Un matrimonio de jubilados británicos que vive en Albox, en una casa sobre la que se ha dictado orden de demolición a pesar de que contaba con licencia municipal, llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar que éste resuelva una situación que hasta ahora la justicia española no ha podido solucionar.
La pareja, que no quiere dar a conocer su nombre para evitar la preocupación de sus familiares, presentará la acción bajo el respaldo de dos organizaciones –AUAN y SOHA- que agrupan a cientos de propietarios de viviendas del Almanzora y la Axarquía, en Málaga, y que denuncian la desprotección que padecen, pues muchos de ellos, como este matrimonio, se encuentran con órdenes de demolición aunque compraran sus casas «de buena fe» e incluso con licencias municipales.
En este caso, la Junta de Andalucía impugnó la licencia ante los tribunales, al igual que ocurrió con al menos otra media decena de afectados en Albox en 2009, y pretende que sean demolidas, como explica Gerardo Vázquez, el abogado de la asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora No' (AUAN), que sobre todo agrupa a propietarios británicos de esta comarca almeriense.
Se trata de un caso similar al de Len y Helen Prior, cuya casa en Vera fue demolida hace cinco años, el 9 de enero de 2008, «como resultado de una disputa entre su Ayuntamiento y La Junta de Andalucía», señala AUAN. En ambos casos las propiedades tenían todas las licencias necesarias.
Los Prior, tras la demolición de su casa, siguen viviendo en la que era su cochera, después de que según la organización el Ayuntamiento de Vera no le facilitara una vivienda similar a la suya, como resolvió la justicia con posterioridad al derribo, sino un pequeño apartamento.
Ahora este matrimonio, que ya había agotado prácticamente toda esperanza de que su casa no fuera demolida, llevará su caso al tribunal europeo. No obstante, el abogado Gerardo Vázquez es más ambicioso y se plantea la posibilidad de iniciar una acción en grupo para luchar conjuntamente contra "el laberinto jurídico del sistema español", viciado a su entender por "un defecto básico": el hecho de no considerar el derecho a la propiedad como un derecho fundamental, como sí ocurre en la Unión Europea. Sin embargo, España como país miembro de la UE ha suscrito el artículo 1 del Protocolo número uno del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho fundamental a la propiedad.
De hecho, en base a otra acción similar en España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictado medidas cautelares para evitar la demolición de una vivienda en Madrid, algo que se espera conseguir también en Almería y para todos los incluidos en la acción iniciada desde aquí.
«Mi intención, a través de un procedimiento piloto, es informar al Tribunal Europeo de la existencia de este defecto del sistema jurídico español que afecta a muchísima gente», explica Gerardo Vázquez. «Si tenemos éxito, España tendría que modificar su sistema jurídico para que este defecto dejase de existir», añade.
La cuestión radica, a su entender, en el hecho de que en España el derecho a la propiedad está considerado como estatutario, muy limitado por su supuesta función social. «El problema es quién determina esa función social, ¿los políticos?, y la tensión que se plantea entre el derecho del individuo a tener su casa y el derecho de la sociedad», plantea el letrado.
No hay otra opción
«Creemos que no hay otra opción que acudir al Tribunal Europeo», dice la presidenta de AUAN, Maura Hillen. «En el caso de Len y Helen Priorel Tribunal Constitucional deliberó durante dos años sobre la cuestión de demoler o de no demoler la casa, mientras ya había sido aplastada. E incluso si la indemnización es en realidad otorgada por los tribunales españoles, se puede tardar hasta 15 años para recibir el dinero. No debe haber más demoliciones sin indemnización previa», señala.
Por su parte, Philip Smalley, presidente de SOHA (Save Our Homes in Axarquía), mantiene que «a pesar de que los problemas en la Axarquía son, en muchos aspectos, muy diferentes a los que hay en Albox, todos comparten una injusticia que debe ser corregida». «Si sólo uno de nosotros puede establecer este derecho fundamental de vivir en paz enuna casa comprada de buena fe, seguramente esto le ayudará a cambiar la intransigencia del sistema jurídico español y será un dinero bien gastado», concluye.