Más de una década después de que se realizase el proceso de deslinde marítimo terrestre de A Illa, los tribunales han optado por reconocer a Costas del Estado la titularidad de los terrenos de O Bao, por los que el ente estatal litigaba con los comuneros del municipio. La sentencia, que se dio a conocer a las partes implicadas hace apenas un mes, entiende que la afección del mar en la zona puede alcanzar a prácticamente toda la parcela en disputa, de 70.000 metros cuadrados, por lo que entrarían dentro del dominio marítimo terrestre, sobre todo si se tiene en cuenta que Costas considera O Bao una zona de relleno. A este argumento hay que añadir que los lindes de la misma no están precisamente claros, ya que en la zona, el jurado de montes solo le reconoce a los comuneros cuatro hectáreas de superficie, una gran parte de las cuales fueron expropiadas para la construcción del puente.
La decisión de la Audiencia Provincial ratifica así la sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso el pasado mes de noviembre, dando un duro varapalo a los comuneros a lo que ya solo les queda una última opción, el recurso de casación, para intentar que esos terrenos continúen perteneciéndoles. Sin embargo, el presidente de la gestora de los comuneros, Juan Jesús Diz, descartaba ayer que la comunidad de montes de A Illa pueda hacer frente a los costes que supone un recurso de estas características, y anunciaba que desisten de seguir litigando. Diz no oculta su desilusión por la sentencia de la Audiencia Provincial ya que en todo el proceso, "los únicos que aportamos documentación sobre la titularidad de los terrenos en litigio fueron los comuneros, mientras Costas no presentó absolutamente nada". Con esta sentencia, y al no recurrir los comuneros, los 70.000 metros cuadrados de la parcela pasan a ser de dominio público.
Esta parcela se encuentra dividida en dos partes por el vial del puente de A Illa. La primera de ellas se encuentra en la zona sur y es una parcela de 43.174 metros cuadrados, mientras que la zona norte cuenta con una extensión de 30.066 euros y es el único punto donde si existe una constancia fehaciente de que el mar ha comenzado a convertir la zona en una marisma debido a un canal artificial practicado hace décadas.
Los comuneros presentaron todo tipo de documentación, entre la que destacaba la que aludía a la expropiación de los terrenos para la construcción del puente, un escrito que emitió en su día la propia administración. A ello hay que añadir que contaban con la declaración de un considerable número de vecinos que afirmaban que, toda esa parcela, era un terreno utilizado para el pastoreo, actividad que sería incompatible con la presencia de las mareas en la zona. Incluso llegaron a presentar documentos de fincas particulares de la zona en los que se asegura que lindan con terrenos comunales en los puntos que reclamaba Costas. Ninguno de estos documentos les sirvió en el proceso, especialmente en la zona sur, donde un biólogo realizó un informe en el que aseguraba que las mareas no afectaban.
