El Ministerio acusa a José María Hernández de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial en las obras de regeneración de la playa de Tauro
En su escrito al Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, la Fiscalía señala que el acusado José María Hernández obvió una Orden Ministerial y los informes contrarios a la actuación en la playa de Tauro y "no dudó en falsear la realidad en dos documentos, el Acta de Replanteo y el plano adjunto al Acta de Entrega y Recepción de los terrenos a aportar" por el promotor.
La aportación de 3.811 metros cuadrados de terrenos contiguos a la playa de Tauro por parte de la empresa Anfi Tauro fue el factor determinante para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adjudicara en 2015 la concesión de ocupación de la playa al promotor. En detrimento del otro licitador del concurso, Miguel Cazorla e Hijos, el proyecto de Anfi Tauro presentaba "un mayor ancho de playa" para colocar gran parte de los servicios de temporada (hamacas, sombrillas y kioscos) en el enclave costero.
Sin embargo, el pliego de condiciones que acompañaba esta Orden Ministerial determinaba la obligación de "delimitar con carácter previo al inicio de las obras" la recepción de los terrenos privados incorporados por el promotor.
Según sostiene la Fiscalía, el acusado "se apartó de manera grosera" del marco jurídico y "desoyó los impedimentos expuestos" tanto por el ingeniero de la demarcación como sus superiores en Madrid con la "única voluntad de autorizar el inicio de las obras" en el litoral.
Tras una inspección a la playa de Tauro, cubierta ahora con 70.000 metros cúbicos de arena del Sahara, el ingeniero de caminos de la Demarcación, Ignacio López-San Vicente, se negó a firmar el acta de replanteo de las obras por existir ciertos reparos en el proyecto. Pese a las advertencias del técnico, Hernández "autorizó verbalmente" las obras y se "apartó del marco jurídico", según rescata el escrito de acusación.
Además, y "para hacer constar que su actuación estaba revestida de una aparente formalidad legal", el exjefe de Costas "no dudó en falsear" el contenido del Acta de Replanteo y el plano adjunto al Acta de Entrega y Recepción de los terrenos aportados por Anfi Tauro.
Estos documentos "difieren" de la realidad reflejada en el expediente de la concesión ministerial, destaca en su informe el fiscal, "ya que el concesionario no figura como el único titular" del suelo y parte de estos terrenos están "ocupados" parcialmente por inmuebles.
Por este supuesto delito de falsedad documental, la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de cárcel para el acusado. Además, pide su inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público por 10 años por haber cometido presuntamente una prevaricación administrativa.
Para la apertura de juicio oral, el Ministerio Público propone el interrogatorio del acusado y el testimonio de los agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron la playa, técnicos de la Demarcación de Costas de Canarias y del ingeniero López San Vicente. Además de las declaraciones en calidad de perito de la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Josefa Solernou, la directora de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, y el actual jefe de Costas, Rafael López.