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TAL Y COMO vienen desarrollándose los diferentes procedimientos que la Ley de Costas aplica a lo largo de la costa española, influyendo en el origen de multitud de controversias, hasta el punto de que hoy existen asociaciones de afectados por dicha ley, parece claro que lo más idóneo es... cambiarla. Después del último bochornoso espectáculo de los vecinos que permanecen en Cho Vito al decidir la huelga de hambre como solución al casi inevitable derribo de lo que queda del poblado, las autoridades implicadas (Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento -el alcalde rechazó asistir a la reunión en Madrid-), además de conseguir un exiguo aplazamiento hasta el próximo 30 de noviembre, deben afrontar seriamente el problema (debieron arrostrarlo antes) para buscar una solución definitiva.
Este problema no es exclusivo ni de Cho Vito ni de Igueste de San Andrés ni de El Médano ni de ningún otro asentamiento costero. La decisión que abarque a todos pasa por cambiar la ley, tal y como hizo el Gobierno de entonces al encontrarse con la gran chapuza de la de 1969, que, entre otros disparates, contemplaba la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. La clase política fue la responsable del espantoso deterioro existente, paisaje que tuvo que sufrir una importante transformación a través de una serie de actuaciones que sirvieron para detener los desmanes extendidos formidablemente. ¿Qué hicieron los ilustres ineptos autores de la ley caciquil? Simplemente, cambiarla por la de 1988, inaugurando una serie de cabreos generalizados (justificados) entre ciudadanos que habían cumplido con la primera de las normas..jpg)
Si el ministerio correspondiente cambió la ley de 1969 por la de 1988, ¿qué impide que se acuda a un nuevo cambio para 2011 que calme las aguas embravecidas? Dejemos claro que no estamos pidiendo que el director general de Costas incumpla la ley o que el alcalde de Candelaria lo imite. Las leyes están para cumplirlas. Lo que sucede es que, como sigan así las cosas, muy pronto estarán con el agua al cuello muchos ayuntamientos, que verán cómo en su litoral han surgido trastornos similares. Y tendrán que mojarse. A una ex consejera del gobierno gallego le van a demoler un chalet con piscina situado a 70 metros de la mar. A muchos vecinos de Igueste de San Andrés les ha llegado la terrible comunicación de los dichosos 100 metros, con lo cual, si las autoridades pertinentes no toman cartas en serio, la ley se cargará el pueblo completo, fincas incluidas.
Canarias, principalmente Lanzarote, ha sido la Comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los sesenta, años de crecimiento desmedido y destrozos del equilibrio natural del ecosistema. El cuarenta por ciento de nuestro litoral se encuentra urbanizado, situación que ha sido denunciada por unos pocos y poco observada por muchos. Las luces rojas se encendieron por culpa de la sobresaturación. A los políticos canarios nada les ha importado que nuestro Archipiélago se apoye en un mundo tan frágil como es el del turismo (cenizas del volcán islandés). Sólo el actual presidente, Paulino Rivero, ha manifestado, sin tapujos ni hipocresías, la principal dedicación que debe recibir la vital industria. Los últimos acontecimientos internacionales han obligado a aterrizar en un mundo que no tiene relación alguna con la opulencia vivida hasta anteayer. Y lo que es peor, esa fragilidad no se retoca eficaz y constantemente (hay algunos casos, pero insuficientes). Apenas aparecen en el horizonte unos trozos de preocupaciones que apuntan sólo a rehabilitaciones de establecimientos y a un olvido total del entorno.
Ahora todos piden playas artificiales y puertos deportivos que, sin embargo, constituyen una de las fórmulas más destructivas de la vida marina (qué pena de Garachico).
Insistimos: la Ley de Costas actual, cómo no, debe respetarse. Pero la Dirección General tiene que tener en cuenta que el territorio canario, por su endeblez, no puede ser tratado con la misma óptica con la que se escudriñan la Costa del Sol o la Costa Brava, por ejemplo. Es cuestión de hablar, de informarse y de poner todos los papeles y los arrestos sobre la mesa. Si la ley de 1969 se cambió, por chapucera, por la de 1988, ésta, también por chapucera, puede modificarse con el buen oficio de nuestras dignísimas autoridades... hasta ahora durmiendo la siesta.