Por Paz Villalobos Nicieza, abogada, letrada-jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Laredo
Son cuantiosos los supuestos de daños catastróficos en nuestras costas, especialmente en los meses de septiembre a marzo, como consecuencia de vientos superiores a 100 Km/hora y la conjunción de la pleamar o mareas equinocciales. Como ejemplo del tipo de riesgos podemos citar los temporales de 30 de enero de 1.990, 11 de marzo de 2.008, 24 de enero de 2.009 y 9 de noviembre de 2.010, con olas de 19´77, 26 y 13´14 metros de altura, todos ellos con vientos de 99 hasta los 140 Km/hora. El record lo obtuvo el temporal del 24 de enero de 2.009, que alcanzó los 140 k/h y altura de olas de hasta 26 metros. A ellos se suma el de los pasados días, 15 a 17 de diciembre, con olas de 8 metros de altura, que produjeron cuatro heridos en la Cornisa Cantábrica y cuantiosos daños, rotura de árboles y de los cordones dunares de protección en muchas de nuestras playas y puntales arenosos.
A raíz de lo acaecido en la península durante los primeros días de noviembre de 2010, fue adoptado el acuerdo del Consejo de Ministros, en su reunión de 12 de noviembre de 2010, en el cual se enumeran los daños sufridos en nuestro litoral.
“El fuerte temporal que ha afectado desde el pasado fin de semana a diversas zonas de la península, especialmente a Galicia y la cornisa cantábrica, ha provocado la pérdida de vidas humanas, un desaparecido, el desbordamiento de ríos, cortes en carreteras, el amarre de flotas pesqueras, alteraciones en vuelos y considerables daños materiales en vías públicas, paseos marítimos, puertos y establecimientos mercantiles y viviendas costeras.
Concretamente, el día 7 de noviembre la Agencia Estatal de Meteorología emitió alertas de nivel rojo por vientos y fenómenos costeros de gran intensidad en las costas de Lugo y A Coruña para el día 8. Dicho aviso fue extendido al resto de la Costa Cantábrica para el día 9 de noviembre, situación que se mantuvo durante todo la jornada.
Igualmente, el 7 de noviembre se declararon alertas de nivel naranja para el día siguiente en las áreas costeras de Pontevedra, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cádiz, Granada, Almería, Ceuta, Melilla e Islas Baleares. Esta alerta naranja se extendía a otras zonas interiores del país, manteniéndose el nivel de aviso, según las zonas, incluso hasta finales del día 10.
Entre las consecuencias más graves de estos fenómenos, cabe destacar dos fallecimientos como consecuencia del temporal en Galicia.
En la ciudad de A Coruña, el fuerte temporal ha provocado el derribo de la balaustrada del Paseo Marítimo y ha afectado a otros elementos del mobiliario urbano y a una toma de agua, causando la inundación de una parte de la calzada. Además, el mar desplazó piedras de grandes dimensiones y provocó desperfectos en el mobiliario urbano de la zona de Las Esclavas. En Lugo, la fuerza del mar ha destruido parte del muelle de San Cibrao y ha causado daños en casetas de pescadores en Cervo. En la provincia de Pontevedra, la intensidad del viento provocó varios accidentes de tráfico y cortes en la A-55, que une Vigo y O Porriño.
En Asturias, los fuertes vientos, las persistentes lluvias y el oleaje han causado numerosos daños materiales en todo el litoral de la región. Ribadesella, Llanes, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Castrillón, Cudillero, Valdés y Tapia de Casariego han sido las localidades más afectadas por el temporal, que ha provocado inundaciones en calles y ha originado muchos desperfectos en viviendas, muelles, arenales, establecimientos comerciales y otros equipamientos urbanos. En Gijón, la conjunción del fuerte oleaje con el horario de la pleamar ha causado que el río Piles se desbordara de forma parcial y ocasionara desperfectos en la playa de San Lorenzo, donde el mar arrancó quince metros de barandilla y causó daños en el mobiliario urbano del entorno. En Avilés, los efectos del temporal se han dejado sentir con especial intensidad en la playa de Salinas, donde el fuerte oleaje arrastró troncos y ramas que pusieron en peligro a la población local.
