El informe jurídico del Govern balear abre una nueva vía para evitar que los afectados pierdan sus propiedades. El pleno del Consell aprobará la petición
FORMENTERA C. CONVALIA El PP de Formentera anunció ayer que respaldará la moción presentada por el Consell Insular en que insta a la Demarcación de Costas en Balears y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a realizar un nuevo deslinde de la costa de Formentera «con la incorporación de la nueva documentación aportada por los afectados».
El presidente del Consell Insular, Jaume Ferrer, tiene previsto convocar una sesión plenaria el próximo 10 de diciembre en la que, entre otros puntos, se abordará esta petición que cuenta con el aval de un reciente informe de los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma. Además, todos los grupos políticos, asociaciones y colectivos ciudadanos se han posicionado desde hace años a favor de esa revisión.
El PP también anuncia, en la nota de prensa, que los diputados de su grupo en el Parlament balear respaldarán la iniciativa que elevará próximamente el diputado de Formentera, Pep Mayans, para que el Parlament balear reitere la demanda, aprobada en 2008 por el pleno del Consell de Formentera, en este sentido. El principal partido de la oposición entiende que todas estas iniciativas políticas deben ser atendidas por «el actual gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero». En la misma línea añade que «confía» en una pronta solución que satisfaga a los afectados por el deslinde aprobado en 1997 y amparado por la Ley de Costas de 1988.
Este grupo político también aplaude «la incansable labor y la enorme paciencia de la plataforma de afectados» y reitera que apoya «todas sus reivindicaciones» encaminadas a que el Ministerio redacte un «deslinde justo».
Los portavoces de la plataforma de afectados valoraron el informe jurídico emitido por el Govern balear que plantea argumentos legales que podrían justificar una nueva delimitación de la zona marítimo terrestre. Este colectivo ha insistido en varias ocasiones en que comparte los criterios proteccionistas de la ley pero no la pérdida de la titularidad de sus bienes que implica.