http://www.larazon.es/noticia/la-proteccion-al-residente-y-la-ley-carlos-floriano
La aplicación de la Ley de Costas de 1988 está siendo una fuente de problemas sociales y económicos. El objetivo de proteger nuestro litoral es utilizado contra los ciudadanos, como si para éstos ésa no fuese una meta deseable. Las invasiones ilegales del dominio público deben ser evitadas y, si no es así, perseguidas y sancionadas. Pero aquellas situaciones en las que el Estado no practicó el deslinde, o haciéndolo no reclamó judicialmente su propiedad, o lo practicó con arreglo a una ley, pero luego lo modificó con arreglo a otra, o cuando fue a hacerlo ya había zonas construidas, no pueden llevar aparejado convertir la propiedad en concesión. Puede ampliar el dominio público, pero debe utilizar el mecanismo de la expropiación y pago del justiprecio y no de la entrega en especie de la concesión. El Parlamento Europeo, en el último informe sobre el urbanismo en España, nos pide modificar la Ley de Costas y varias autonomías están legislando para bordear la aplicación de la ley y proteger a sus residentes; los ayuntamientos costeros están con los afectados. En las Cortes no podemos darles la espalda y debemos modificar la ley, pero no es buen instrumento para solucionar problemas.
La aplicación de la Ley de Costas de 1988 está siendo una fuente de problemas sociales y económicos. El objetivo de proteger nuestro litoral es utilizado contra los ciudadanos, como si para éstos ésa no fuese una meta deseable. Las invasiones ilegales del dominio público deben ser evitadas y, si no es así, perseguidas y sancionadas. Pero aquellas situaciones en las que el Estado no practicó el deslinde, o haciéndolo no reclamó judicialmente su propiedad, o lo practicó con arreglo a una ley, pero luego lo modificó con arreglo a otra, o cuando fue a hacerlo ya había zonas construidas, no pueden llevar aparejado convertir la propiedad en concesión. Puede ampliar el dominio público, pero debe utilizar el mecanismo de la expropiación y pago del justiprecio y no de la entrega en especie de la concesión. El Parlamento Europeo, en el último informe sobre el urbanismo en España, nos pide modificar la Ley de Costas y varias autonomías están legislando para bordear la aplicación de la ley y proteger a sus residentes; los ayuntamientos costeros están con los afectados. En las Cortes no podemos darles la espalda y debemos modificar la ley, pero no es buen instrumento para solucionar problemas.
* Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso.