El PP aprueba en solitario instar al Congreso a que adapte la ley de 1988 a la realidad de Galicia
Tanto el PSOE como el BNG reconocieron ayer que «existe un problema» y que muchos municipios costeros no supieron en su día adaptarse a la Ley de Costas de 1988, que ha dejado en el limbo legal a núcleos tradicionales de la costa gallega no contemplados en la actualidad en la normativa estatal. Pero ni socialistas ni nacionalistas apoyaron la proposición de ley votada en solitario por el PP para que el Congreso modifique este texto legal, que crea inseguridad jurídica a propietarios de municipios como Marín, Moaña o Vilaboa, para dar cobijo a la casuística de la Comunidad. El grupo socialista se negó a apoyar la iniciativa a pesar de sus propios alcaldes, que piden la modificación para consolidar lo que es una realidad en su litoral.
El diagnóstico de la situación de estos enclaves de población costeros es común, y podría ser el que ayer resumía la nacionalista Teresa Táboas: «La Ley de Costas perjudica aquellos núcleos edificados antes de la ley de 1988, que por dejadez de los ayuntamientos no fueron tramitados y quedaron fuera de la ordenación, con una inseguridad jurídica que a día de hoy afecta a muchos vecinos». En lo que ya no estuvieron ayer de acuerdo las fuerzas parlamentarias gallegas es en el alcance de la enfermedad y el tratamiento.
Por parte del PP, Román Rodríguez pidió que «estas personas, que son muchas y no son especuladores, no queden atrapados en este galimatías», por lo que instó a una reforma «en el ámbito competente» frente a la socialista Mar Barcón, que abogó por acuerdo entre los municipios y el Ministerio de Medio Ambiente. «Durante el mes de noviembre el estado está modifcando la Ley de Costas con Coalición Canaria y CiU, con cambios muy parecidos a Galicia, también se deberá hacer con el litoral gallego», le contestaba el popular. Para el BNG, «la ley es una ley estatal», por lo que «donde se tiene que presentar es en Madrid». Táboas, que apuntaba así a los dos partidos mayoritarios en la cámara, añadió que «es una pena que no lo hayan hecho, como sí hizo el BNG para dar reconocimiento jurídico a esos núcleos del litoral». Se refería así la ex conselleira a la disposición adicional segunda de la Ley de Vivienda de 2008, posteriormente recurrida en Madrid.
La acusación más repetida por PSOE y BNG es que los cuatro artículos del texto busca abrir una vía hacia la especulación urbanística, una acusación que el popular román Rodríguez rechazó de plano. «Si esto se llega a aprobar, los únicos que van a ganar son los despachos de abogados», sostenía Táboas. «Es un problema complejo y doloroso que está siendo utilizado como una cortina de humo», reclamaba Barcón, que avanzó que el cambio pretendido por el PP «incrementará las edificaciones existentes en las zonas adyacentes al litoral».
Electoralismo
La calificación de «jugada electoral» también acompasó las intervenciones de socialista y nacionalista. «No hay doble juego», reponía Rodríguez, que recordó que muchos de los municipios afectados están en manos de gobiernos socialistas.
http://www.abc.es/20101222/comunidad-galicia/psoe-opone-regularizar-costa-20101222.html
Reconocen que existe una inseguridad jurídica derivada de la irresponsabilidad de los gobernantes existentes en 1988, pero se oponen a que exista una solución según manda la Constitución Española. ¿Cómo pueden seguir en sus puestos ni un sólo día más?
Es una auténtica vergüeza ver como no sirve de nada la Constitución Española, pero más vergonzoso aún es comprobar como los politicos que rigen nuestro destino, futuro y patrimonio, de manera nefasta por cierto, no tienen presente en ningún momento su contenido, porque ni lo conocen ni les importa.
El Art. 9. 3 referido a las Garantías jurídicas dice exactamente:
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Está visto que hasta que no se cambie la ley electoral y votemos con listas abiertas, seguiremos en la mayor de las inseguridades jurídicas...a pesar de la supuesta protección de nuestros derechos en la Carta Magna.