El Tribunal Superior de Justicia considera que Costas podía haber localizado el domicilio del propietario pese a que le devolvieran las cartas dos veces
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha anulado la orden de demolición de una casa ubicada en la playa de Los Urrutias porque la Demarcación de Costas no notificó el acuerdo a sus propietarios en la forma que marca la legislación vigente.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la Demarcación de Costas, mediante resolución de 26 de septiembre de 1991, acordó recuperar de oficio la posesión del dominio público marítimo terrestre «indebidamente ocupado mediante una edificación».
Este organismo acordó también requerir al propietario para que procediera a la demolición del edificio, con apercibimiento de que en caso contrario lo haría la propia Administración y le pasaría el importe de los trabajos de derribo.
La notificación fue intentada en dos ocasiones, siendo devueltas en ambos casos, por lo que Costas procedió a su inserción en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Cartagena.
El TSJ, al dar la razón al demandante, reconoce que la administración trató en dos ocasiones de notificarle el acuerdo y que no lo consiguió por ser incorrecto el domicilio, pero añade que tenía a su alcance otras vías para averiguar cuál era el correcto, por lo que anula el acuerdo de ejecución forzosa del derribo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la Demarcación de Costas, mediante resolución de 26 de septiembre de 1991, acordó recuperar de oficio la posesión del dominio público marítimo terrestre «indebidamente ocupado mediante una edificación».
Este organismo acordó también requerir al propietario para que procediera a la demolición del edificio, con apercibimiento de que en caso contrario lo haría la propia Administración y le pasaría el importe de los trabajos de derribo.
La notificación fue intentada en dos ocasiones, siendo devueltas en ambos casos, por lo que Costas procedió a su inserción en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Cartagena.
El TSJ, al dar la razón al demandante, reconoce que la administración trató en dos ocasiones de notificarle el acuerdo y que no lo consiguió por ser incorrecto el domicilio, pero añade que tenía a su alcance otras vías para averiguar cuál era el correcto, por lo que anula el acuerdo de ejecución forzosa del derribo.