domingo, 17 de noviembre de 2013

El Gobierno lleva a la quiebra a ciudadanos y empresas con sus leyes retroactivas, pero va presumiendo de país seguro donde invertir

Mariano Rajoy: "La seguridad jurídica es requisito imprescindible para el progreso"


Ha debido de afectarle el jet lag o vive en otro país o no tienen decencia.
Esa frase del discurso no se atreve a decirla en el Parlamento Europeo después de haberse hecho públicas las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre los derechos de propiedad y la Ley de Costas de 1988 en España, incluida una visita de investigación a España, los días 21 y 22 de marzo de 2013:

En el proyecto de ley (Ley de Costas) se reconoció que habían surgido problemas en lo tocante a la seguridad jurídica de la propiedad que, a su vez, «suscitaron desconfianza y confusión».

Sin embargo, queda una consideración importante que todavía sigue, en parte, sin resolver, y que está relacionada con el propio derecho fundamental de la propiedad. En breves palabras, la cuestión enfrenta dos conceptos fundamentalmente opuestos de los derechos de propiedad: el Gobierno español no otorga la propiedad de las viviendas construidas en la zona costera, sino que las considera concesiones. Considerando que según la legislación de 1988 las concesiones duraban treinta años, a tenor de la nueva propuesta estas se ampliarían a setenta y cinco años en determinadas circunstancias. Los peticionarios, muchos de los cuales habían comprado su propiedad antes de 1988 o les había sido legada por su familia durante generaciones, consideran sin embargo que deberían conservar plenos derechos sobre la propiedad, atestiguados por los registros oficiales de venta de bienes raíces. Por lo tanto, los peticionarios encuentran inaceptable cualquier propuesta que se retracte de tales derechos adquiridos, tanto más teniendo en cuenta que sus efectos serían retroactivos.

Para concluir el debate, el Director General (de Costas) indicó que, en el pasado, la ausencia de seguridad jurídica había surgido en parte debido a los límites de la demarcación incorrectos, a los derechos de propiedad y a la acumulación en los registros de la propiedad y el Catastro.

Observaciones finales de la Comisión de investigación

Los miembros siguen preocupados por el hecho de que aún deben llevarse a cabo mejoras significativas en materia de derechos de propiedad y adquisición para poder respetar las normas comunes europeas.

Resulta deplorable que con esta revisión de la Ley de Costas no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad, un requisito imprescindible de todo mercado sostenible de la vivienda. Además, el hecho de que, en su caso, la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa (debido a la erosión costera o la construcción de un nuevo puerto deportivo, por ejemplo) genera una inseguridad adicional, pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana.

Los miembros tampoco tienen claro que se respeten plenamente algunas otras directivas de la UE.
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¿Puede Rajoy dar lecciones de seguridad jurídica, cuando siendo registrador de la propiedad aprueba una ley, la de Costas, que anula el Registro de la Propiedad con efecto retroactivo para poder confiscar las propiedades legales de los ciudadanos europeos con el único objetivo de un enriquecimiento ilícito del Estado?.... NO

¿Es España el Estado de Derecho fiable del que va presumiendo Rajoy en el extranjero?... NO

¿Existe seguridad jurídica en España?... NO

La conclusión es clara: invertir en España es jugar a la ruleta rusa.