La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) visitará
Madrid los próximos día 21 y 22 de marzo con el fin de analizar las denuncias
presentadas por organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de
Costas y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y
de la propiedad privada.
Según
ha informado el PE, la delegación parlamentaria estará compuesta por la
eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer
Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta
Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).
Todos
ellos estarán acompañados por los diputados españoles Carlos Iturgaiz (PPE) y
Willy Meyer (GUE) durante su visita, que les servirá para encontrarse con las
autoridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ciudadanos que forman parte de las organizaciones denunciantes y otros
representantes de la sociedad civil.
REFORMA
La
Comisión de Peticiones del PE analizará las 76 quejas recibidas sobre la futura
Ley de Costas, ahora en trámite parlamentario, que modifica una norma de 1988 y
que, entre otras cuestiones, salvará del derribo durante 75 años a más de 3.000
chiringuitos y 10.000 viviendas de la costa.
Tanto
los chiringuitos como las viviendas deberían demolerse a partir de 2018, según
la ley que ahora se está reformando y que todavía está vigente, la aprobada en
1988.
Si la
modificación normativa sale adelante, diez barriadas históricas de Alicante,
Girona, Huelva, Málaga y Valencia se salvarán también del derribo, mientras que
la isla de Formentera recibirá un trato especial por su configuración geológica
y se contemplará la prórroga de actividad de industrias contaminantes, siempre
que la autoridad competente medioambiental informe de manera favorable.
LAS
QUEJAS
Los
propietarios de viviendas en la costa que se han quejado al PE argumentan estar
insatisfechos con las modificaciones normativas porque, dicen, no cumplen los
derechos de propiedad y protección medioambiental.
También
organizaciones medioambientales han expresado su disconformidad con la reforma
por "poner obstáculos a la protección de la costa y crear incertidumbre
entre los propietarios".
La
Comisión de Peticiones, asegura el PE, también ha recibido informes a favor de
ciudadanos que están mayoritariamente de acuerdo con las medidas propuestas por
el Gobierno español.
Esta
comisión estudia las reclamaciones ejercidas por ciudadanos que señalen
posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE y
trata de llegar a soluciones extrajudiciales en los conflictos.