Víctimas de la Demarcación de Costas ( TRINIDAD CARVAJAL LÓPEZ )

La Administración local vende un terreno en 1929, lucrándose con ello, y la Administración central, en 2014, nos derriba e incauta la propiedad pasando por encima de nuestros derechos en el propio procedimiento y sin opción a tener ni siquiera una concesión que por ley nos pertenecía o, en todo caso, una indemnización por la expropiación de una propiedad privada.

El 11M (11 de marzo) de 2014 la Demarcación de Costas volvió a cometer un atentado, esta vez contra mi familia, derribando nuestra vivienda en Bolnuevo (Mazarrón) cuya titularidad hemos ostentado durante 65 años. 

La historia de esta vivienda se remonta a 1929 cuando el terreno donde se situaba la misma fue comprado por Pedro Acosta Fernández al Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón para construir un almacén de aperos de pesca que al poco tiempo pasó a ser una vivienda, inscribiéndose el título en el Registro de la Propiedad en 1932.

El 2 de mayo de 1949, nuestro abuelo Ginés Carvajal Paredes compra la vivienda efectuando el pago de los correspondientes impuestos e inscribiendo la escritura en el Registro. Por herencia, pasó a ser propiedad de nuestro padre, Ginés Carvajal Sánchez, en 1954 y asimismo pasó a ser propiedad de la Sociedad Carvajal Aborica cuando en 1992 fallece nuestro padre.

En 1995 se aprueba por OM de 19 de julio el deslinde de la playa de Bolnuevo, donde curiosamente se retrotraen los mojones solamente en la zona donde están las viviendas pasando estás a ser de dominio público marítimo terrestre, y rodeando los mojones el cámping, respetando su propiedad privada que actualmente se encuentra a escasos veinte metros del rompeolas del mar. Y es a partir de ese año cuando nuestra querida Demarcación de Costas nos pone en el punto de mira. 

Sin notificación. Con mucha gentileza, la Administración a cambio, ofrecía (según ellos a través de la ley) a todos los propietarios unas concesiones de 75 años que jamás nos fueron comunicadas (razón por la cual ningún propietario las solicitó) ni, por supuesto, concedidas. 

En 2006 nos notifican la incoación de oficio de un expediente de recuperación del dominio público marítimo terrestre (latronicio por ley).

Durante diecinueve años hemos estado luchando para defender un derecho fundamental como es la propiedad privada, gastando mucho dinero, presentando toda clase de recursos hasta que en octubre de 2013 la sala segunda de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia estimando, cómo no y una vez más, la petición de Costas, sentencia que no fue recurrida por expiración del plazo. 

A los dos meses, la Administración pública (Costas)  nos envía un presupuesto valorando el derribo en casi 24.000 euros; lógicamente nos opusimos, presentado un presupuesto contradictorio realizado por un aparejador junto con la empresa especializada en derribos, valorándolo en apenas 4.000 euros, a lo que nos contestaron que sí tan barato era la derribáramos nosotros o en un plazo de tres días entregáramos las llaves de la vivienda.

Nosotros, asesorados por nuestro abogado, con el que contactamos a través de la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, doña Carmen del Amo, esperamos a que se nos notificara del Juzgado la autorización a Costas de entrada en nuestro domicilio, para en su caso desalojar la vivienda, aunque esperábamos la notificación para recurrirla directamente al Tribunal Europeo.

Pues bien, sin haber sido notificados de nada, el martes 11 de marzo se presentan sin previo aviso en nuestra casa el vigilante de Costas, señor don Pedro, y la representante de la demarcación, la señora Trinidad Pérez, acompañados de todo un séquito de personal, efectivos de la Guardia Civil y un despliegue de maquinaria, enseñándonos un auto con orden judicial que no habíamos recibido, para hacer uso abusivo e ilegal, ya que ni siquiera tenían proyecto de derribo ni licencia municipal del ayuntamiento de Mazarrón (lo que permitieron a pesar de las advertencias que les hicimos), y ni mucho menos hemos recibido indemnización alguna por habernos arrebatado una propiedad.

