí lo llaman, y el cementerio de Igueste hayan pasado a ser propiedad del organismo estatal. Por poco metros ocurre lo mismo con la iglesia, construida hace ya más de un siglo, como bien recuerda una placa. Desde que Costas empezó a hacer pública su intención de aumentar la zona de servidumbre, los vecinos comenzaron a movilizarse y a defenderse ante los juzgados. La mayoría de ellos sólo tienen como patrimonio su vivienda o una finca situada en el pueblo. Si Costas las engulle, se quedan prácticamente con lo puesto. "Nos han dicho que nuestras propiedades pierden valor y que así es imposible hacer nada, menos aún venderlas. Esto nos parece una barbaridad a todos", indica este vecino.
Etnográfico
Alberto Navarro sólo reside en el pueblo durante el verano. Su vivienda no está afectada, pero así y todo se solidariza con los demás. "Me parece increíble lo que han hecho. Este pueblo tiene muchos años de antigüedad. En la parte de abajo de la playa hay unas ruinas de lo que fue la empaquetadora de una productora de plátano. Tiene un gran valor etnográfico. Lo mismo ocurre con el cementerio, pero parece que a nadie le importa", dice. Su propia casa tiene entre 70 y 80 años. Por el contrario, Costas, en el informe sobre el que fijó este deslinde, consideraba que el origen de Igueste fue "casual".
La parte del pueblo que se ha visto más afectada por esta decisión es lógicamente la que se encuentra en la esquina izquierda de la playa. Aquí se sitúa una decena de edificaciones, alguna de las cuales alberga casas rurales destinadas al turismo. A la derecha también existen otras tantas viviendas situadas sobre un roque. Luego hay casi un centenar de pequeñas fincas frente a la playa que también son engullidas por Costas.
El propietario de dos de estas huertas s es Felipe Rodríguez Álvarez. "Esto ya es casi todo de ellos. Entre la declaración del Parque Rural de Anaga, con la que nos quitaron lo que teníamos en el monte, y lo de Costas ahora, nos han dejado sin nada".
Este vecino heredó la propiedad de sus padres. No sólo tiene un valor económico, sino también sentimental, ya que durante muchos años estos campos fueron la forma de supervivencia de su familia. "Aquí no hay ni ley ni justicia", concluye.
Desde 1969 hasta hace pocos años, la zona de servidumbre estaba fijada en 20 metros de anchura. Con la aplicación de la nueva legislación, se ha aumentado hasta 100. La decisión originó un auténtico revuelo en el pueblo y a partir de aquí se ha generado un ir y venir de litigios judiciales a veces difícilmente entendibles para estos vecinos y que han ocasionado gastos hasta ahora inesperados. Por ejemplo, Agustín Gil Cruz ha tenido que pagar ya 300 euros en abogados. El deslinde de Igueste ha llegado ya ante la Audiencia Nacional y probablemente hará lo propio ante el Tribunal Supremo (TS).
El Gobierno canario intentó echarles una mano a los vecinos declarando urbano el núcleo, pero la decisión fue recurrida por Costas y ahora permanece anulada de forma cautelar hasta que se resuelva este cruce de recursos y contrarecursos, lo que podría alargarse todavía durante varios años.
En todo este tiempo, los vecinos verán como sus propiedades permanecen congeladas, su valor es mínimo y la posibilidad de ejecutar obras se limita al máximo. Gil Cruz es propietario de una huerta. Considera "totalmente exagerado" que en una isla como Tenerife se aplique una zona de servidumbre tan amplia que llega a engullir casi todo el pueblo. "Eso está bien para la Península, pero aquí no tiene ningún sentido. Lo que al final pase aquí no lo veré yo. Esto quedará para mis hijos y no sé si para mis nietos". Todos estos vecinos han participado en multitud de reuniones, si bien es difícil comprender lo que se les antoja incomprensible.