En Cantabria, la ciudad de Santander ha sufrido intensas precipitaciones y rachas de vientos que llegaron a alcanzar los 100 kilómetros por hora. En concreto, se han producido daños significativos en la zona de la segunda playa de El Sardinero, donde el temporal se ha llevado unos cincuenta metros de la barandilla del paseo marítimo, ha arrastrado la arena a la calzada y ha obligado a acordonar este área para evitar daños personales. Las olas de la costa cántabra han llegado hasta los trece metros de altura en playa de la Virgen del Mar y hasta los diez metros en la costa de Santoña, y se han registrado daños en las localidades de Ribamontán al Mar, Mogro, Somo, Galizano, Santoña, Laredo y Castro Urdiales, donde se inundaron algunas zonas urbanas.
En el País Vasco, destaca el socavón de aproximadamente quince metros que se produjo en el Paseo Nuevo de San Sebastián. El desperfecto ha afectado a los dos carriles de la calzada y la acera peatonal, impidiendo el tránsito de vehículos. Además, se han producido desprendimientos en la N-634, concretamente en el tramo comprendido entre Zarautz y Zumaia, así como daños en el mobiliario urbano de varias localidades costeras.
Con carácter general, cabe reseñar que la intensidad de los vientos ha afectado con diferente incidencia a numerosos puntos de la geografía española, dando lugar a incidentes de carácter leve en ciudades como Logroño o a caídas de árboles y otros daños materiales aislados en localidades de la costa levantina como Cartagena…
…Todos estos perjuicios se han producido a pesar de los esfuerzos que las distintas Administraciones con competencia en esta materia llevaron a cabo en este tiempo, tanto en labores de prevención como en actuaciones desarrolladas durante la emergencia…”
El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, establece un procedimiento de tramitación de ayudas que resulta adecuado para su aplicación a los hechos extraordinarios, no sólo para paliar los daños sino también con carácter preventivo. Ahora bien, sólo resulta operativo en ese tipo de situaciones.
Es evidente, por tanto, a mi juicio, que resulta esencial activar todos los medios que establece la legislación vigente para la prevención de daños. Especialmente dada la situación de riesgo creada por actuaciones públicas sin la debida estimación de impactos. Son las dos Administraciones actuantes en los estuarios, regional y estatal, quienes han de acometer los estudios precisos para determinar y corregir la situación de riesgo actual en todos estos puntos negros de nuestras costas, con la colaboración y participación de los Ayuntamientos, hasta ahora ignorados, en el diseño de las estrategias de planificación y gestión integrada del litoral.
En el informe elaborado por esta Letrada para el Ayuntamiento de Laredo en Cantabria en el pasado mes de marzo, revisado en el mes de abril, fueron analizados los perniciosos efectos de la recuperación de concesiones de marismas en otros puntos de los estuarios, puntales arenosos, sistemas dunares, terrenos de propiedad privada, derivados de la alteración del prisma de marea. El Plan de Recuperación de concesiones en el estuario del Asón, Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, contempla la recuperación de más de 70 concesiones, de las cuales, solo en un 70% como máximo fueron objeto de análisis en el Estudio Morfodinámico encargado a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria dentro del expediente de Deslinde de la Playa del Regatón, aprobado por O.M. de 8 de febrero de 2.011.
Las que se observan en azul oscuro no han sido objeto de análisis en el estudio mencionado, encargado únicamente como justificación del deslinde.
Actualmente, según el informe, algunas de las antiguas concesiones se mantienen en uso, mientras que otras se han recuperado o se encuentran abandonadas y en proceso de naturalización. Como destacaba este informe de la Universidad, la progresiva recuperación de estas zonas, supondrá cambios hidromorfológicos del estuario que afectarán a la estabilidad de la playa del Regatón y reducción del Puntal de Laredo.
Asimismo, D. Francisco Martín, entonces Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabría, --actualmente integrado en IH CANTABRIA, en la Jornada del pasado 17 de febrero de 2011, organizada por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, en una magnífica exposición, puso de manifiesto la interacción de todos los ecosistemas dentro de un estuario y que los de Cantabria han visto reducida su área inundable de forma notable, reducción “que ha generado una morfología diferente a la original, tanto en las zonas ocupadas como en el resto del estuario”. En este sentido, añadió, que esa diferente morfología origina comunidades diferentes, pero también valiosas. En su opinión, la Ley de Costas permitirá recuperar algunas de las zonas ocupadas y restituir la dinámica original de las mismas en todos los estuarios “lo que acarreará cambios, también en otras zonas del estuario”.
De ello resulta que cada Proyecto de recuperación de una marisma, cualquier tipo de actuación pública en un estuario, debe ser estudiada y analizar sus efectos sobre la morfodinámica y equilibrio del sistema y en la regresión de la costa.