Ante tal espectáculo, porque más que personal administrativo parecían un ejército, intentamos por todos los medios demostrar que estábamos ajenos a toda notificación, pidiéndoles que, por favor, nos dieran un día para sacar las cosas de la casa, a lo que todo eran respuestas negativas, pero lo peor fueron las formas y el abuso de autoridad con que nos intimidaron y amenazaron, y después de literalmente rogarles, tuvieron la gentileza de darnos quince minutos para sacar los objetos personales de nuestra casa. 

viviendas 1940

Era una casa antigua, pero equipada con todo lo necesario para vivir una familia dignamente y, sobre todo, con todos sus recuerdos. Sólo tuvimos tiempo de sacar los alimentos del frigorífico, ya que transcurrido el ínfimo tiempo, el perro de presa don Pedro, su compañera Trinidad y un tal Fernando nos echaron de nuestra propia casa, haciendo caso omiso a mi resistencia para sacar los objetos y recuerdos de nuestros padres. Nos amenazaron con la Policía y tuvimos que salir por última vez dejando dentro de aquellos portales toda una vida, mi infancia y todos los recuerdos inmateriales que allí se quedaron. Y con mucha impotencia, mi hermano Ginés y yo abandonamos nuestra casa de Bolnuevo donde crecimos con nuestros padres y donde han crecido nuestros hijos, despidiendo todas las vivencias tanto buenas como malas que habíamos tenido hasta ese día.

Trato despótico. Acto y seguido, cuando sus ´nuevos dueños´ la asaltaron, cumplieron su objetivo, que era, con un plumazo de una excavadora, destruirla, y lo peor de esta historia es como mi familia y yo vimos las risas y la satisfacción que mostraban mientras nosotros llorábamos de pena, rabia, impotencia y dolor por ver parte de nuestra vida rompiéndose en pedazos, que pocos minutos después pasó a ser un montón de escombros y para estos desalmados un buen atentado contra sus víctimas.

La situación fue dantesca y desoladora, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo.

Por parte de esta Administración española y sus secuaces fuimos tratados de una forma hitleriana y lo único que nos queda ahora es pelear y remover cielo y tierra para demostrar la indefensión que nos han causado saltándose la Justicia un paso esencial en un procedimiento como es la notificación a las partes, tal y como expresamente exponía el auto de fecha 26 de febrero de 2014 del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo que nos enseñaron y que mientras derribaban nuestra casa nos entregaron: «La entrada se llevará a cabo en un plazo de treinta días, notifíquese a las personas afectadas por la medida y partes del proceso, haciéndoles saber que contra el mismo cabe interponer   recurso de apelación, admisible en un solo efecto, mediante escrito fundado, ante este mismo órgano y en el plazo de quince días desde la notificación».

Primera escritura 1929

Leyes y derechos. En resumen, la Administración local vende un terreno en 1929, lucrándose con ello, y la Administración central, en 2014, nos derriba e incauta la propiedad pasando por encima de nuestros derechos en el propio procedimiento y sin opción a tener ni siquiera una concesión que por ley nos pertenecía o, en todo caso, una indemnización por la expropiación de una propiedad privada. Era nuestra casa y estos atracadores nos la han robado.

Vamos a ir hasta donde haga falta para demostrar que las leyes son muy extensas y aunque no todos los españoles las conocemos, para eso hay personas con conocimientos y humanidad que están dispuestas a ayudarnos y a abrir los ojos a todos los ciudadanos, pues la Administración aplica dentro de esas leyes únicamente las que a ellos les benefician y no a los ciudadanos.

Con este relato quiero que todos se enteren de que más allá de nuestras fronteras existen otras leyes que derogan las que indebidamente nos aplican a nosotros, a las víctimas que somos todos. Mi familia ha sido parte de su carnaza, me han arrancado parte de mi corazón a tirones y esto es imperdonable.

Sólo pedimos justicia ante tal acto vandálico. La justicia en España favorece a todos los delincuentes como son los políticos y Administraciones, sobre todo Costas y sus secuaces. Que nadie calle; os animo a que salgáis a la calle a reivindicar los derechos que nos están arrebatando.

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2014/03/20/victimas-demarcacion-costas/544924.html