El Parlamento de Canarias ha solicitado hoy por unanimidad al Gobierno central el traspaso de las competencias de costas, o al menos la cogestión
La Cámara regional ha reclamado también unánimemente al Gobierno de España que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Costas, aprobada en 2009 para evitar la aplicación de la Ley de Costas estatal a los asentamientos costeros en el litoral de las islas.
La iniciativa fue promovida por Ignacio González, portavoz adjunto de CC-PNC-CCN, y apoyada por el resto de los grupos, con enmiendas incorporadas de PSOE y PP.
El Gobierno central recurrió la Ley de Costas de Canarias al considerar que invadía competencias del Estado en su intento de proteger del derribo de asentamientos urbanos consolidados junto al mar.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que pida una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado para el traspaso de funciones y servicios en materia de costas.
Si eso no fuera posible, añade el acuerdo parlamentario, se pide al menos la participación de la Comunidad Autónoma junto con el Estado en la gestión de costas para adecuarla "a las especificidades de las islas".
Este matiz fue introducido por el PSOE, al considerar que la asunción de las competencias en costas podría ser sólo posible con una reforma del Estatuto de Autonomía.
Por iniciativa del PP se pide al Gobierno central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas Canarias, que establece como áreas urbanas en el litoral todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
El diputado de CC-PNC-CCN Ignacio González valoró el consenso de la Cámara, al tratarse de un asunto competencial, y recordó que el acuerdo del Gobierno canario con el PSOE incluye la cogestión en materia de costas con el Estado.
Desde hace 30 años Canarias tiene competencias exclusivas en la ordenación de su litoral, por lo que para Ignacio González es una contradicción que se pueda ordenar, pero no gestionar las costas.
Subrayó que otras comunidades en las que las costas no son tan importantes tienen las competencias, como Cataluña y Andalucía.
La falta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura impidió que se traspasara la competencia a la Comunidad Autónoma, indicó.
Pero "no podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera para que se inicie el proceso de traspaso de lasa funciones y servicios en materia de costas", afirmó.
Para González, es importante que Canarias gestione sus costas para evitar que la Ley de Costas estatal se aplique en las islas sin tener en cuenta sus particularidades, lo que lleva a deslindes "disparatados" como en Famara (Lanzarote) y a que se derriben poblados como el de Cho Vito, en Tenerife.
La diputada del PP Cristina Tavío consideró que si el Gobierno central retira su recurso de inconstitucionalidad no hará falta esperar a que se constituya un nuevo Gobierno central para buscar soluciones a los asentamientos.
"No hay que esperar las competencias en costas para resolver el problema", dijo Tavío.
Manuel Fajardo, del PSOE, consideró apropiada la iniciativa por "la preocupación general" en la aplicación en de la Ley de Costas estatal en Canarias, y defendió la cogestión de las competencias con el Estado.
Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto de Autonomía, de manera que la cogestión "allana el camino" mientras tanto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, advirtió de que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto de Autonomía a juzgar por el mapa político que se puede generar en España" tras el 20 de noviembre.
La iniciativa fue promovida por Ignacio González, portavoz adjunto de CC-PNC-CCN, y apoyada por el resto de los grupos, con enmiendas incorporadas de PSOE y PP.
El Gobierno central recurrió la Ley de Costas de Canarias al considerar que invadía competencias del Estado en su intento de proteger del derribo de asentamientos urbanos consolidados junto al mar.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias a que pida una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el Estado para el traspaso de funciones y servicios en materia de costas.
Si eso no fuera posible, añade el acuerdo parlamentario, se pide al menos la participación de la Comunidad Autónoma junto con el Estado en la gestión de costas para adecuarla "a las especificidades de las islas".
Este matiz fue introducido por el PSOE, al considerar que la asunción de las competencias en costas podría ser sólo posible con una reforma del Estatuto de Autonomía.
Por iniciativa del PP se pide al Gobierno central que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas Canarias, que establece como áreas urbanas en el litoral todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
El diputado de CC-PNC-CCN Ignacio González valoró el consenso de la Cámara, al tratarse de un asunto competencial, y recordó que el acuerdo del Gobierno canario con el PSOE incluye la cogestión en materia de costas con el Estado.
Desde hace 30 años Canarias tiene competencias exclusivas en la ordenación de su litoral, por lo que para Ignacio González es una contradicción que se pueda ordenar, pero no gestionar las costas.
Subrayó que otras comunidades en las que las costas no son tan importantes tienen las competencias, como Cataluña y Andalucía.
La falta de acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura impidió que se traspasara la competencia a la Comunidad Autónoma, indicó.
Pero "no podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en la disposición transitoria tercera para que se inicie el proceso de traspaso de lasa funciones y servicios en materia de costas", afirmó.
Para González, es importante que Canarias gestione sus costas para evitar que la Ley de Costas estatal se aplique en las islas sin tener en cuenta sus particularidades, lo que lleva a deslindes "disparatados" como en Famara (Lanzarote) y a que se derriben poblados como el de Cho Vito, en Tenerife.
La diputada del PP Cristina Tavío consideró que si el Gobierno central retira su recurso de inconstitucionalidad no hará falta esperar a que se constituya un nuevo Gobierno central para buscar soluciones a los asentamientos.
"No hay que esperar las competencias en costas para resolver el problema", dijo Tavío.
Manuel Fajardo, del PSOE, consideró apropiada la iniciativa por "la preocupación general" en la aplicación en de la Ley de Costas estatal en Canarias, y defendió la cogestión de las competencias con el Estado.
Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto de Autonomía, de manera que la cogestión "allana el camino" mientras tanto.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, advirtió de que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto de Autonomía a juzgar por el mapa político que se puede generar en España" tras el 20 de noviembre.