miércoles, 14 de noviembre de 2012

El abogado José Manuel Rivero considera inconstitucional lo que se está haciendo contra los vecinos de Cho Vito

Si no existe título habilitante dictado por un juez para el desalojo, no se puede producir, pero si existe y se ha pasado la fecha indicada, tampoco se podrá realizar hasta que se dicte nuevo auto.


El abogado José Manuel Rivero, vinculado a causas sociales, reflexionó en Canarias día a día de Radio San Borondón sobre la situación que están viviendo los vecinos de Cho Vito y dijo que la orden del juez para la entrada a los domicilios de los afectados para el posterior derribo además de haber sido notificada en tiempo y forma, debe incluir título habilitante para tal fin porque de lo contrario estaríamos hablando de un auto inconstitucional.

Para Rivero, la notificación por la que se les informa del desalojo y derribo de las casas a los vecinos de Cho Vito es una cuestión esencial para el devenir futuro de este abuso de poder, porque para llevar a cabo esta acción los vecinos debieron ser notificados de algún auto dictado por un Juzgado para la entrada en los domicilios, ya que recuerda que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental.

Recuerda que toda resolución judicial, en caso de existir, es susceptible de recurso por parte de los afectados por el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 de la Constitución, de manera que ese dictamen de un juez puede ser revisado por un órgano judicial superior, derecho que no se puede suprimir a los afectados.

En este sentido, indica que cuando los jueces dictan un auto autorizando la entrada a domicilios a los efectos del desalojo y derribo tienen que dictaminar las horas y los días en los que se tiene que producir esa entrada a los domicilios, tras lo que añade que esa orden de entrada para el posterior derribo debe incluir título habilitante para tal fin porque de lo contrario estaríamos hablando de un auto inconstitucional.

José Manuel Rivero insiste en que si no existe ese título habilitante, la entrada a las viviendas de los vecinos de Cho Vito por parte de las fuerzas de orden público sería una cuestión inconstitucional, pero si el título habilitante existe, por regla general tiene que incluir como ya dijo las horas y el día en las que tiene que producirse dicha entrada, de tal forma que si transcurre la fecha y las horas señaladas, la entrada a los domicilios no se puede hacer efectiva porque se ha incumplido el auto judicial.

De este modo, si la barbarie del derribo de las nueve viviendas se produce este martes o días posteriores se tiene que analizar al detalle si se ha dictado nuevo auto judicial autorizando una nueva fecha y un nuevo margen horario para tal desenlace, porque de lo contrario estaríamos ante una ilegalidad manifiesta.

LATROCINIO A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

José Manuel Rivero se mostró totalmente de acuerdo con el economista y abogado José María Gay cuando afirma que España es un país de chorizos y recuerda que incluso todo un magistrado del TS como Conde Pumpido ha denominado lo que ha hecho la oligarquía financiera en España como un auténtico latrocinio. En este sentido, el abogado grancanario considera que se está produciendo un verdadero atraco a la sociedad española.

Para el letrado, los chorizos son quienes vulgarmente conocemos como “roba gallinas”, aquellos a quienes se les aplica duramente el código penal, sin embargo tenemos que referirnos a quienes están produciendo este latrocinio como delincuentes de cuello blanco. Hablamos de un atraco perfecto provocado entre otras cosas porque el interés que se paga por la prima de riesgo si sitúa en torno al 6%, de forma que lo que se paga de deuda pública en el mercado secundario en relación a lo que paga Alemania es brutal, intereses que se abona al capital financiero privado, cuando esta banca privada, tanto estatal como internacional, recibe del BCE dinero al 0,75% de interés.

Desde su punto de vista, son los grandes poderes financieros y la burguesía económica dominante quienes están perpetrando este atraco perfecto a la sociedad española con la connivencia política, luego estamos hablando de delincuentes de cuello blanco, a quienes no se les aplica la Ley con la misma severidad que a los simples chorizos.