El Gobierno del Estado sigue empleando un rasero distinto con Canarias, cuando se nos mide con otras comunidades autónomas. El hecho podría entenderse positivo si estuviéramos refiriéndonos al respeto de las singularidades isleñas, en relación al distinto -y distante- territorio continental. Pero no van por ahí los tiros, sino todo lo contrario. Como acabamos de comprobar con la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Costas, a cargo del Congreso de los Diputados, el Partido Popular vuelve a menospreciar a las Islas, al atender las peculiaridades de puntos del litoral mediterráneo o del archipiélago balear y hacer caso omiso de situaciones pendientes de resolver en Canarias.Tales situaciones no responden a capricho sino que están relacionadas con las particularidades de índole histórica, cultural y etnográfica que reúnen muchos núcleos costeros de las Islas, donde queda abierta la puerta a la acción de las palas. Sin embargo, a tenor de la reforma que acaban de aprobar las Cortes, no sucederá lo mismo en una serie de localidades de la Península y Baleares, que salen airosas en esta criba. Podría parecernos bien, en la salvaguarda de sus intereses, si no fuera por ese trato diferente -y pernicioso- con el que se legisla para Canarias.
El perjuicio recaerá sobre gente sencilla, que habita desde hace décadas en núcleos
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| EL SAUZAL (Tenerife) |
marineros con valor etnográfico, y en instantes difíciles como los presentes, cuando se agudiza la crisis. Muchas de esas personas fueron visitadas, en tiempo de campaña electoral, por algunos de los que ahora se sientan en el Congreso y el Senado para votar con sumisión lo que ordene su jefe de filas. Da igual qué tipo de promesas les hicieron sobre la supervivencia de sus propiedades en el litoral, que no son ni mansiones con piscina ni complejos turísticos en primera línea.
La situación es sencilla: Canarias, el territorio del Estado con más kilómetros de costa, queda fuera de las excepciones dispuestas por el PP para la isla de Formentera y una docena de núcleos mediterráneos. Así de claro y rotundo. Como sostiene la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que se ha rebelado contra esta injusta situación, la norma omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la Ley de 1988, cuya realidad social y económica nunca fue considerada adecuadamente, y cuyos valores etnográficos o arquitectónicos tampoco hallan protección en el nuevo texto, que únicamente establece la prelación de bienes de interés cultural.
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| EL SAUZAL (Tenerife) |
Por si fuera poco, los populares también impidieron que prosperase la enmienda presentada por los nacionalistas canarios acerca de la paralización de derribos en núcleos afectados por demoliciones, allá donde estén aprobadas operaciones de reposición de viviendas por la administración competente, en tanto no se cuente con dichos inmuebles y se garantice el traslado de los ciudadanos. Tampoco por ahí quisieron entrar estos mudos representantes de las Islas, por más que en sus memorias, seguramente, figuran todavía las dramáticas imágenes de un desalojo que dieron la vuelta a España.
Como hemos comentado en otras ocasiones, abogamos por la cogestión del litoral, una vieja reivindicación del Cabildo de Tenerife, de tal manera que no sólo sea Madrid quien tome las decisiones relativas al litoral isleño sino que participen también las administraciones locales, como de hecho sucede en otros territorios. Estamos seguros de que evitaríamos así situaciones tan injustas y desproporcionadas como las comentadas, que ponen también de manifiesto -una vez más- la falta de consideración del Gobierno central hacia los derechos singulares de las Islas.