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Para ello, se basan en el Informe Auken aprobado el pasado mes de marzo en el Parlamento Europeo. Este documento tiene su origen en las denuncias de ciudadanos extranjeros y españoles por el ataque a su propiedad privada que supone la aplicación “caótica y arbitraria” de la Ley de Costas. Este informe hace referencia a la inseguridad jurídica que plantea el ordenamiento español en este sentido.