Sin embargo, los diputados del BNG recuerdan que en Galicia esta aplicación legal suscita una "problemática" derivada de la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y vinculados a actividades pesqueras.
A este respecto, los parlamentarios recuerdan que la entrada en vigor de la ley dejó afectados a estos núcleos por la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija la ley para suelos urbanos debido a que están calificados así en la normativa de planeamiento municipal como suelo no urbanizable, pese a reunir los requisitos "para ser calificados como suelo urbano". En esta situación se encuentran asentamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
En este contexto, recuerdan que la Xunta, en uso de sus competencias que tiene atribuidas por el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía, que le otorga competencias exclusivas en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, aprobó (con el bipartito y por unanimidad del Parlamento) una modificación de ley autonómica 9/2002, de Ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, para solucionar esta situación.
Sin embargo, el Estado presentó un recurso de invasión de competencias a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica de Vivienda de Galicia. "Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística de la normativa de planificación municipal", manifiestan los nacionalistas. [...]