La comisión de Peticiones ha debatido más de 40 quejas sobre la aplicación de la ley de costas española. En un debate tenso intervinieron 19 ciudadanos procedentes de España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, que lamentaron su situación de "indefensión jurídica" ante una ley aplicada de forma "injusta".
La comisión de Peticiones debatió el impacto de la ley de costas en Canarias, Valencia, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Baleares. El debate fue organizado en bloques. En el primer bloque expusieron sus casos los peticionarios, uno por cada una de las regiones afectadas. A continuación, intervinieron la Comisión Europea y los eurodiputados y, por último, tomaron la palabra otros ciudadanos afectados que así lo solicitaron. Los peticionarios dispusieron de tres minutos de turno de palabra cada uno y los eurodiputados de uno.
Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".
Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"
Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.
El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.
Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.
Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.
El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".
Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.
Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos".
Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas", ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.
Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.
María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".
Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.
Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".
El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación", opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento no pueda hacer nada al respecto.
La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.
Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".
Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "quizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se necesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", opinó.
La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.
Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.
Los miembros de la comisión de Peticiones decidieron, transcurrido el debate, aplazar a la próxima reunión de coordinadores (portavoces de los grupos políticos, que se celebrará el 14 de junio) la decisión sobre qué medidas tomar para dar seguimiento a la discusión de hoy. La presidenta de la comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni (PPE, Italia), explicó que "la atribución de responsabilidades no nos compete a nosotros, aunque está claro que hay derechos que se están pisoteando y ahí pensamos intervenir, sin violar el principio de subsidiariedad ni entrar en conflictos nacionales".
Aplicación "retroactiva" y "arbitraria"
Los peticionarios criticaron, en líneas generales, la aplicación con carácter retroactivo de la ley de costas, que ha llevado a la demolición de muchos inmuebles sin indemnizar a los propietarios. Carmen del Amo declaró que "no me satisface la modificación de la ley que se ha presentado y espero que se respete la propiedad privada y que se devuelva lo que se ha confiscado". Jon Iturribarria explicó que el título de propiedad de su molino se remonta al año 1683. "Estamos hablando de cinco siglos, ¿no es un caso de retroactividad?, preguntó.
El representante del peticionario mallorquín Pedro López Rodríguez tomó la palabra fuera de turno y, junto con otros peticionarios, mostró carteles en los que se leía "Democracia real ya". Después de las intervenciones de los eurodiputados, se disculpó por su "infortunada intervención". "Pido disculpas, pero estamos muy indignados y así lo demostramos", señaló. A continuación, expuso el caso de su familia, que posee una propiedad al sur de Mallorca afectada por la ley de costas y lamentó el carácter "arbitrario" de esta normativa.
Por su parte, Pilar Embeita calificó la ley de costas de "violación de los derechos humanos y de la presunción de inocencia". "Estamos ante una situación de acoso y derribo por parte de los poderes públicos españoles la "aplicación arbitraria de la ley de costas". "Nuestras propiedades han sido confiscadas y no nos van a dar ninguna compensación", subrayó José Pérez, y agregó que esta actuación atenta contra los derechos humanos.
Situación "injusta"
Gabriela Mayans, de Formentera, señaló que "cuando hablamos de injusticia hablamos de que todos los grandes grupos hoteleros de la isla han quedado fuera del deslinde mientras que pequeños propietarios han sido incluidos", apuntó.
El peticionario holandés Jan Van Stuyvesant declaró que "hay proyectos financiados por dinero comunitario que incurren en los errores que se trataban de evitar".
Sin compensación
Timoteo Giménez aseguró que se trata de "casos de expropiación sin compensación". Por su parte, uno de los peticionarios británicos dijo "esperar que la comisión de Peticiones adopte acciones ulteriores". "Por favor, no podemos dejar la situación como está", concluyó.
