martes, 23 de septiembre de 2014
lunes, 15 de septiembre de 2014
A Costas S.A. le parece poco el paro que hay y manda a unas pocas familias más al desempleo derribando un restaurante TOTALMENTE LEGAL
El gerente del restaurante de Bolnuevo ha convocado concentraciones diarias a partir de mañana y acudirá a Estrasburgo para frenar el derribo.
El restaurante 'La Siesta' de Bolnuevo, en Mazarrón, tiene los días contados a tenor de la resolución dictada por la Demarcación de Costas que, según informó ayer a esta redacción su responsable en Murcia, Andrés Martínez, y tras rechazar todos los recursos presentados por el arrendatario y la dueña del local en los últimos meses, procederá a la demolición del local en fecha que no quiso precisar para no 'alertar' a quienes se oponen a un derribo que ya lograron paralizar en julio gracias a la movilización de clientes y vecinos de la zona. Entonces se anunció el aplazamiento del derribo hasta el próximo día 17 de septiembre, una fecha que desde Costas no confirman, de lo que se deduce que la demolición podría producirse incluso antes.
Para evitarlo, además de seguir con los trámites judiciales, como solicitar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la suspensión cautelar de la orden de demolición, el arrendatario del local, José Miguel Muñoz, ha convocado una concentración para mañana, a las diez, frente al restaurante, que se repetirá todos los días hasta el miércoles.
«Si morimos, lo haremos con las botas puestas», señala el abogado de Muñoz, Daniel Martínez, que critica la actitud de Costas al decidir seguir adelante con la demolición sin resolver antes la petición que presentaron solicitando una nueva concesión administrativa de ocupación y aprovechamiento de dominio público marítimo-terrestre por espacio de 30 años, tal como establece la disposición transitoria primera de la Ley de Costas para locales que estén inscritos en el Registro de la Propiedad.
El abogado anuncia, además, que, de llevarse a cabo el derribo, presentará una demanda de responsabilidad patrimonial millonaria en compensación por las pérdidas que esta demolición provocará al arrendatario y los dueños del restaurante «teniendo en cuenta que, como demostraremos, esta resolución de Costas es un disparate judicial». Por último, Martínez, denuncia «el secretismo» con el que se ha llevado todo el caso y critica que sus clientes no han recibido aún la notificación del derribo.
jueves, 4 de septiembre de 2014
El dedazo arbitrario y prepotente de Costas S.A. decide a quién salva y a quién lleva a la ruina sin dar ninguna explicación pública
El polideportivo de Castro
Urdiales Peru Zaballa no tendrá que ser derribado después de que el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya declarado "innecesarios
para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre"
los terrenos sobre los que se enclava.
La
confirmación oficial la daba este jueves el presidente de Cantabria, Ignacio
Diego, en una visita al polideportivo junto al alcalde, Iván González, en la
que han explicado que se trata de un paso previo al inicio del proceso de
desafectación de los terrenos. Sin embargo era algo que ya estaba previsto
desde la aprobación el año pasado de la reforma de la Ley de Costas de 1988,
que pese a condenar definitivamente a la piqueta otro edificio en Castro, el
Hotel Miramar, si daba una segunda oportunidad al polideportivo municipal que a
pesar de encontrarse dentro del límite que marca Costas, está a unos metros de
la playa de Ostende y siempre se ha alegado que es imposible recuperar la zona
a su estado original.
Ahora, el Ministerio da un
paso mas en ese sentido, ya que la declaración de innecesariedad hecha pública
ahora afecta a una superficie de 14.451 metros cuadrados, incluido el Peru
Zaballa, ubicado junto a la playa de Ostende.
La Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente lo
resolvió el 21 de julio pasado y Diego espera que en esta semana o la siguiente
se lleve a cabo la comunicación oficial al Ayuntamiento de Castro Urdiales para
iniciar el proceso de desafectación.
Fue
una sentencia del
Tribunal Supremo, que confirmaba otra de la Audiencia Nacional,
la que ratificó el derribo en el año 2010 por ubicarse en terrenos del dominio
público marítimo terrestre y por haberse extinguido la concesión del terreno
que 1976 se otorgó por espacio de treinta años.
¿Por qué no explica nunca Costas el motivo por el cuál está salvando las concesiones y, sin embargo, confisca y derriba las propiedades legales de los ciudadanos europeos?