BRITÁNICOS HUYEN EN DESBANDADA

ADIÓS AL EDÉN ESPAÑOL

VÍCTIMAS. Len y Helen Prior en Vera, Almería. Demolieron su casa en 2007 sin compensación alguna y, desde entonces, viven en su garaje sin agua ni electricidad. A. Daniels

Cuando Liz y John Browne, una pareja de jubilados escocesa, compraron hace cinco años una casa en el valle almeriense de Almanzora, pensaron que por fin cumplían su sueño de retirarse en España. «Su aire seco es ideal para la salud, es la Florida europea», les habían dicho cuando visitaron el lugar meses antes. Jamás imaginaron que se metían en un infierno al adquirir una de las 11.000 casas ilegales construidas en la zona. Como ellos, decenas de miles de extranjeros -la mayoría jubilados- se deshicieron de su pasado e invirtieron todos sus ahorros para comprar propiedades en España buscando sol y un lugar agradable donde pasar el ocaso de sus vidas. Sólo para caer víctimas de un oscuro entramado de estafas. «Estamos atrapados, no dejamos nada en Reino Unido. El constructor nos aseguró que los papeles estaban en regla, así que pagamos la mitad del valor de la casa, unos 140.000, y mira lo que tenemos», afirma John señalando una vivienda a medio construir, una cáscara de hormigón, junto a muchas otras similares a lo largo de un camino de tierra con palmeras muertas.

Llevan cinco años alquilando una casa por 600 euros al mes, esperando en vano que alguien termine su casa o se les indemnice. «Hace unos meses me detectaron cáncer. Estoy desesperado, no quiero dejar a mi esposa sin nada y renunciar a mi sueño», añade mientras me muestra la cáscara por dentro. El promotor, la firma española Classic Andalusian Homes, continúa operando bajo otro nombre y la Justicia sigue sin darles una respuesta.

Aún así, los Browne son afortunados. Fueron los únicos que pagaron la mitad por la propiedad, la decena de dueños de las demás cáscaras de la avenida de las palmeras muertas abonaron el 95%. La esposa de uno de ellos, Edith Watson, falleció el año pasado dejando a su esposo Robert solo, casi sin ahorros y teniendo que pagar facturas del agua de una casa que ni siquiera puede ocupar.

Un caso simbólico es el de los británicos Len y Helen Prior en Vera, Almería. Les derribaron la casa en 2007 sin compensación alguna, y desde entonces viven en su garaje sin agua ni electricidad (una actuación que, por cierto, después fue declarada irregular por el Tribunal Constitucional).

Des trabajaba como administrativo mientras su esposa Jenny pasó su vida en el Duty Free del aeropuerto de East Midlands. Decidieron venir a España buscando un clima cálido después de que él sufriera una aparatosa operación de espalda. Si ahora pierden todo, lo único que les quedará será una pensión de unos 1.000 euros mensuales entre los dos. «Amamos España, queremos vivir aquí pero no es justo lo que nos están haciendo», sentencia el marido. Por si fuera poco, en 2006, tras mucho insistir, el alcalde de la zona les dio permiso para construir pilones de electricidad que ahora se pueden divisar desde su pintoresco chalé blanco. Las 13 parejas pagaron 120.000 euros pero cuando sólo restaba conectarse a la red principal la empresa eléctrica se negó a hacerlo.

UNA BALA EN LA PUERTA

A unos 15 km de allí, en El Fas, Cantoria, un vecino decidió que ya había tenido suficiente. Bruce Hobday, de 63 años, veterano militar británico condecorado por la Reina de Inglaterra, quien sirvió en África, Malta, Chipre y Alemania, organizó en 2008 una manifestación de cientos de afectados frente al Ayuntamiento. Sus quejas iban contra el promotor holandés Daniel Poetsema de la empresa Southern Spain Consultants. Lo que consiguió fue que alguien dejara una bala frente a su puerta, amenazas de muerte y calumnias derramadas por internet.

Esto es sólo la punta del iceberg. Hay denuncias por toda la costa mediterránea, Madrid y hasta Asturias donde empresarios sin escrúpulos les estafaron. Han acudido a manifestaciones masivas en Valencia, Almería, Albox… todo para nada. «Son decenas de miles los afectados, si no más, la mayoría no españoles, es el caso más grande que he visto jamás», afirma a Crónica Margrete Auken, eurodiputada danesa de los Verdes quien presentó un informe adoptado en marzo por el Parlamento Europeo amenazando a España con congelar fondos estructurales si no resolvía este problema. Denuncia frente a la que eurodiputados del PP y PSOE han hecho causa común para evitar incluir esta resolución en el presupuesto europeo.

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2010/743/1263078005.html