Intervenciones de los eurodiputados
Carlos ITURGAIZ (PPE) lamentó lo "poco que se ha avanzado" en este asunto y destacó que es necesaria una ley "coherente, lógica y racional". "Estamos en contra de esta ley y de su aplicación retroactiva y arbitraria", añadió Iturgaiz, quien aseguró que su grupo apoya "que se supriman algunos artículos que no reconocen los derechos de ciudadanos".
Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) afirmó que su grupo "está de acuerdo con Ley de Costas", ya que en España el litoral estaba lleno de hormigón, lo que hacía necesaria una ley. Sin embargo añadió que no está de acuerdo "con su aplicación arbitraria", que ha permitido construir, entre otras obras, grandes hoteles y urbanizaciones.
Rosa ESTARÁS (PPE) dijo que "La Ley de Costas tuvo una intención positiva pero su aplicación ha generado inseguridad jurídica, desazón y desesperanza" en los afectados. "El Gobierno de España tiene que rectificar esta situación", manifestó.
María MUÑIZ (S&D) recalcó que la Ley de Costas es de 1988, y "el PP no la cambio en 8 años". Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en un caso "muy similar" en Francia aduciendo que en estos casos prevalece el interés público frente al privado. Según la diputada, la aplicación de la Ley ha sido correcta en el 92 por ciento de la costa, y sólo ha habido problemas en el 5 por ciento, por lo que no se puede considerar "discriminatoria".
Miguel Angel MARTINEZ (S&D) opinó que la ley es "eficaz, modélica y compleja en su aplicación", y la Comisión Europea no cree que se viole la normativa europea. "España es un Estado de Derecho que no puede ponerse en tela de juicio aquí", comentó el diputado, antes de señalar que los tribunales han fallado en contra del 90% de las quejas presentadas por los denunciantes.
Antolín SANCHEZ PRESEDO (S&D) manifestó que la Ley de Costas data de 1988, por lo que "distintos gobiernos" han podido modificarla y no lo han hecho. Dijo que esta ley pretende "evitar la degradación y responder a problemas actuales como el cambio climático".
El británico Roger HELMER (Conservadores y Reformistas Europeos) opinó que "España no está respetando el derecho de propiedad y por eso no se puede decir que exista el Estado de Derecho". "El gobierno español no puede ignorar esta situación", opinó el diputado antes de lamentar que el Parlamento no pueda hacer nada al respecto.
La eurodiputada danesa Margrete AUKEN (Verdes/ALE) dijo que las costas españolas necesitan protección y "si no se han gestionado correctamente es obvio que haya problemas". Lamentó que hay "hoteles por todas partes", lo que es señal de que "algo no funciona". Por ello, sugirió hacer un nuevo informe parlamentario centrado en las costas, ya que la UE sí tiene competencia en ello.
Teresa JIMENEZ-BECERRIL (PPE) defendió en su intervención a las empresas salineras de Cádiz afectadas por la Ley de Costas, ya que, en su opinión "se las han arrebatado sin compensaciones justas. "Tenemos la obligación de defender sus derechos y que el gobierno español corrija", comentó la diputada, quien añadió que estos casos "afectan a la imagen de España".
Izaskun BILBAO (Grupo Liberal Europeo) afirmó que "quizás la ley española fue necesaria, aunque su gestión ha sido incorrecta". "Se necesitan soluciones urgentes a las discriminaciones que se están dando", opinó.
La británica Marta ANDREASEN (Europa de la Libertad y de la Democracia) se preguntó por qué la Comisión Europea sigue dando ayudas públicas a las regiones donde se dan estas anomalías.
Comisión Europea
El representante de la Comisión Europea subrayó que en los casos denunciados "no se puede aplicar la legislación comunitaria" aunque aseguró que esta Institución "está en permanente contacto con las autoridades españoles" para actuar en el caso de que se produjesen discriminaciones, aunque "de momento no creemos que haya discriminaciones", aseguró.