GERNIKA-LUMO. Busca "lograr una protección medioambiental efectiva y otorgar seguridad jurídica plena a los ciudadanos y a las empresas", pero la modificación de la Ley de Costas no ha dejado satisfecho a nadie. Ni a los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios de sus posesiones, ni a las agrupaciones ecologistas: ambos colectivos han puesto el grito en el cielo ante la modificación legislativa. Tanto es así que mientras Greenpeace señala que la reforma "no puede ser peor", miembros en Bizkaia de la Asociación Europea de Perjudicados de la Ley de Costas lo han criticado duramente "por no solucionar los problemas, sino agravar en la indefensión que veníamos padeciendo".
El colectivo de perjudicados por la Ley de Costas de 1988 -AEPLC- en Bizkaia, una organización que incluso ha trasladado sus reivindicaciones al Parlamento Europeo, ha incidido en que miles de familias del herrialde verán "coartados sus derechos legítimos", en cuanto que sus titularidades "seguirán pudiendo ser confiscadas" con el lifting efectuado a una ley que, no obstante, podría permitir la venta de propiedades con la autorización de la administración, limitar el dominio público, distinguir las playas -entre urbanas y en espacios protegidos-, reducir la servidumbre en las rías de 100 a 20 metros y salvar a las industrias en dominio público marítimo-terrestre, que necesitarán superar un informe ambiental. Es por ello que los grupos conservacionistas han alzado su voz para solicitar su retirada ya que, como denunció Greenpeace, "renuncia a la protección ambiental".
Tras analizar minuciosamente el texto legal del Ejecutivo español del PP, los afectados en Bizkaia destacan que los principales caballos de batalla de su causa siguen siendo los mismos, si bien tampoco las nuevas figuras introducidas han conseguido cerrar una herida que supura desde que fueron aplicados los deslindes de los terrenos y que motivaron que muchos de los propietarios perdieran sus titularidades a favor de una concesión de 30 o 60 años. Pero si bien la nueva norma establece que podrán renovar esa cesión por un periodo de 75 años tras 2018, año en el que finaliza el plazo dado a los concesionarios, este aspecto tampoco es de su agrado. "Seguimos perdiendo la titularidad. Y, por ejemplo, tampoco han eliminado la retroactividad, lo que supone una violación de derecho fundamental", argumentan. "No tienen en cuenta que nuestras viviendas, de las que somos propietarios en el registro, son anteriores a la normativa", citan. En suma, insisten en que la modificación de la discutida ley costera "agrava el problema, lo amplifica y crea mayor inseguridad jurídica".
Otro de los argumentos esgrimidos para reforzar su oposición al anteproyecto de regulación costera es que "continúa amparando la confiscación de propiedades", advierten, "lo que conlleva una violación del derecho de la propiedad recogido en los tratados y los convenios de Derechos Humanos". Por último, y además de incumplir las resoluciones que el Parlamento Europeo ha ido trasladando a las autoridades españolas para que la ley costera sea modificada -con el demoledor Informe Auken como base, una resolución aprobada en Estrasburgo-, desde AEPLC sentencian que el anteproyecto ideado por el ministerio regido por Miguel Arias Cañete "eleva la arbitrariedad a rango de ley, creando diferentes definiciones de dominio público dependiendo de la zona de España en donde estén".
MAQUINARIA "EN MARCHA" En la línea costera de Bizkaia hay comarcas que se verán más afectadas que otras. Las rías serán unas de ellas, si bien Urdaibai será el principal punto de fricción. No en vano, muchos de sus terrenos costeros aguas arriba de Murueta fueron vendidos por las administraciones públicas de siglos pasados a los vecinos, para que los suelos fueron aprovechados para la agricultura. Heredados de generación en generación, el problema estalló hace dos décadas. No en vano, "tan solo en Murueta existen un centenar de damnificados", revelan, de un colectivo que emprendió una larga vía judicial, cuya meta en la Audiencia Nacional en 2004 les otorgó un derecho sobre sus terrenos.
Pues bien, los titulares de suelos en Busturialdea han comenzado a recibir cartas por parte de la Demarcación de Costas, unas misivas en las que se les conmina a tramitar su concesión debido a un proyecto del Gobierno vasco. Pero, desde el flanco vizcaino de AEPLC, auguran que este movimiento de la administración "solo conllevará una confiscación amparada en el interés general". Es más, "la maquinaria de la expropiación encubierta está en marcha", evidencian. "Así, y como se ha visto en un caso en Cádiz, pagarán apenas un 0,15% del valor de un terreno. Y eso tienen un nombre: confiscación", reclaman.