Mario Pérez denuncia que la Ley de Costas no salva ni un núcleo de
Canarias, pero sí hoteles y casas “de alto standing” de la península
“Canarias tiene 1.500 metros de costa y en todo ese espacio, el PP no ha encontrado ni una sola excepción. No ha encontrado ni un núcleo con valores etnográficos o paisajísticos, o algún núcleo en el que mereciera la pena que no se aplicara la Ley de Costas”. Así ha resumido el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, el agravio que entienden que ha supuesto esta nueva ley para el archipiélago. Y es que mientras los núcleos canarios siguen afectados por esa nueva normativa, en la península y en Baleares sí se han hecho múltiples excepciones.
Entre ellas, Mario Pérez ha citado el caso de “viviendas de altísimo standing” y “hoteles en primerísima línea de playa, en la arena”, concretamente en Santa Pola. Además, el viceconsejero también se ha referido a la costa gallega, que “está excluida en su totalidad, mientras en Canarias nada de nada”.
“Es una ley arbitraria, que nos trata de manera muy distinta y nos hace enormemente diferentes”, ha insistido el viceconsejero, subrayando especialmente el caso de la isla balear de Formentera. “Se ha hecho una excepción en su totalidad por sus valores morfológicos, porque es una isla volcánica”, ha cuestionado, insistiendo en el “agravio comparativo que supone”.
“Ni en Lanzarote, ni en ninguno de los 70 núcleos de Canarias, han permitido la excepción, cuando en el archipiélago existen 1.842 viviendas que están en una situación complicadísima”, ha reiterado Pérez en una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero.
Recurso de inconstitucionalidad
Por éstos y otros motivos, el Gobierno de Canarias ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. “Nació desde Madrid sin diálogo con ninguna de las comunidades autónomas y ni en el Congreso ni en el Senado han admitido ninguna enmienda de la oposición”, agrega el viceconsejero de Política Territorial del archipiélago.
Entre los motivos de ese recurso, también plantearán que existe una “invasión de competencias”, así como el carácter “retroactivo” de la ley, "al obligar a los ayuntamientos a demostrar en sólo tres meses la clasificación de numerosos núcleos que llevan años recogidos en el planeamiento como urbanos".