Sin embargo, muy pocas son las actuaciones y proyectos que integran tales estudios o son sometidos a Evaluaciones de Impacto ambiental que, en todo caso, resultan insuficientes. En el supuesto de las marismas del estuario del Asón ya recuperadas no ha sido efectuado estudio alguno.
El Puntal de Laredo en el espacio comprendido entre la playa del Regatón y la Avda. de los Derechos Humanos podría verse convertido en 10, 50, o 100 años en una marisma, según el estudio de IH Cantabria, en cuanto más sujeto a los eventos de inundación, simplemente por la recuperación de las concesiones de marismas coloreadas en azul claro, sin evaluación previa de impactos, ni adopción de medidas correctoras.
Otro ejemplo de estas afecciones graves a terrenos urbanos, como consecuencia de la ejecución de obras y proyectos públicos, lo tenemos en el municipio de Noja. Según el estudio de la Asistencia Técnica que presenta Costas, realizado por el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria, para efectuar el deslinde de Noja, lo que se pretende es, asimismo, la ejecución del Plan de recuperación de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Se basa el estudio en que si se abren los diques de la Marisma Joyel, aunque sea unos metros, y se retiran los rellenos del Camping los Molinos (no dice nada de las presas de los molinos de marea), se inundaría la marisma como antes del siglo XV, y aunque únicamente se inundará la marisma según una ortofoto que incorpora el estudio, llegaría a afectar de tal forma al equilibrio de la playa y la anchura de la desembocadura que precisan las fincas de Castrejón, terrenos urbanos de los Campings Playa Joyel y Suaces, Apartamentos Turísticos Ris, carretera municipal, y otros suelos urbanos, como reserva para subsanar esos efectos destructivos de su Plan. A costa, como en el caso de Laredo, de legítimas propiedades del municipio y de particulares, terrenos continentales inactivos desde hace más de trescientos años.
En informes periciales del Ingeniero especialista en puertos, Jesús Merino Fernandez, aportados al expediente de deslinde, se ofrecen soluciones de menor intervención que producen el efecto de mejora de la marisma sin necesidad de afectar o inundar la carretera de Noja a Soano o fincas nunca pertenecientes a la marisma. No se ha dado respuesta aún a los recursos presentados en el mes de marzo pasado.
La ejecución de este Plan, que afecta a 11 municipios de Cantabria, y la ausencia de cualquier medida de protección de los sistemas dunares y playas actuales, es lo que justifica la ampliación de dominio público en los deslindes aprobados este mismo año, a costa de terrenos originariamente de propios de los Ayuntamientos, hoy en parte de particulares, integrados en la zona de Reserva del PORN.
Ahora pretenden asociarse a las marismas, provocando desde hace tiempo, mediante actuaciones parciales ya ejecutadas, reconocidas en el informe de IH Cantabria, graves deterioros en los cordones dunares activos, dunas terciarias protegidas por la Directiva Hábitat y playa seca, integrados en la Red ecológica europea Natura 2.000.
De lo que no existe estudio alguno conocido hasta la fecha, de una forma integral e integrada, es de las causas del deterioro progresivo que está sufriendo la Playa Salvé y su sistema dunar, la zona de Restaurantes, aparcamiento, el Paseo Marítimo. Desconocemos en la actualidad cual sea el origen de los gravísimos daños y alteraciones morfodinámicas que está sufriendo. No sabemos si las obras públicas ejecutadas en los últimos años, unidas a la incidencia de las marismas ya recuperadas, sumada a otras causas naturales o artificiales, o bien la extracción de áridos por los dragados que se efectúan periódicamente y su depósito en zonas inadecuadas o fuera del sistema, pueden haber forzado pérdida de sedimentos o un cambio en el sentido de las olas produciendo un giro en la playa y afectando a las zonas urbanas.
Las playas giran, metafóricamente hablando, como un girasol, en el sentido de las olas, según pudimos conocer en una charla protagonizada por D. Raúl Medina Santamaría a la que asistí recientemente junto con Alcalde D. Ángel Vega Madrazo. Cualquier obra marítima, según su conferencia del 6 de julio de 2.010, pronunciada en Asturias, produce una alteración de las olas, cambia las olas y las playas responden a ese cambio. Tal vez no sea descabellado, en algunos casos, a la vista de la descapitalización de arena y erosión existente en nuestra playa, formación de dunas sobre el Paseo Marítimo, amontonamiento de arena contra diques o el puerto y el punto en el cual se vierten las procedentes de dragados.
Inclusive todas o algunas de estas causas superpuestas.
