El gerente del restaurante de Bolnuevo ha convocado concentraciones diarias a partir de mañana y acudirá a Estrasburgo para frenar el derribo.
El restaurante 'La Siesta' de Bolnuevo, en Mazarrón, tiene los días contados a tenor de la resolución dictada por la Demarcación de Costas que, según informó ayer a esta redacción su responsable en Murcia, Andrés Martínez, y tras rechazar todos los recursos presentados por el arrendatario y la dueña del local en los últimos meses, procederá a la demolición del local en fecha que no quiso precisar para no 'alertar' a quienes se oponen a un derribo que ya lograron paralizar en julio gracias a la movilización de clientes y vecinos de la zona. Entonces se anunció el aplazamiento del derribo hasta el próximo día 17 de septiembre, una fecha que desde Costas no confirman, de lo que se deduce que la demolición podría producirse incluso antes.
Para evitarlo, además de seguir con los trámites judiciales, como solicitar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la suspensión cautelar de la orden de demolición, el arrendatario del local, José Miguel Muñoz, ha convocado una concentración para mañana, a las diez, frente al restaurante, que se repetirá todos los días hasta el miércoles.
«Si morimos, lo haremos con las botas puestas», señala el abogado de Muñoz, Daniel Martínez, que critica la actitud de Costas al decidir seguir adelante con la demolición sin resolver antes la petición que presentaron solicitando una nueva concesión administrativa de ocupación y aprovechamiento de dominio público marítimo-terrestre por espacio de 30 años, tal como establece la disposición transitoria primera de la Ley de Costas para locales que estén inscritos en el Registro de la Propiedad.
El abogado anuncia, además, que, de llevarse a cabo el derribo, presentará una demanda de responsabilidad patrimonial millonaria en compensación por las pérdidas que esta demolición provocará al arrendatario y los dueños del restaurante «teniendo en cuenta que, como demostraremos, esta resolución de Costas es un disparate judicial». Por último, Martínez, denuncia «el secretismo» con el que se ha llevado todo el caso y critica que sus clientes no han recibido aún la notificación del derribo.