Las dos formaciones políticas que gobiernan en el Cabildo de Tenerife (CC y PSOE) llevarán al próximo pleno de la corporación insular una moción para instar al Gobierno de España a que proceda a la transferencia de competencias en materia de costas al Ejecutivo autonómico.
Otro acuerdo que promueve la moción, a la que ha tenido acceso Efe, es instar al Gobierno estatal a que en la reforma de la Ley de Costas se aborde la situación de los núcleos costeros, edificaciones y usos existentes en el litoral para generar una mayor seguridad jurídica, resolver tensiones.
Además, pide al Ejecutivo que valore la inclusión de medidas que posibiliten el equilibrio entre la protección del litoral y las diferentes situaciones que ha generado la actual normativa desde que entró en vigor.
El tercer punto del documento de los socios de gobierno en el Cabildo de Tenerife es instar al Gobierno autonómico y al Parlamento de Canarias a la adopción de los acuerdos que procedan para pedir al Gobierno del Estado la modificación de la Ley de Costas en los términos propuestos por la institución insular.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda» de la Ley, mientras que el Senado decidió la semana pasada instar al Gobierno a que modifique la ley de costas para "compatibilizar su protección con el crecimiento económico y la seguridad del empleo".
El texto que argumenta la moción explica que la aplicación de la Ley de Costas ha sido controvertida desde su entrada en vigor, sobre todo en referencia a la construcción, tanto en las construcciones existentes antes de su entrada en vigor como las realizadas posteriormente.
La aplicación de la normativa en Canarias ha generado "mucha conflictividad social e institucional", sobre todo en los núcleos de población en la costa que de forma tradicional se han asentado y consolidado en el litoral, como en Anaga, Agache, Abona o Acentejo, explica el documento.
La moción fue registrada el 20 de febrero y tenía que haber sido debatida en el último pleno, pero quedó sobre la mesa para la próxima sesión junto con otros dos puntos del día porque la consejera que debía exponerla, María del Pino León, estaba sin voz.