«Es un atraco que los propietarios tengan que pagar por la protección del litoral», sostiene el presidente de la asociación de vecinos
La nueva ley de Costas que hoy entró en vigor nace rodeada de polémica. La normativa con la que el Gobierno central del PP enmienda a la de 1988, aprobada por el ejecutivo del PSOE, tampoco contenta a todos. Uno de los artículos más controvertidos es el que hace referencia al cobro de contribuciones especiales por la ejecución de obras en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora. «Es un atraco a los propietarios. Toman ahora esa decisión porque no hay dinero», criticó ayer el presidente de la asociación de vecinos «Amigos de Salinas», Eloy Martínez Argüelles.
El artículo 87 bis de la Ley de Costas que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dice que «podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta». La base imponible de las contribuciones especiales se fijará en un real decreto aunque la cantidad no podrá exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.
«Con la anterior Ley de Costas hubo grandes problemas con los deslindes y ahora pretenden cargar a los vecinos con el coste de las obras. Si un vecino del paseo marítimo de Salinas tiene que pagar el arreglo si la mar lo tira, terminará marchándose a otro sitio, porque no es justa la decisión del Gobierno», señaló Eloy Martínez.
El dirigente vecinal destacó que en la ley hay agravios comparativos pues, mientras a unos propietarios les harán pagar las obras a otros les legalizan una viviendas (125.000 en total según el PP), que con la ley de 1988 estaban fuera de ordenación urbanística.
La nueva Ley de Costas fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de mayo con los votos a favor del PP, UPN y Foro Asturias; la abstención de CiU y el rechazo del resto de los grupos políticos de la oposición entre los que se encuentran el PSOE, IU, UPyD, el PNV y el grupo Mixto (excepto UPN y Foro). Asimismo, Coalición Canaria que gobierna en canarias con el apoyo del PSOE, ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. La asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc) se constituyó recientemente, incluso antes de la entrada en vigor de la normativa.
«Es una vergüenza que se quiera cobrar a los vecinos por lugares que las administraciones tienen la obligación de mantener en buen estado. Espero que rija el sentido común y no se aplique porque seguirán los recursos como en la ley de 1988 que se recurrieron deslinden. No entiende cómo lo que destruya el mar lo tengamos que pagar los ciudadanos», concluyó Eloy Martínez.