Lo que no podemos admitir es que, después de todas las actuaciones y obras públicas ejecutadas en los últimos años sin evaluación de impacto ambiental, ni adopción de medidas de protección alguna de otros ecosistemas valiosos, que han ejecutado o consentido en nuestra costa las Administraciones estatal y regionales en los últimos años, pretendan argumentarnos que son únicamente las edificaciones colindantes las que constituyen una barrera artificial al desenvolvimiento de las playas, como suele aducir la Abogacía del Estado en los procesos judiciales frente a los deslindes realizados con la nueva ley de costas. El desarrollo urbanístico de Laredo fue efectuado en los años 60, y jamás hasta hace cuatro o cinco años se han empezado a sentir estos efectos. Casualmente, es el mismo período en que se desarrollan las actuaciones públicas mencionadas.
El estudio EUROSION, encargado por la Comisión Europea y concluido en mayo de 2.004, siguiendo la iniciativa del Parlamento Europeo, se centra en cuantificar las condiciones, el impacto y las tendencias de la erosión costera en Europa, y evalúa las necesidades de acción a nivel de la Unión Europea, de los Estados Miembros y de las regiones. En él se indica que las zonas costeras desempeñan funciones ecológicas, sociales y económicas muy relevantes, las más importantes son la protección de bienes frente a los temporales y a la intrusión de agua marina, la absorción de abonos y de sustancias contaminantes evacuadas por los ríos hacia el mar, así como la reproducción y la alimentación de los peces, crustáceos y aves. Reemplazar sus funciones naturales costaría mucho más de lo que las futuras generaciones de ciudadanos europeos se pueden permitir. Concluye que los esfuerzos deben dirigirse a mejorar la resiliencia de los espacios litorales mediante una mejor gestión de los sedimentos y la preservación del espacio suficiente para los procesos costeros.
Estas conclusiones parecen bastante incompatibles con las actuaciones públicas desarrolladas en el estuario de Santoña y otros espacios de nuestra costa a la vista de los deterioros causados y previsibles a más largo plazo.
Por ello, resulta de imperiosa necesidad la búsqueda de una solución, meditada, pero rápida y efectiva, previo estudio urgente de las causas determinantes de tales efectos, ante la gravedad de los daños que están sufriendo nuestras playas, que podría llegar a afectar inclusive a zonas edificadas en los próximos temporales. Actuaciones de prevención con independencia de otras medidas necesarias de estudio y determinación de las causas de su erosión creciente y de la planificación y gestión integrada de la costa.
No podemos dejar que las olas discurran por las calles de nuestra ciudad, como afirma la Administración ocurrió en el municipio de Somo, en el temporal acaecido el 30 de enero de 1.990. En aquel caso fue la política de incruentos dragados iniciada en los años ochenta, en interés de la navegación hacia el puerto de Santander, la que asoló el sistema dunar destruyendo la barrera natural de protección de la costa que constituyen los sistemas dunares, permitiendo, el día del temporal, el paso del mar por encima de la formación arenosa de la flecha del puntal . Si no hubiera sido por la barrera artificial de la primera línea de urbanización del casco urbano de Somo, quién sabe si los desastres aún hubieran sido más graves, porque, en su extremo, el puntal estuvo a punto de romperse y convertirse en una isla. Todo ello fue objeto de estudio y recuperación, modificándose la política de dragados, a raíz del estudio encargado al Grupo de Ingeniería Oceanográfica de la Universidad de Cantabria.
En el análisis efectuado en el Proyecto EUROSION, se señala que durante el último siglo ha existido un conocimiento limitado de las autoridades sobre los procesos del transporte sedimentario, lo que ha comportado la adopción de medidas inapropiadas para mitigar la erosión costera. En algunos casos estas prácticas han resuelto los problemas erosivos localmente, pero los han empeorado en otras zonas próximas -alcanzando decenas de kilómetros - o han dado lugar a otros problemas ambientales.
