La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado, con los votos del PP, y el rechazo del resto de grupos, el dictamen a la reforma de la Ley de Costas, que incorpora una enmienda de los 'populares' para introducir más requisitos para poder rebajar en determinadas circunstancias la protección de la franja de servidumbre de 100 a 20 metros. Toda la oposición ha defendido vetos al proyecto, que han sido rechazados por la mayoría del PP.
Así, el grupo popular en el Senado ha introducido una propuesta de modificación de la enmienda 182 del PP, que ya había sido incorporada al informe de Ponencia, en la que señala que la rebaja de la zona de servidumbre pueda aplicarse a los núcleos o áreas que a partir del 1 de enero de 1988 (entrada en vigor de la Ley, pese a que fue aprobada en el mes de julio siguiente), no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que cumplieran con una serie de requisitos, que son los que ahora se endurecen.
Concretamente, la modificación distingue entre los municipios que tuvieran planeamiento en 1988. En ese caso, podrían llegar a quedar regularizados los terrenos que contasen con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que "estuvieran consolidados en al menos un tercio de superficie", o bien, los que careciendo de alguno de estos requisitos se encontraran "en áreas consolidadas por la edificación "como mínimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenación de aplicación".
Para el caso de los municipios con planeamiento, se podrían acoger a esta 'legalización' los terrenos que, o bien contaran con los requisitos anteriores respecto a infraestructuras o bien que careciendo de alguno de esos requisitos, "estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad de su superficie".
Además, el nuevo texto añade que en los núcleos y áreas a los que se refieren estas condiciones "no se podrán autorizar nuevas construcciones" de las que ya están prohibidas en el artículo 25 de la Ley de costas.
En todo caso, la modificación agrega que estos núcleos y áreas serán delimitados por el planeamiento y si no lo hay, serán delimitados por la administración urbanística competente, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente, que tendrá que pronunciase sobre la delimitación y compatibilidad de estos núcleos con la integridad y defensa del dominio público marítimo terrestre. Asimismo, fija en 18 meses el tiempo máximo para que el Ministerio se pronuncie, ya que, si no, se entenderá que es favorable.
Respecto al plazo para acogerse a esta delimitación, las administraciones urbanísticas, es decir los municipios, tendrán tres meses para solicitar dicho informe.
Fuentes gubernamentales han manifestado a Europa Press que la intención de este endurecimiento es aclarar que la nueva ley no servirá para construir en todo el litoral, ya que no se podrá construir donde estaba prohibido con la Ley de 1988 y que no se permitirán construcciones en ningún lugar más.
UNA SEMANA PARA LA VOTACIÓN DEFINITIVA
El dictamen será debatido en el pleno del Senado previsiblemente el próximo martes 23 de abril y remitido al Congreso para su aprobación definitiva.
Por el momento, el PP ha transaccionado una enmienda de CiU respecto a las urbanizaciones marítimo terrestres, que son las que viviendas o construcciones con acceso directo a los canales. De este modo, el texto contempla ahora que las personas que a la entrada en vigor de esta Ley sean titulares de terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad, que se sitúen en las urbanizaciones marítimo terrestres, que dejen de formar parte del dominio público marítimo terrestre por aplicación de la misma, "serán integrados en el dominio de dichos bienes, una vez sean revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la disposición adicional segunda".
Al término de la Comisión, el ponente del PP en el proyecto, Vicente Aparici, ha explicado que "esta es la única enmienda aceptada hasta el momento", pero ha señalado que el debate aún está vivo y que en esta semana, hasta el momento del pleno hablarán con todos los grupos parlamentarios para abordar la posible inclusión de otras propuestas.