Con el anuncio del ministro Arias Cañete sobre su intención de realizar una “reforma en profundidad” de la Ley de Costas, se han puesto en pie de guerra ecologistas y no tan ecologistas, anunciando movilizaciones y denuncias sin ni siquiera esperar a conocer cuál es el alcance de la reforma que se pretende llevar a cabo.
La ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC) ha comparecido en varias ocasiones ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, la última el 24 de mayo de 2011, denunciando la gravedad de las consecuencias socioeconómicas y los dramas personales de gente humilde por la aplicación retroactiva, arbitraria, injusta e insegura de la norma, recabando el amparo de las instituciones europeas, el cual hemos obtenido.
Es por ello que no voy a entrar a rebatir ni debatir ni una sola opinión, sino a exponer la nuestra del porqué se ha de revisar profundamente dicha norma.
La actual Ley de Costas entró en vigor el 28 de julio de 1988, con el supuesto fin último de la protección del medioambiente y de lograr la “determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y especialmente la ribera del mar”, tal y como dice su título preliminar.
No se ha conseguido ni una ni otra cosa debido a que el espíritu de la norma ha sido pervertido hasta tal punto que se ha aprovechado la oportunidad para aprobar deslindes absolutamente incomprensibles y arbitrarios, en base a la deficiente definición del DPMT que contiene la Ley de Costas.
Si se ha conseguido en cambio lo inimaginable, que sea la única ley de nuestro ordenamiento jurídico donde todo vale; donde se pueden vulnerar los más sagrados principios del Derecho Nacional e Internacional; donde la retroactividad de la norma, expresamente prohibida por la Constitución Española, ha dado vía libre a dibujar en un plano, raya tras raya, lo que el Estado ambiciona poseer sin que sea suyo. Luego se trata de justificar diciendo que esos terrenos eran del Estado desde que los romanos invadieron Hispania o desde la última glaciación o desde que los dinosaurios se extinguieron. Suena a broma pero es así de serio.
Se oculta celosamente que todas las propiedades están dentro de la más estricta legalidad, con el visto bueno de todas las administraciones pertinentes, pagando cuantos impuestos las gravan, inscritas en el Registro de la Propiedad y, en la mayoría de los casos, adquiridas mediante una hipoteca que deberemos seguir pagando religiosamente cuando, terrenos y viviendas, pasen a manos del Estado, porque tampoco se cuenta que nos despojan de la propiedad pero nos dejan las deudas.
Omiten igualmente en sus famosos informes justificativos de tan escandaloso expolio que, en innumerables casos, las propiedades que pretenden adjudicarse fueron desamortizadas en su momento para llenar las paupérrimas arcas estatales, vendiéndose a particulares españoles y extranjeros a los que ahora tratan de arrebatárselas de nuevo.
No existe en España un m2 de terreno con más leyes y Directivas europeas proteccionistas que el del litoral, pero aún así se sigue insistiendo en que sin la Ley de Costas llegará el “fin del mundo costero”. Pero nadie clama por la protección de los Derechos Universales del Ser Humano, por la protección de su propiedad como un bien tan protegible como la naturaleza e incluso más, como expuso la ONU en el informe Brundtland; ni hay quién salga en defensa de las personas a quienes se les lleva a la más absoluta ruina saltando por encima de los Pactos internacionales vinculantes firmados por España como es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El derecho a la propiedad está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española. Tratar de corregir una inseguridad jurídica que afecta alrededor de 400.000 propiedades, que a vuela pluma corresponderá con 1.000.000 ciudadanos que son desposeídos de sus derechos adquiridos, justifica la necesidad de que se tramite una modificación de la Ley de Costas que sea respetuosa con el derecho a la propiedad consolidada con anterioridad a la ley, eliminando, además, cualquier concepto jurídico indeterminado que la cause como ha sido la aplicación con carácter retroactivo de sus preceptos, generadora de gravísimos y profundos conflictos sociales no sólo en nuestro país, sino en toda Europa. Por esta razón las quejas que llegan al Parlamento Europeo se cuentan por miles y la imagen de España como un Estado de Derecho de la Unión Europea se ha visto perjudicada hasta extremos insospechados, haciendo inviable cualquier inversión, española o extranjera, por miedo a una más que posible y demostrada confiscación que de la misma se ha venido realizando durante los 23 años de vigencia de la Ley de Costas.
Este Gobierno tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es devolver a España la reputación perdida en muchos frentes, pero pocos o ninguno tan importantes como recuperar la Seguridad Jurídica y el Principio de la Confianza Legítima de los ciudadanos, pues una cosa es proteger el medio ambiente y otra muy distinta despojar a los ciudadanos de los derechos amparados por las normas y pactos internacionales.
Se debe y se tiene la obligación de conciliar ambos aspectos.
