La nueva playa artificial Anfi Tauro ha centrado el foco de atención en los últimos días, no sólo por la novedad de su estreno el próximo mes de agosto, sino por la investigación abierta para comprobar que su construcción se ajusta a la legalidad.
Concretamente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil quiere esclarecer si los terrenos concedidos al Grupo Anfi para ejecutar el proyecto fueron tramitados de forma legal.
Según adelanta el periódico La Provincia, esta investigación ya se ha cobrado la destitución del jefe de Costas en Canarias, José María Hernández (cargo que depende del Ministerio de Medio Ambiente).
Además, informan de que las pesquisas afectan a las cuatro administraciones que han intervenido en la tramitación del proyecto: Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y, sobre todo, al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad y su Demarcación en las Islas.
La Guardia Civil lleva investigando la concesión desde que comenzaron los trabajos el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, alertando de que estas obras podían afectar a la ZEC Franja Marina de Mogán, un espacio marino declarado para la protección del hábitat de interés comunitario y que se encuentra a apenas 300 metros de donde se han venido realizando las obras.
Para la construcción de esta playa, el grupo Anfi Tauro (formado por la familia Lyng y el Grupo Santana Cazorla) ha invertido seis millones de euros y ha despositado para ello más de 70.000 toneladas de arena del Sáhara.
A este emplazamiento de Anfi Tauro, el grupo pretende unir a medio plazo un puerto deportivo para 300 atraques y varios complejos hoteleros, que suman 7.500 camas.