El secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos de Armas, estima en más de 20.000 las afecciones directas
por la reforma de la Ley de Costas, que espera que esté definitivamente
aprobada a finales de este año, tras enviarla al Congreso para su
tramitación en el mes de septiembre.
"Son muchísimos los afectados, no sólo propietarios, también
concesionarios, además de muy distinta índole. Estamos hablando de
concesiones, por ejemplo de actividades como pueden ser los chiringuitos
en la playa, otro tipo de actividades hoteleras y turísticas. También
hablamos de viviendas", ha explicado en una entrevista a Europa Press,
al tiempo que ha asegurado que las indirectas serán "muchas más".
En este sentido, ha criticado que la vigente Ley de Costas, de
1988, generó una "importante inseguridad jurídica" tanto para ciudadanos
españoles como para europeos. "Se ha comunicado al Parlamento Europeo
la redacción de este anteproyecto y nos han felicitado por la iniciativa
de aportar seguridad jurídica a todos los ciudadanos que se habían
visto muy perjudicados por la aplicación de esta ley", ha recalcado.
A su juicio, la protección del litoral "no es incompatible con
proteger a las personas, a su patrimonio, a sus viviendas, a sus
negocios y puestos de trabajo, que también los hay y son muy
importantes".
Por otro lado, el secretario de Estado ha defendido la transmisión
de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. "Estamos
hablando de concesiones relativas a chiringuitos u otro tipo de
instalaciones de servicio para el turismo y entendemos que es
perfectamente compatible la conservación del litoral", ha sentenciado
para recordar que la transmisibilidad exige que el nuevo concesionario
cumpla los mismos requisitos que el anterior y que se someta a los
mismos plazos y condiciones vigentes.
Respecto a la demolición del hotel del Algarrobico (Almería), ha
señalado que todo indica que va a tener una solución a lo largo de esta
legislatura. Precisamente, Ramos de Armas también se ha referido a la
llamada 'cláusula anti-albarrobico', que recoge la reforma de la Ley de
Costas y que, según ha explicado, trata de prevenir que se construya,
"antes de encontrar situaciones como la del Algarrobico u otras
similares que obligan a la demolición, con perjuicio para todos, para el
promotor del proyecto, para las administraciones y para el medio
ambiente".
"Vamos a poner un cortafuegos antes. Vamos a poner una solución
antes y nos vamos a dotar de un instrumento que antes no teníamos que es
la posibilidad de suspender estas licencias en el momento que afecten o
vulneren la Ley de costas", ha concluido.
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-medio-ambiente-estima-mas-20000-afecciones-directas-reforma-ley-costas-20120805112308.html
El Secretario de Estado está tratando de manipular a la opinión publica porque la reforma que pretenden hacer, además de infumable, es inconstitucional e imposible de llevar a la práctica, y ellos lo saben.
¿Por qué no separan claramente a los propietarios de los concesionarios (inquilinos del Estado)? Porque interesa hacer creer que acaban de solucionar la inseguridad jurídica, la arbitrariedad, el abuso de poder...todo cuanto ellos mismos han denunciado en el Congreso y en el Parlamento Europeo (no confundir con la Comisión Europea como hace él).
Lo que ha hecho el PP es todo lo contrario a lo que dijo que haría, pero no debemos extrañarnos porque es su hoja de ruta.
Es sencillo desmontarle sus declaraciones.
Aumentará la inseguridad jurídica a limites insospechados.
Seis. Se introduce un
artículo 13 bis que queda redactado del siguiente modo:
1. Los deslindes se revisarán
cuando se altere la configuración del dominio público marítimo-terrestre. La
incoación del expediente de deslinde tendrá los efectos previstos en el
artículo 12.
2. Los titulares de los terrenos
que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público
marítimo-terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y
aprovechamiento, a cuyo efecto la Administración otorgará de oficio la concesión,
salvo renuncia expresa del interesado.
La concesión se otorgará por
setenta y cinco años, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin
obligación de abonar canon.
La Administración
no otorgará la concesión a la que se refiere el apartado anterior, cuando la
ocupación afecte a la integridad del dominio público marítimo-terrestre.
¿Significa esto más seguridad jurídica? Todo lo contrario, si se lee con cuidado.
Dice primeramente que si se altera el dominio público se hará un nuevo deslinde.
¿Se alterará por qué o por quién? Con sólo poner un simple espigón, en un par de años, se habrá alterado el dominio público.
Quiénes compren una propiedad creyendo en las palabras de este Gobierno y estando perfectamente legal, se encontrarán con un nuevo deslinde y con su propiedad confiscada.
¿Esta es la seguridad jurídica que han logrado colar a la Comisión Europea y que están vendiendo en todos los medios de comunicación?
Ahora viene lo mejor. En cuanto hagan un nuevo deslinde, el Gobierno, sin ni siquiera darle tiempo a pensar, y mucho menos buscar un abogado, habrá convertido su propiedad en una concesión. Así, sin esperar a ver que dice un juez.
¿Qué ocurrirá si gana el recurso, después de 20 años de litigios? Pues que a lo mejor ya han hecho la recuperación posesoria y hasta le han derribado la propiedad. Es lo que se llama un hecho consumado y vaya usted a quejarse a nadie.
+ inseguridad jurídica.
Para rematarlo, dicen que darán una concesión de 75 años. O sea, que de ser legítimo propietario, le convierten de la noche a la mañana, por haber puesto un mal espigón, en inquilino en precario de su propia casa.
Y como broche de oro de esta serie de despropósitos, dicen, que a pesar de todo lo anterior, "La Administración no otorgará la concesión...cuando la ocupación (pasamos a ser okupas) afecte a la integridad del dominio público maritimo terrestre". ¿Quién lo decide? ¿Bajo que parámetros? ¿A dedo o hay que jugárselo al bingo? Esto es lo que se llama ARBITRARIEDAD, prohibida por el Art 9.3 de la CE.
Viendo el final, sobra lo anterior.
Todo, absolutamente todo es una trampa mortal para incautos, con la inestimable ayuda de la Sra Reding, cuyo fin es vender las 600.000 viviendas que pesan como una losa en todos los balances económicos.
Con esta modificación de ley, el Gobierno sólo tiene que esperar a que la gente se confíe, compren y cuando crean que están a salvo, ¡¡huy, se ha alterado el dominio público!! Nuevo deslinde y vuelta a empezar.
El resto del Borrador de la modificación de la Ley de Costas, es igual o peor.
¿A quién pretenden engañar? Para ser trilero se necesita ser más hábil.