El pnv pide que se detengan los derribos y denuncia que es una norma inconstitucional
Muchos afectados se sumergen en batallas legales eternas a sabiendas de que el Estado gana el 99% de los litigios
Donostia.Desde que entró en vigor a finales de los años 80, la Ley de Costas
ha estado envuelta en la polémica. Empuñando la bandera del ecologismo,
se han producido derribos arbitrarios, confiscaciones sistemáticas, se
han dejado abandonados prados costeros que antes cuidaban pastores y
ganaderos, e, incluso, se han intentado hacer desaparecer pueblos
enteros del litoral. La ley afecta a 1.400.000 personas en todo el
Estado, 59.400 de ellas en Euskadi, lo que se refleja en 19.800
propiedades. Muchos de ellos han visto peligrar unas propiedades
adquiridas legalmente y se han sumergido en batallas jurídicas que se
eternizan en el tiempo sin grandes esperanzas de conseguir resultados
positivos, ya que el Estado gana el 99% de los litigios.
La situación ha llegado a tal extremo que se han presentado
varias mociones en el Senado para paralizar las acciones contra los
afectados. "Creemos que hay que frenar toda esta actividad
administrativa que está generando tanta injusticia y queremos que no se
produzca ningún derribo más hasta que no se genere una ley más justa y
más legal", advierte Lorea Leanizbarrutia, portavoz jeltzale en la
Cámara Alta de Madrid. Y es que precisamente han sido los nacionalistas
quienes, vistas "las injusticias que se están produciendo", han
presentado una moción para cambiar la ley.
"Es una ley incoherente que no tiene ningún sentido. Está
hecha por gente que desconoce totalmente el litoral de la península, que es muy del centro, de la meseta, que ha hecho café con leche para
todos, pero es que no es lo mismo el Atlántico que el Mediterráneo y
tampoco es lo mismo la degradación de la costa en Levante que en el
norte. Si el Manzanares fuese navegable, esta ley no habría salido
adelante", denuncia Leanizbarrutia.
Confiscaciones Una de las críticas que se hacen a esta ley es que, bajo el pretexto del cuidado del litoral, el Estado ha intentado apropiarse de unos terrenos que no le corresponden. "Esta ley estipula que todo lo que hay entre la marea alta y la baja es propiedad del Estado y de nadie más. Por ello, se están confiscando propiedades que las familias han adquirido legalmente, muchas incluso antes de que la ley entrara en vigor, sin darles ningún tipo de indemnización a cambio. Esto ha provocado que el Estado haya quitado su casa a familias que la habían comprado de forma legal, al considerarlo que están construidas en terrenos de dominio público, y, además, provoca que estas familias tengan que seguir pagando una hipoteca, lo que es una auténtica barbarie", califica.
Por su parte, los afectados vienen denunciando que se están produciendo situaciones de gran arbitrariedad. "Hay personas a las que se les están confiscando sus propiedades y a otras, que están en la misma situación, no. En Urdaibai, por ejemplo, hay tres molinos de mareas en la misma zona y solo han confiscado uno", cuenta la jeltzale. "Pero es que además han ido a confiscar el único ejemplar de molino de mareas con turbinas de piedra del mundo. Su dueño no lo puede cuidar, ni reparar y, ahora, ya no sabemos ni si funciona. Les da igual acabar con el patrimonio", añade.
Pero es que además de atentar contra numerosos derechos de la propiedad recogidos en la Constitución, esta ley interfiere con las competencias registradas en los estatutos de autonomía. "La Constitución reconoce la figura de los términos municipales y hay municipios que llegan hasta el mar. En este caso, al pasar la zona de mareas a ser propiedad del Estado, si vives en esa franja de tierra no pertenecerías a tu municipio sino a terrenos del Estado español", explica Leanizbarrutia. "Esto, como nacionalistas, no lo podemos permitir", insiste.
Además de todas las injusticias que se están produciendo, esta ley también está acarreando importantes problemas medioambientales. "El Estado ha prohibido utilizar los prados que se servían de zona de pasto para animales y que eran terrenos cuidados por los propios caseros. Esto ha provocado que con la polinización estén entrando un montón de malas hierbas y que se esté generando un auténtico desastre medioambiental. Y es que no nos podemos olvidar de que ha sido la mano del hombre la que ha ido generando el paisaje", manifiesta Leanizbarrutia. "El litoral se está deteriorando completamente porque no se labra, no se trabaja la tierra. Se están generando insectos y ecosistemas que son totalmente degradantes para el medio marino", lamenta.
Inconstitucionalidad Así, la mayor losa que arrastra esta Ley de Costas es que es inconstitucional, ya que no respeta numerosos derechos recogidos en la Constitución. "No respeta el derecho a la propiedad privada, porque no tiene en cuenta el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones. No respeta el derecho a la herencia atenta contra los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y de los bienes adquiridos legalmente, no cumple con el derecho de la legalidad y la proporcionalidad de las penas, entre otros", enumera Leanizbarrutia. "De acuerdo con que en el Mediterráneo se han hecho barbaridades, pero si todo eso está construido legalmente y, si tú has comprado de forma legal, que no te vengan luego con gaitas de que no puedes vender, ni habitar, ni legar a tus hijos, ni arreglar", exclama Leanizbarrutia.
Pero, sin duda, lo que más lamentan los jeltzales es que la ley aprobada en 1986 por el PSOE, con el único voto en contra del PNV, recoge un artículo contemplado en un proyecto de ley franquista. "A esta ley se le ha dado el tinte de que el litoral tiene que ser patrimonio de la humanidad y de que la costa tiene que ser de todos, pero en realidad, lo que pretende es que la costa sea del Estado. En 1986 los socialistas nos vendieron esta ley como progresista y desde el PNV nos negamos a votar en su favor, pero lo que nadie dice es que contempla un artículo que en 1969 ya contemplaban los franquistas. Solo que ellos consideraron que era tal dislate de ley que decidieron no ponerla en marcha", revela.
"Lo que están haciendo es crear una auténtica dictadura, provocando verdaderos atropellos entre los afectados. Hay 400.000 familias afectadas en todo el Estado y no todos son ricachones y especuladores. Lo que tienen que hacer es solucionar todos esos entuertos urbanísticos que ha habido de otra manera, pero no salpicando a todos", advierte Leanizbarrutia a la vez que recuerda que "en Euskadi no existe ninguna playa privada o zona en la que el ciudadano no pueda acceder al mar porque esté cerrado. Aquí, el mar es de todos".