Afectados por las expropiaciones de la ZAL lamentan «el olvido» sufrido y que no existan consecuencias políticas y económicas para quienes llevaron a cabo una operación «ilegal» que «nos destrozó la vida»
Llevan 23 años de protestas y más de una década de lucha en los tribunales. Y cada vez que hablan de cómo se llevaron a cabo las expropiaciones de la Punta les tiembla la voz. De rabia e indignación. Por segunda vez el Tribunal Supremo les ha dado la razón. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) se llevó a cabo de forma irregular y el Supremo ha vuelto a declarar nulo en proceso. Sin embargo, y a pesar de la victoria conseguida en los tribunales, nada mitiga el dolor de las 620 familias que lo perdieron todo. Sus viviendas, sus tierras, su forma de ganarse la vida, sus vecinos, su huerta, sus pertenencias, sus recuerdos... Les echaron a la fuerza, sin piedad. Eso es lo que recuerdan.
La zona expropiada es una solar de 683.000 metros cuadrados urbanizado desde 2006. El fracaso del proyecto es más que evidente. Y eso que las expropiaciones fueron por vía urgente. Por eso les tiraron de sus viviendas deprisa y corriendo. Pero ahora que los jueces les han dado la razón ni tan siquiera encuentran consuelo. Sobre todo porque «los culpables se han ido de rositas. No hay consecuencias para ellos. Puse una querella criminal por la forma en la que nos desalojaron de nuestras casas, a mí y a mi hija de 13 años. La archivaron. Tengo gravada a fuego la frase de Juan Cotino: «Todo en el mismo paquete». Es decir, tirar las casa, desalojarnos y dejarnos sin nada. Pues ahora Juan Cotino, Rafael Aznar (presidente de la Autoridad Portuaria)... deberían pagar las indemnizaciones de su propio patrimonio. Deberían ir a la cárcel porque nos robaron. Nos dejaron sin nada. El daño es irreparable. Sus actuaciones, sus decisiones políticas, deberían tener consecuencias judiciales», asegura Marí Carmen González, una de las afectadas que ha peleado en los tribunales «hasta el final».
Su voz es la de muchos afectados. Los que están y los que ya han fallecido. Lejos de sus casas, de su huerta y de sus campos. Es imposible que los afectados perdonen... sobre todo porque nadie les ha pedido perdón. De hecho, lamentan el «olvido» al que les ha sometido la ciudad, los políticos, los responsables, los tribunales, los funcionarios, los medios de comunicación... «¿Quien tiene la vergüenza de pedirnos perdón? Nadie nos ha preguntado cómo estamos, cómo nos sentimos, si necesitábamos algo... Nada. Nos destrozaron la vida. Nos trataron como a perros. Nos lo quitaron todo. ¿Y ahora el Supremos anula la ZAL? ¿Y qué? Siento rabia y vergüenza», concluye.
¿ESPAÑA ESTADO DE DERECHO EUROPEO?
La historia se repite una y otra vez en toda España. Se hacen leyes a la carta para confiscar, incautar, la propiedad de la gente humilde y especular con ella. Utilizan la policía para conseguir sus propósitos. Los jueces no ponen medidas cautelares y cuando sentencian, 10, 20 años después, el daño está hecho. Mucha gente mayor muere de pena o por no poderse adaptar a su nuevo entorno. Las familias pasan a formar parte de la legión de pobres en riesgo de exclusión porque la indemnización, cuando la hay, es un insulto a la dignidad de la persona.
Lo penoso de todo esto es que pagamos con nuestros impuestos a políticos que nos roban, policías que desprotege a los ciudadanos frente al abuso de poder y jueces que no ponen medidas cautelares y sentencian cuando el daño está hecho.
Algo falla en esta sociedad para que todo vaya al revés de lo que sería un ESTADO DE DERECHO EUROPEO