miércoles, 15 de mayo de 2013

Vecinos de la playa de Nules reivindican el mismo indulto que el Gobierno ha concedido a las viviendas de Xilxes

La reforma de la Ley de Costas, aprobada la semana pasada en el Congreso, no ha satisfecho a los 242 vecinos de Nules afectados por el dominio público marítimo-terrestre. Valoran que la nueva normativa amplíe las concesiones de las viviendas hasta 75 años, ya que las autorizaciones iban a caducar en 2018 con el consiguiente riesgo de derribo. Sin embargo, lamentan que el texto legal no reconozca la propiedad a aquellos vecinos que tienen las escrituras de sus parcelas. 

La presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de Nules, Marisol Ballester, cree que el municipio debería recibir la misma consideración que Xilxes, cuyas viviendas de playa han sido indultadas con la nueva normativa, como en otras 11 localidades españolas.

Una de las opciones que barajan los vecinos para regularizar sus viviendas es la de impugnar el deslinde, es decir, pedir una revisión del dominio público marítimo-terrestre de manera que las construcciones queden fuera de la zona de protección. Y es que la ley recoge la posibilidad de pedir un nuevo deslinde en aquellas playas que ganen terreno al mar. Sin embargo, no es el caso de Nules. La presidenta de la asociación vecinal denuncia que en los últimos años el Gobierno no ha invertido en conservar los espigones y evitar la regresión de la costa, por lo que no podrán pedir la revisión del dominio público si no se regenera antes la playa. 

Esta reivindicación también la comparte el alcalde de Nules, Mario García, quien ha pedido mayor inversión al Gobierno en la regeneración de la costa. Eso sí, García justifica la amnistía exclusiva de Xilxes, el único municipio de la provincia cuyas viviendas han sido indultadas. Recuerda que esta localidad, al contrario que Nules, ya sufrió derribos hace tres décadas y que entonces se inició un trámite para regularizar el resto de viviendas. Un trámite que no llegó a cerrarse y que ahora el Gobierno ha zanjado con el indulto.

En la provincia hay unas 600 viviendas de playa afectadas por el dominio público repartidas entre Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules, Burriana, Almassora, Benicàssim y Cabanes. Ahora tienen un plazo de dos años para presentar la documentación y pedir la prórroga de las concesiones para un máximo de 75 años.