Queda para los especialistas el estudio de las posibles relaciones e implicaciones entre los efectos morfodinámicos originados por la recuperación de concesiones, dragados, escolleras, presas, construcción o ampliación de puertos y otras obras públicas, todos ellos superpuestos sobre un estuario. Inclusive, el cambio y repercusión de todas estas actuaciones, si las analizamos en el conjunto de todos los estuarios, sobre el nivel general de la cota de inundación, perfil de playas, etc, en nuestras costas. Tal vez deban encararse todos esos problemas que determinan un nuevo escenario de partida ante la elevación del nivel del mar y el cambio climático.Lo que sí está probado por estos expertos de reconocido prestigio en la materia, en el informe EUROSION, es que cualquier concesión que sea objeto de recuperación, u obra pública, la construcción o ampliación de un puerto, un simple dragado, en cualquier punto de un estuario, cualquier obra marítima, producirá efectos de mayor o menor intensidad en función de su superficie y otros factores, en terrenos tan alejados como pueden estarlo el Puntal de Laredo y una concesión en Rada, Limpias, Arnuero, Escalante o Argoños, incluso a decenas de kilómetros. En el informe EUROSION se señala asimismo:
“Los grandes proyectos como la ampliación de puertos, la ocupación de suelo por parques eólicos o las centrales eléctricas, en general integran los procesos de erosión costera en los EIA (Estimacion de Impacto ambiental) de algunos países. Sin embargo, con frecuencia el coste de las medidas correctoras excede la disposición -o la capacidad- del promotor a pagar. Esto puede ilustrarse en el ejemplo del puerto de Aveiro, donde el coste anual del “by pass” de arena ha sido considerado excesivo para las autoridades portuarias. Los procedimientos de EIA no son sistemáticamente aplicados a los proyectos de tamaño reducido o medio, a pesar de que estos proyectos tomados en cuenta conjuntamente pueden tener un efecto notable sobre los procesos de erosión”. (Supuesto de los proyectos parciales de recuperación de marismas).“Son pocos los países que han institucionalizado la evaluación y han sistematizado una cartografía de los riesgos como parte integrada en los proceso de planificación territorial. Pero incluso cuando estos mapas existen, son poco accesibles al público…” “Sin embargo, sí que puede ser cuestionable que una Administración pública soporte un coste si los responsables son otros, o si un propietario privado decide establecerse en un área de riesgo. Por todo ello y bajo estas circunstancias, la oportunidad de adjudicar la responsabilidad de la defensa costera a los beneficiarios e inversores debe ser considerada (según el principio de quien contamina paga).”
Por consiguiente, si han sido recuperados terrenos de marismas sin evaluación de impacto, o han existido errores o efectos sinérgicos, superpuestos, no estimados en otras actuaciones previas o actuales, si existen puntos negros o zonas críticas por la excesiva ocupación del frente litoral, es necesario que se estudien sus repercusiones, se corrijan y se adopten las medidas oportunas, antes de que los daños sean más graves. Con el acuerdo de las tres Administraciones públicas, a través de los Planes Generales Municipales, es posible transferir aprovechamientos y reubicar actividades que incidan peligrosamente en la protección de la costa, sin perjudicar a terceros adquirentes de buena fe, sin esperar al vencimiento de las discutibles concesiones que establece la DT Primera de la Ley de Costas, y con un coste mucho menor que la compra de terrenos, que al final pagamos todos.
Es un millón de veces más efectiva, más económica y desde luego mucho menos lesiva la política de prevención que la de reparación. Sobre todo, si la ausencia de protección que constituye la barrera dunar, puede provocar inclusive la pérdida de vidas humanas, como ocurrió en algunos de los temporales descritos inicialmente. A estas alturas, al contrario de lo que estudiábamos en la teoría de la responsabilidad, da igual cual sea “la causa de la causa que es causa del mal causado”. Pueden haber sido actuaciones públicas importantes y valiosas, no evaluadas y/o en su caso defectuosamente ejecutadas, el interés del ser humano a lo largo de toda su historia de asentarse cerca de los ríos y de la costa. Lo que hemos de demandar y constituye una obligación inaplazable y urgente, son las soluciones, la planificación y gestión integrada de la costa y la coordinación, concertación y participación de las tres Administraciones Públicas, estatal, regional y local. Finalmente, celeridad administrativa en su ejecución, a fin de proteger el paisaje, los ecosistemas y los asentamientos humanos que entre todos hemos construido.
Personalmente agradezco a personas como Carmen del Amo, Presidenta de la Asociación Europea de afectados por la Ley de Costas y a sus delegaciones en las comunidades autónomas, a la Presidenta de la Asociación DARACA (Liencres) Pilar Embeitía, así como a cuantas asociaciones defienden intereses colectivos, ya sea humanos como los de respeto a la biodiversidad, la labor desarrollada hasta la fecha. Sus reivindicaciones nos permiten conocer todos los aspectos del conflicto social y descubrir que la preservación de los derechos de todos los seres vivos, las políticas de equilibrio, sostenibilidad y la concertación entre las tres Administraciones Públicas son el único camino posible hacía la paz social y el desarrollo económico, en el marco del pleno respeto al Patrimonio Natural y a nuestra Carta Magna.