El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, la propuesta para modificar la Ley de Costas con el objetivo de "clarificar" la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, una propuesta de PP, CiU y Coalición Canaria (CC) para modificar la Ley de costas con el objetivo de "clarificar", según los proponentes la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
La propuesta fue presentada en durante la Comisión de Medio Ambiente en forma de enmienda la proyecto de Ley de Protección del Medio Marino, que fue aprobado con competencia legislativa plena y, por tanto, remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Durante el debate, el portavoz de CiU, Pere Macías, señaló que la enmienda en cuestión es una "cuestión ineludible para satisfacer las demandas de los ciudadanos, evitar los conflictos entre administraciones y dar respuesta a la condena del Parlamento Europeo" después de producirse "unas interpretaciones legales contrarias al sentido común y contrarias a algunos conciertos constitucionales".
Así, en el texto también se solicitaban cambios "en la aplicación de la ley en situaciones anteriores a su aprobación" como en el caso de "ciudadanos no residentes propietarios de fincas que habían adquirido antes de la Ley de Costas y que, ahora, "a efecto retroactivo, se ven privados de su propiedad", según denunció Macías.
Para el diputado catalán, puede haber una solución "inteligente" para este problema "sin disminuir un ápice los niveles de protección" del medio marino y terrestre y sería "haciendo una definición puntual" de las zonas que evitaría que el problema "se fuera complicando" como ha ocurrido, según dijo, con casos que se han vivido en el último año en todas las costas españolas.
De igual modo se explicó el portavoz del CC, José Luis Perestelo, quien, además, pidió la "participación de las administraciones autonómicas" en este tema para solucionar la situación en los que la Ley de Costas ha dejado "algunas políticas urbanísticas".
Asentamientos
En este sentido, la enmienda también solicitaba la "no consideración de las áreas urbanas a los asentamientos que reúnan las condiciones tales y la determinación de la autoridad competente para fijar la superficie de servidumbre de proyección asignada al deslinde".
Sin embargo, el PSOE, que rechazó la enmienda, considera que "no se trata de un tema que tenga que ver con la Ley de protección del Medio Marino". Para el portavoz socialista, Manuel Díaz, la oposición quiere "jugar a favor de una coyuntura que le proporcione un rédito territorial que no le toca". Por ello, acusó a los partidos que realizaron la propuesta de generar "la inseguridad jurídica que ellos atribuyen a este tema".
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía formuló ayer un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, para que revoque el deslinde del tramo de la costa de Doñana, publicado en el BOE el 2 de septiembre, y dicte uno nuevo modificando su contenido.
Pregunta: ¿por qué el gobierno se niega a modificar la Ley de Costas si existe una solución que protege a los ciudadanos y no desprotege el medio ambiente?
El Congreso rechazó ayer, por 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención, una propuesta de PP, CiU y Coalición Canaria (CC) para modificar la Ley de costas con el objetivo de "clarificar", según los proponentes la definición, entre otros, de conceptos en "la tramitación de deslindes" de la zona marítima, por considerar que su aplicación práctica "genera inseguridad jurídica".
La propuesta fue presentada en durante la Comisión de Medio Ambiente en forma de enmienda la proyecto de Ley de Protección del Medio Marino, que fue aprobado con competencia legislativa plena y, por tanto, remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Durante el debate, el portavoz de CiU, Pere Macías, señaló que la enmienda en cuestión es una "cuestión ineludible para satisfacer las demandas de los ciudadanos, evitar los conflictos entre administraciones y dar respuesta a la condena del Parlamento Europeo" después de producirse "unas interpretaciones legales contrarias al sentido común y contrarias a algunos conciertos constitucionales".
Así, en el texto también se solicitaban cambios "en la aplicación de la ley en situaciones anteriores a su aprobación" como en el caso de "ciudadanos no residentes propietarios de fincas que habían adquirido antes de la Ley de Costas y que, ahora, "a efecto retroactivo, se ven privados de su propiedad", según denunció Macías.
Para el diputado catalán, puede haber una solución "inteligente" para este problema "sin disminuir un ápice los niveles de protección" del medio marino y terrestre y sería "haciendo una definición puntual" de las zonas que evitaría que el problema "se fuera complicando" como ha ocurrido, según dijo, con casos que se han vivido en el último año en todas las costas españolas.
De igual modo se explicó el portavoz del CC, José Luis Perestelo, quien, además, pidió la "participación de las administraciones autonómicas" en este tema para solucionar la situación en los que la Ley de Costas ha dejado "algunas políticas urbanísticas".
Asentamientos
En este sentido, la enmienda también solicitaba la "no consideración de las áreas urbanas a los asentamientos que reúnan las condiciones tales y la determinación de la autoridad competente para fijar la superficie de servidumbre de proyección asignada al deslinde".
Sin embargo, el PSOE, que rechazó la enmienda, considera que "no se trata de un tema que tenga que ver con la Ley de protección del Medio Marino". Para el portavoz socialista, Manuel Díaz, la oposición quiere "jugar a favor de una coyuntura que le proporcione un rédito territorial que no le toca". Por ello, acusó a los partidos que realizaron la propuesta de generar "la inseguridad jurídica que ellos atribuyen a este tema".
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía formuló ayer un requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo, para que revoque el deslinde del tramo de la costa de Doñana, publicado en el BOE el 2 de septiembre, y dicte uno nuevo modificando su contenido.
Pregunta: ¿por qué el gobierno se niega a modificar la Ley de Costas si existe una solución que protege a los ciudadanos y no desprotege el medio ambiente?